Miércoles, 7 de diciembre de 2016

| 2007/10/17 00:00

“El pueblo pide que la mina no se cierre”, Zacarías Agrono

Los familiares de los mazamorreros que murieron en una mina de Suárez, Cauca, Se hacen la pregunta ¿qué va a pasar con su fuente de ingresos?

Después de la tragedia, que dejó 21 muertos y 26 personas heridas, los lugareños se preguntan qué van a hacer si cierran la mina.

 No era la primera tragedia para Zacarías Agrono. Hacía 5 años también había sido testigo de cómo un alud de tierra había sepultado a dos de sus compañeros de “mazamorreo”, como se llama una de las técnicas de extracción de oro. Pero a él no le da miedo ir a la mina. “Ese es un destino para el que uno nace, y a uno le gusta porque así se consigue lo del arroz”, dice.

En Colombia, según datos del Ministerio de Minas el 42% de la explotación minera se hace artesanal e ilegalmente, como la aprendió Zacarías “desde que era un muchacho”, y como le enseñó al resto de su familia. Él está dispuesto a seguir trabajando en lo único que sabe y que le gusta hacer. Sus hijos le agradecen que les hubiera avisado y dicen adeudarle la vida. En este monmento están a la espera de que se reanude el trabajo para el cual cree haber nacido. A pesar de que vio morir a varios amigos y familiares, a quienes también ayudó a desenterrar dice: “El pueblo pide que la mina no se cierre, porque entonces de qué va a vivir”, y ya hay rumores de que los lugareños van a volver a las minas de la rivera del río Cauca, a pesar de los anuncios de su cierre.

Zacarías tiene 60 años, de los cuales lleva treinta trabajando en las minas . El día de la tragedia, 5 de sus hijos estaban excavando con entusiasmo, porque la mina de la localidad del Peñón, municipio de Suárez, Cauca llevaba casi un mes parada. La aparición de un “amigo” con una retroexcavadora facilitaría el trabajo de remoción de piedras y barro para unos cinco o seis años.

El sábado en la mañana, acudieron confiados a la cita para extraer unos gramos de oro que luego venderían. Si contaban con suerte podrían recoger más de 200 mil pesos, “como mínimo 50 mil cada uno. Eso sí, si uno trabaja, siempre saca algo”, como dice Zacarías. Cerca de 500 personas iban a la mina a trabajar desde muy temprano. Todos eran conocidos entre sí, pues la mayoría de los habitantes de la región se dedica a la extracción del metal. En el pueblo, los compradores estarían dispuestos a pagar por el gramo 28 o más de 30 mil pesos, según las determinaciones de la oferta y la demanda.

Zacarías, quien ayudaba a facilitar las tareas, guiaba y estaba encargado de avisar cuando hubiera amenaza de derrumbe, advirtió que una grieta se abría. Y empezó a llamar a los mazamorreros para que evacuaran. Las lluvias intensas de los últimos días eran una causa de preocupación para todos. Sin embargo, pocos hicieron caso del llamado y 21 personas murieron sepultadas, de las cuáles 16 eran mujeres, otras 24 resultaron heridas. Emerson Hernández y Alejandrina, familiares de Zacarías fenecieron dentro de la mina.

Hoy es incierto el destino de quienes viven de la minería en ese sector. Por un lado está la ilegalidad. Por el otro la necesidad de las familias que tradicionalmente aprenden el oficio con el método artesanal y no saben hacer otra cosa. La tragedia encendió las alarmas sobre la situación. Los familiares de los fallecidos responsabilizan al gobierno, este a su vez recalca que la explotación de esta mina era ilegal. El Ministro de Minas, Hernán Martínez, responsabilizó al alcalde de Suárez, Javier Ambuila y al dueño de la mina, por no tomar las medidas necesarias para desalojar. El Alcalde responde que él ordenó la evacuación, pero que estas familias no tienen otra forma de subsistir. Y en este río revuelto no se va a encontrar un responsable.

“Por conseguir un granito de oro se quedaron allá”, dice Haider Ambuila, un yerno de Zacarías quien alcanzó a salir de la mina, sobre sus familiares y amigos que el sábado 13 de octubre vio por última vez con vida. “Pero es que aquí no se sabe hacer otra cosa”, agrega. A la pregunta por qué piensa del cierre del yacimiento, Ambuila responde: “queda uno desamparado y tiene que irse para otro lado”.
 
Por otro lado Martínez reconoce que ha habido debilidad para cerrar las minas ilegales, por partre del Ministerio. Pero los habitantes de la región piden al gobierno alternativas de subsistencia que respondan a sus necesidades, de lo contrario, tendrán que volver a "rebuscar" en la única fuente de ingresos que conocen.


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