El presidente Álvaro Uribe reitera que el proceso continúa con los paras que no violen la ley

Las partes en el proceso de paz tiene dos visiones diametralmente opuestas de la situación que se vive hoy en Colombia. De un lado, los jefes desmovilizados y que se encuentran en la cárcel de Itagüí para quienes la situación es “tremendamente crítica”, “el proceso está roto” y “no hay nada qué hacer” y, del otro lado, la lectura que hace el gobierno para quien el proceso “continúa”, el problema se reduce a unos cuantos sujetos que siguen violando la ley y a quienes sencillamente se les debe tratar como “criminales”.

Ernesto Báez, uno de los máximos comandantes de las desmovilizadas AUC, recluidos en Itagüí, reiteró hoy desde su celda que el proceso se rompió y contó que a ellos se les había engañado.

Por su parte, el Jefe del Estado en una ceremonia en la Escuela de Policía General Santander, en Bogotá, reiteró que el proceso continúa pero que lo que no va a permitir es que aquellos que sigan violando la ley no les pase nada. Por el contrario, serán castigados y perderán los beneficios de acogerse a la Ley de Justicia y Paz. Es más, para el presidente Uribe aquellos que tengan solicitud de extradición, serán enviados a Estados Unidos.

El Presidente agregó que protegerá a aquellos desmovilizados y a sus familias que tengan amenazas. Además, fue más allá y ante las versiones de que en la muerte de Danielito –un ex jefe para, mano derecha de ‘Don Berna’ y quien se encuentra desaparecido– participaron miembros de la Fuerza Pública él mismo pidió una investigación y si es cierto se castigue a los responsables.

Báez reiteró su anunció de anoche en el sentido de que daba por terminado los diálogos de paz que desde hace tres años adelantaban con el gobierno. Sin embargo, el Comisionado de Paz hoy intentó apagar el incendio y aseguró que el proceso continúa con la fase judicial que lleva la Fiscalía a través de las diligencias de versión libre que en los próximos días recibirá de los desmovilizados. En teoría, el primero será Salvatore Mancuso, hoy recluido en la cárcel de Itagüí con otros 59 ex paras.

Anoche, Báez dijo que “después de hacer una revisión minuciosa y clara y muy consistente de lo que ha sido este largo y accidentado proceso de paz, le notificamos directamente al señor Comisionado de Paz que este proceso se termina”.

Por su parte, el Comisionado dijo hoy queéste sólo era un mal rato del proceso como resultado lógico de una decisión gubernamental que no se consultó con ellos: el traslado desde el centro de reclusión de La Ceja (donde gozaban de todas las comodidades) a la cárcel de alta seguridad de Itagüí. “Este es el momento de la verdad y los jefes desmovilizados, libremente, pueden acudir a ella a través del sometimiento a la Ley de Justicia y Paz”, dijo Restrepo.

Los comandantes desmovilizados recluidos en la cárcel aceptaron que el punto de quiebre de esta crítica situación comenzó con el intempestivo traslado a esta prisión de máxima seguridad ordenada por el presidente Álvaro Uribe. El Jefe del Estado respondió anoche con una decisión contundente: la derogación del decreto 2898 que reglamentaba la Ley de Justicia y Paz.

Desde un evento en la Cámara de Comercio, les advirtió a todos los jefes desmovilizados que se encuentran en Itagüí que, si rompían con el proceso, perdían los beneficios de la Ley de Justicia y Paz para luego extraditarlos.
 
Ahora sin la vigencia del decreto reglamentario, la Fiscalía podrá recibir de inmediato la versión libre de los ex paramilitares sin necesidad de que ratifiquen su condición de desmovilizados. “La Fiscalía ha enviado algunas citaciones para que ellos rindan su versión libre. Si no hay ratificación es mucho mejor, porque ya tienen que tomar la decisión de someterse o no a la Ley de Justicia y Paz”, aseguró el fiscal general Mario Iguarán.

No se trata sólo de un cambio formal debido a que de la noche a la mañana perdieron todas las comodidades del antiguo centro de recreación Prosocial de La Ceja y de que ahora se encuentren en incómodas celdas –hay cuatro presos por cada espacio–, sino que para ellos hay un giro de fondo: sienten que ahora sus interlocutores van a ser exclusivamente jueces y fiscales, lo que les marca un énfasis criminal en detrimento del estatus político que tenían cuando había línea directa con el Ministro de Justicia o con el Alto Comisionado de Paz.

El enredo

Precisamente desde el viernes pasado cuando fueron recluidos en Itagüí, lo primero que exigieron fue la presencia del ministro Carlos Holguín y del comisionado Luis Carlos Restrepo. Para lograrlo, tensaron una cuerda que empezó con el rechazo a ingerir los alimentos que les daban en el penal a través de sus abogados y ya, al final, la amenaza de romper el proceso.

El gobierno, al principio, se mostró inflexible y tomó el toro por los cuernos. Anunció el envío de un funcionario de menor rango –un viceministro– y dilató la presencia del Comisionado, quien en los últimos días se mostró bastante preocupado porque, según él,

Sin embargo, este miércoles Restrepo recibió la orden del presidente Uribe de trasladarse a Itagüí a conversar, en donde, según trascendió, no fue bien recibido.

El encuentro se prolongó durante unas tres horas, tiempo suficiente para que los ‘paras’ le dijeran al Comisionado que el traslado allí era una clara violación a los acuerdos pactados y además argumentaron que su presencia en La Ceja –como lo había dicho el mismo Restrepo– era voluntaria. Incluso a varios de ellos no se les ha probado judicialmente nada en contra por lo que se les debió abrir la puerta para que se marcharan como si nada. Aprovecharon para decirle entonces que se sentían engañados por el Presidente de la República.
El gobierno, por su parte, insiste en que el traslado allí fue una medida de protección porque tenía que blindar el proceso ante una posible fuga de alguno de ellos. Salvatore Mancuso –quien es una de las personas a las que se ha mencionado como uno de los que se quiere fugar– negó eso y puso como muestra la declaración del fiscal general, Mario Iguarán, en el sentido de que hasta ahora no se había establecido ningún intento de parte de los comandantes desmovilizados para dejar La Ceja.

Los ‘paras’ temen que con su situación, el gobierno haya tendido una cortina de humo para poder tapar el escándalo de la parapolítica que tiene a varios congresistas frente a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. “Me sorprende que una semana después de que nosotros dijimos que se debería crear una comisión de la verdad en la que nosotros íbamos a contar toda nuestra parte, se haya producido esta situación”, señaló el paramilitar Ernesto Báez.

Sergio Caramagna, delegado de la OEA para el proceso con las AUC, no dudó en que esta “es una de las crisis más difíciles que atraviesa el proceso, pero lo más importante es no retroceder en el camino que se ha avanzado en el tema de la Ley de Justicia y Paz”.

Por su parte, el delegado de la OEA en el proceso con las AUC, el argentino Sergio Caramagna, indicó que el proceso atraviesa por un momento muy difícil y preocupante, y resaltó la importancia de no retroceder en el camino avanzado en el tema de la Ley de Justicia y Paz.

En la reunión también estuvo el obispo de Montería, monseñor Jorge Luis Vidal, quien no difiere de Caramagna y confirmó que la reunión en la cárcel fue bastante franca, aunque muy difícil. “Ellos están heridos y se sienten traicionados por el gobierno”, puntualizó