Jueves, 19 de enero de 2017

| 2008/04/28 00:00

El pico y placa no anda en Caracas

Un programa estelar en la rehabilitación urbana de Bogotá corrió con poca suerte en la capital venezolana. Una andanada de acciones judiciales y los prejuicios de la polarización política le trancaron el paso. Ewald Scharfenberg, especial desde Caracas para Semana.com

FOTO: AFP

Tenido por el primer escritor criollo de Venezuela aunque bogotano por nacimiento, José Oviedo y Baños (1671-1738) se refirió al asiento de la ciudad de Caracas como un valle “de eterna primavera”, imagen recurrente de la propaganda colonial a todo lo largo de la América hispana.

Tres siglos después, el estrecho valle del río Guaire y sus ramificaciones alojan algo más de cuatro millones de habitantes, cerca de 5.000 personas por kilómetro cuadrado, la densidad poblacional más alta entre las capitales sudamericanas. La primavera ya no es ni eterna ni provisional, y la culpa parece tenerla menos el cambio climático global que el nuevo señor de la comarca: el automóvil.

Con el sostenido boom petrolero de la última década, se calcula que cada año se incorporan 120.000 vehículos nuevos a las calles de la capital venezolana. A pesar del alivio que significó para el transporte de superficie la puesta en servicio del Metro de Caracas en 1983 –hoy sus líneas se extienden 45 kilómetros-, el hecho de que durante los últimos 33 años no se haya acometido ninguna obra vial de importancia en la ciudad colabora poco o nada en conseguir espacio para la circulación de los nuevos automóviles. Los trancones son la regla en la red de vías nominalmente “expresas”, donde la velocidad promedio en horas laborales apenas sobrepasa los 15 km/h.

En reciente entrevista visita a la ciudad, el periodista de The New Yorker, Jon Lee Anderson, la calificaba como “ciudad fatal”. Se abstuvo de prescribir fórmulas para enderezar las cosas, aunque apuntó que “para comenzar, tienen que hacer algo con los autos, esta ciudad está tomada por los autos, no es para los seres humanos, y eso es algo muy del siglo XX que se tiene que cambiar. Cuando el automóvil impone las condiciones, estás jodido”. Trotamundos por naturaleza, a Anderson sólo se le ocurre comparar Caracas con Lagos, Nigeria, “una ciudad que es la pesadilla del mundo”, en sus propias palabras.

Para enfrentar la emergencia, dos alcaldes de cantones de clase media apostaron en 2007 por un alivio importado de Colombia: el plan Pico-y-placa, con el que se desincorporaría una quinta parte del total de vehículos que normalmente salen a las calles en el rush hour capitalino. Pero, como ocurre en estos tiempos con otras importaciones colombianas –por cierto, vehículos ensamblados y autopartes entre ellas-, el pico-y-placa sucumbió en la picota de la polarización política venezolana.

Destierro definitivo

El pasado viernes, 18 de abril, una decisión judicial terminó por desterrar el Pico-y-placa de Caracas: el Juzgado Superior Noveno de lo Contencioso Administrativo ratificó la suspensión en el municipio Chacao.

Chacao fue el segundo municipio que puso en vigencia la medida, de las cinco alcaldías que componen el área metropolitana de Caracas: además de Chacao, las de Libertador, Sucre, El Hatillo y Baruta. Ésta última, Baruta –un sector de clases media y alta que trepa por las colinas del sureste de la capital-, fue, en manos de su titular, el alcalde Henrique Capriles Radonsky, la primera en adoptarla.

Luego de dos semanas de experiencia piloto y de consultas con la Dirección de Movilidad de la Alcaldía de Bogotá para la implementación del programa, finalmente se empezó a aplicar el 21 de mayo de 2007 en las vías troncales del municipio Baruta.

Apenas iniciada la puesta en práctica del plan, el Alcalde Metropolitano de Caracas, Juan Barreto, ofreció “colaborar con ellos”, refiriéndose a los responsables del Pico-y-placa en Baruta. “No se lo vamos a boicotear”, garantizó, aunque advertía que la medida se debería coordinar con el Ministerio del Poder Popular para la Infraestructura (Minfra), con lo que “se aplicaría la regulación de manera orgánica sin el inconveniente de que cada municipio tenga la potestad de hacer lo que quiera”.

Barreto, ex directivo del oficialista –y ya desapàrecido- Movimiento Quinta República, estuvo a cargo de la campaña electoral del presidente Hugo Chávez en 1998, y lleva fama de ser uno de los mentores intelectuales del comandante. Por su parte, Capriles Radonsky es uno de los líderes de Primero Justicia, un partido de centroderecha con amplia inserción en sectores de clase media.

El para entonces viceministro de Infraestructura, Álvaro Carrasco, notaba que “el Pico-y-placa debió aplicarse con previas conversaciones y acuerdos entre los alcaldes de todos los municipios sin pensar en votos”, por lo que exhortaba a la Procuraduría a determinar si el programa violaba la ley y “aplicar los correctivos pertinentes o los recursos legales respectivos”.

En octubre, el Alcalde de Chacao, Leopoldo López –también opositor, y recientemente inhabilitado por la Contraloría General de la República para presentarse como candidato a la Alcaldía de Caracas en las elecciones del próximo noviembre- se sumó al programa. Por esos días el Cabildo Metropolitano, cámara edilicio controlada por el oficialismo, aprobó un acuerdo en rechazo del Pico-y-placa que, a su decir, “genera graves molestias y fuertes restricciones en la vida de todos los caraqueños”.

