El reino de los desmovilizados

Valencia es un polvoriento pueblo cordobés al que se llega desde Montería por las sabanas del Sinú, luego de dos horas de viaje por carretera y tras atravesar el río en planchón. Sus construcciones, la mayoría de un solo piso y tejas de aluminio, se esparcen por siete cuadras a la redonda para albergar a 15 mil personas en el casco urbano. Las otras 15 mil están en las veredas y también sobreviven de la ganadería, agricultura y el comercio a pequeña escala.

A primera vista parece un pueblo alegre. El bullicio es notorio en las esquinas, cantinas, estaderos y las pocas tiendas de los “turcos”, como se les dice en la zona a los hijos de inmigrantes libaneses llegados hace 50 años a la región. Pero como dice el vallenato “no todo es alegría y las penas se llevan por dentro”.

Los valencianos cargan con el lastre de ser cuna del paramilitarismo en Colombia y aunque las autodefensas adelantan un proceso de paz con el gobierno, la percepción sobre el mismo es más bien de escepticismo en la región. En el pueblo hay más de 600 desmovilizados, en su mayoría de los bloques comandados por alias ‘Don Berna’ y Salvatore Mancuso, cuyo dominio sobre la zona nadie pone en duda.

“Ellos se desmovilizaron, pero siguen siendo los dueños de la tierra”, comentó a Semana.com un labriego que tras 15 años de servicio quedó desempleado cuando los paras le robaron la finca a sus patrones. “Primero mataron al administrador y luego al dueño. Ahí fue cuando salimos corriendo pa’l pueblo a buscarnos la vida en otra cosa”, agregó.

El mismo testimonio fue ratificado por un desmovilizado que caminaba por la plaza central del pueblo con la misión de indagar la identidad de cuanta persona llega a Valencia. “Claro, periodista, pero eso pasó hace rato. Ahora todo es paz y tranquilidad”. Sus palabras forzadas delataban cierta incredulidad en lo que decía, pero tuvo que pasar media hora de conversación para que lo reconociera: “Eso no va bien. El gobierno nos ha incumplido lo que prometió y algunos desmovilizados creen que toca echar otra vez pa’l monte a ver si se vuelven serios”.

Lo dijo como en secreto, pero los rumores sobre una revuelta de los reinsertados llegaron hace rato a la alcaldía, cuyos funcionarios ya fueron alertados sobre un paro que los desmovilizados tienen previsto para dentro de dos semanas con el apoyo de varios de sus antiguos ex jefes.

El retoño paramilitar

En la región hay muchas dudas sobre los verdaderos beneficios del proceso de paz, pues ya comienzan a surgir bandas armadas que intimidan a la población de la misma manera que los paramilitares y, casualmente, integradas por ex paramilitares.

Con este panorama, son tres las grandes dudas de los habitantes: algunos de los labriegos creen que con la desmovilización de las autodefensas la guerrilla se tomará la región y desatará un baño de sangre. Otros sostienen que ante la incapacidad del Estado para copar esas regiones, las autodefensas no se desmovilizaron en su totalidad y que siguen presionando a las autoridades municipales y a los campesinos. Y un tercer grupo de habitantes dice no dudar de las desmovilizaciones, pero cree que el problema está en que la comunidad no aceptará a los reinsertados y que estos tienen graves problemas de readaptación social.

Respecto al primer temor se sabe que las Farc merodean desde hace varios meses la Serranía de Abibe, al sur del municipio, zona a la cual el presidente Álvaro Uribe viajó el 29 de agosto pasado para garantizar la custodia con soldados campesinos desde el sitio conocido como Guadual Central hasta la frontera con Antioquia.

Las insistentes versiones sobre que la desmovilización sólo ha sido parcial en la región -segundo temor de los habitantes-, también tienen asidero en el contexto del informe divulgado esta semana por la misión de la OEA para el proceso de paz. Este señala que 80 hombres del bloque ‘Héroes de Tolová’, desmovilizado el 15 de junio de 2005, manejan el negocio de los cultivos ilícitos y el comercio de la base de coca desde el vecino municipio de Tierralta, por orden de alias Don Berna.

Entre tanto, la alcaldía de Valencia trabaja para resolver el tercer temor: la readaptación de los desmovilizados. Según el secretario de gobierno municipal, William Vergara, la incidencia de este factor es comprobable con sólo echar un vistazo a las cifras de delincuencia. “Antes sólo teníamos contravenciones y la criminalidad denunciada era muy baja. Ahora ya nos están reportando atracos y hurtos en las casas que, según personas del pueblo, fueron cometidos por los desmovilizados”.