Pero ya para ese momento, un ciudadano individual, el abogado Juan Garantón, había iniciado –a falta de acción del Estado- una cruzada por los tribunales que, según sea la perspectiva desde que se la revise, puede tomarse o por una campaña en pro de los derechos civiles o una jugada por mampuesto para perjudicar a la oposición.

Rencor viejo

En realidad no hay un solo Juan Garantón. Son dos, padre e hijo: el primero, Juan Garantón Nicolai, un abogado de gran exposición mediática por los sonados casos en los que ha sido parte, y Juan Garantón Hernández, colega que le toma el relevo.

Desde la implantación del programa en mayo, los Garantón intentaron recursos de amparo para que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) suspendiera el pico-y-placa, considerando que se violaban derechos fundamentales como los de libre tránsito y propiedad. Si bien el alto tribunal no dio lugar al amparo, aceptó en cambio tratar el fondo de la materia mediante un recurso de nulidad.

Entre tanto, Garantón Hernández consiguió que, entre febrero y marzo pasados, dos tribunales del ámbito de lo Contencioso Administrativo anularan los decretos respectivos de Baruta y Chacao, cuyos alcaldes replicaron, sin éxito. Esas sentencias concedieron la razón a los demandantes, y ordenaron restituir el dinero a aquellos ciudadanos que a la fecha hubiesen sido multados en virtud de la medida.

Los Garantón habían protagonizado antes, cuando menos, dos iniciativas de llamativo sesgo antiopositor: el primero, en 2002, cuando el padre solicitó un recurso contra el Alcalde López de Chacao, a quien señalaba de haber convertido a la Plaza Altamira de Caracas, a la sazón ocupada por un grupo de oficiales disidentes de la Fuerza Armada, en un “centro de agitación política” contrario “al cometido para el que fue creada”; luego, en 2006,el junior de la dupla de abogados introdujo, con éxito, un recurso contra el canal privado RCTV –despojado, a la postre, de su concesión de señal abierta- mediante el cual consiguió protección contra los comerciales de líneas calientes que la estación transmitía en horas de la madrugada pues, a juicio del demandante, evidenciaban “una promoción ilegítima e inmoral a la prostitución”.

Garantón Nicolai también representó a Alí Rodríguez Araque –ex presidente de la estatal petrolera Pdvsa, y actual embajador del gobierno de Chávez en La Habana- en la querella por difamación contra la periodista Ibéyise Pacheco, cara visible de la oposición mediática en 2003. Columnista por ese entonces del diario El Nacional de Caracas, Pacheco se hizo eco de las versiones erradas según las cuales un hijo de Rodríguez Araque estaba haciendo negocios privilegiados con la petrolera estatal, sin considerar que ese hijo había fallecido en 1988.

Sin embargo, para quienes pudieran precipitarse a concluir que los Garantón hacen trabajos por encargo para el gobierno, convendría recordarles que tan temprano como en 1998, Garantón Nicolai denunció ante un tribunal al todavía candidato Hugo Chávez por un presunto instigamiento a delinquir. Mucho más tarde, en 2003, acompañaría a los ex oficiales de la Policía Metropolitana, Henry Vivas y Lázaro Forero –imputados ambos por su presunta implicación en los sangrientos acontecimientos que precedieron, el 11 de abril de 2002, la salida de Chávez del poder por apenas 47 horas-, a solicitar asilo en la Embajada de El Salvador en Caracas.

El mayor de los Garantón no ha tenido empacho en reconocer en declaraciones públicas que la saña con que atacó al programa Pico-y-placa tiene origen en un viejo caso en el que la Alcaldía de Baruta derribó las viviendas de unos clientes suyos en la urbanización Vizcaya, una zona suburbana de la ciudad muy demandada ahora para la construcción de multifamiliares. A pesar de obtener del TSJ una orden para reparar esa acción, hasta hoy la Alcaldía de Baruta se habría negado a acatarla.

La inquina, del tipo que fuera, dio lugar a resoluciones judiciales que los medios oficialistas cubrieron con mal disimulado regocijo. El Alcalde Capriles se lamenta de que 30.000 vehículos que a diario había logrado desincorporar del tránsito en horas pico, volvieran al caos vial de su municipio. De acuerdo a un estudio de opinión contratado por la Alcaldía a la empresa Consultores 21, casi 90% de los entrevistados en Baruta apoyaban la continuidad del Pico-y-placa, aunque ese apoyo no haya podido traducirse en un cumplimiento voluntario del programa.

Por lo pronto, Capriles seguirá con un programa de ornato también de tecnología colombiana: como en Medellín, hace cubrir en navidad el cauce del río Guaire con mangueras luminiscentes que forman motivos de la festividad.

Otros dos proyectos calcados de experiencias colombianas y, estos sí, con impacto previsto en la circulación de vehículos en la ciudad capital, el Metrocable (que se construye en la parroquia La Vega según el modelo del barrio paisa de Santo Domingo) y el Buscaracas (una réplica del Transmilenio), están en marcha. Habrá que ver qué suerte corren. Eso sí, ambos serán obras del gobierno.


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