Aunque los homicidios han bajado en la zona desde la desmovilización -los registros de Medicina Legal en el municipio hablan de seis muertos durante 2005 -uno de ellos ocurrido por un accidente de tránsito- dichas cifras no convencen a los lugareños, quienes tampoco se atreven a dar nombres ni datos específicos. Se limitan a decir que por la vía que de El Tigre conduce a los corregimientos de Palma de Vino y Villanueva hay muertos que no aparecen en las estadísticas oficiales.

Dicha zona es controlada por Don Berna, quien posee en Villanueva una lujosa residencia en madera con gigantes palmas y lagos ornando la entrada y custodiada por hombres del desaparecido bloque Héroes de Tolová. Llegar al lugar es una odisea durante la cual los mitos sobre la benevolencia del señor de la guerra se repiten en cada esquina. En el puente que ordenó construir, en los mercados que dona para la región…

Camino a Ralito

Al oriente de Valencia queda Tierralta, el municipio más grande de Córdoba y en el cual está ubicada la zona de distensión de Santa Fe de Ralito. Hay que recorrer más de una hora de camino desde el casco urbano para llegar al famoso caserío de las negociaciones de paz, que también es controlado por los paramilitares. Si en Valencia manda Don Berna, en Tierralta se hace lo que diga Mancuso. Así lo confirmó el senador liberal Juan Manuel López Cabrales, quien no deja pasar discurso público para arengar contra los paras, especialmente contra “el Mono” Mancuso.

Al norte del municipio, a 45 minutos de la zona de distensión de Ralito, está la calle en la que el diputado liberal Orlando Benítez fue asesinado hace unos meses supuestamente por orden directa de Don Berna, el capo de la droga que luego se volvió paramilitar y que se desmovilizó con los “Héroes de Tolová”, hoy preso por el crimen del político. Cerca de allí, en El Caramelo, queda la finca de la representante Eleonora Pineda, defensora a ultranza del proceso con los paramilitares, quien tiene un hermano desmovilizado de las autodefensas, y fue expulsada de la lista uribista de Colombia Democrática.

Al sur, la represa de Urrá, escenario de centenares de desplazamientos de las comunidades indígenas emberás y centro de operaciones de los paras en el negocio de la coca. En este sentido las versiones recogidas por Semana.com entre los lugareños de este corregimiento –famoso porque está la hidroeléctrica de Urrá- también coinciden con el informe de la OEA pues señalan que fueron empadronados hace tres meses por paramilitares de la región que no usan camuflado, entre los cuales había varios que no se desmovilizaron.

Para el obispo de Montería, monseñor Julio César Vidal, no hay duda de que algunos paramilitares desmovilizados volvieron a las armas. En declaraciones al periódico local El Meridiano, Vidal atribuyó la responsabilidad de estas reincidencias a la “falta de políticas claras en la política de reinserción” del gobierno, especialmente en las áreas de desarrollo y atención sicológica.

Otro ejemplo de estas reincidencias lo constituye el operativo desarrollado esta semana al sur de Tierralta y Montelíbano por tropas de la Brigada 11, en el cual murieron en combate tres reinsertados de los bloques Sinú y San Jorge, quienes protegían un cristalizadero de coca en el corregimiento de El Tambo.

Pese a que la iglesia, la OEA y los campesinos de la zona consideran que el problema del paramilitarismo no ha sido resuelto con las desmovilizaciones, Jhonny Corcho, coordinador del centro de ayuda del Ministerio del Interior para los desmovilizados de Valencia y Tierralta, le dijo a Semana.com que el 90% de los 1.700 ex combatientes de los dos municipios han recibido la ayuda prometida. “Lo que pasa es que a la mayoría de ellos les da pereza la asistencia sicológica y no creen en los talleres. Ellos lo que quieren es que les garanticen su ingreso estable”.

Lo mismo piensa José Hernández, quien a sus 51 años y tras cumplir cuatro en el Bloque Córdoba, decidió desmovilizarse y vive ahora en Tierralta. Según él, más que talleres sobre buena conducta, lo que necesitan los desmovilizados son oportunidades de trabajo y vivienda, para evitar la tentación de regresar a la vida armada.

Un año y unos diez mil millones des pesos (contando el salario mínimo que le han pagado a los 1.700 reinsertados de la zona durante un año) después de la desmovilización, la población no siente que el poder esté aún en manos del Estado. Lo dicen en privado y lo susurran en público cuando un reportero les interroga sobre quién manda ahora en Córdoba: “Son los mismos, periodista, son los mismos”.