El rey de burlas del Congreso

La crisis de la democracia colombiana tiene una protagonista clave, que sin embargo aún no entra a la escena central de la discusión pública. Es esa desconocida caja negra llamada Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes. Allí se está dirimiendo, de manera indirecta, el futuro de la parapolitica y ahora también el de la Yidispolítica: la presunta compra de votos de congresistas por parte del gobierno para que aprobaran la reelección presidencial.

Es esta Comisión la que tiene el poder de investigar al Presidente de la República, al Fiscal General, a los magistrados de la Corte Suprema y del Consejo de Estado y a los miembros del Consejo Superior de la Judicatura. Todas las denuncias que surjan contra ellos van a dar a la Comisión. Y cuando son los magistrados de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia los que tienen abiertas investigaciones contra 67 congresistas por presuntos vínculos con el paramilitarismo; y, es el Jefe de Estado, el beneficiario de la aprobación de la reelección presidencial supuestamente obtenida con votos comprados, según lo ha confesado la ex parlamentaria Yidis Medina, es muy probable que lluevan denuncias contra ellos ante la Comisión.

Para empezar, la comisión tiene ya la delicada tarea de investigar al magistrado y ex presidente de la Corte, César Julio Valencia Copete, luego de que el presidente Álvaro Uribe lo denunciara ante la célula legislativa por presunta injuria. El caso lo lleva el representante del Partido Conservador, Carlos Ramiro Chávarro, quien además es el vicepresidente de la Mesa Directiva de la Comisión. Él, pese a que no tiene experiencia como investigador judicial, deberá resolver si Valencia mintió cuando en una entrevista a El Espectador dijo que el Presidente lo había llamado a preguntarle por el caso de su primo Mario Uribe (hoy ya tras las rejas, investigado por parapolítica), o si es el primer mandatario quien falta a la verdad.

Otra de las denuncias que ponen en primer plano a esta Comisión es la que instauró recientemente el congresista Luis Carlos Avellaneda, del partido opositor, Polo Democrático, contra el presidente Uribe por el presunto delito de cohecho, en el caso de la Yidispolítica. La Corte compulsó copias del caso a la Comisión y la Fiscalía para que investiguen a los funcionarios que estarían implicados.

Estos son sólo dos de los 832 expedientes que la Comisión de Acusaciones tiene pendientes por analizar.

Como lo señaló el representante a la Cámara, el liberal Germán Olano: “Si esta Comisión no es eficiente se abona el terreno para acolitar la impunidad de los altos funcionarios del Estado”.

Debido a que su tarea es de hilado tan fino, y en ella se mezclan intereses políticos con razones jurídicas, surgen las preguntas: ¿es lo suficientemente autónoma para investigar con imparcialidad?, ¿son sus procesos lo suficientemente claros como para abordar tan grande responsabilidad?
 
Procedimientos laxos

La Comisión no juzga ni castiga, pero sí toma la decisión de precluir o de acusar. Y si acusa, el caso pasa a la Comisión de Instrucción del Senado, pero, en este momento no se sabe quiénes la conforman, pues nunca ha sesionado y ningún caso ha pasado a esta instancia. Finalmente en la plenaria de Senado se determina si un funcionario pierde la investidura o se suspende. Si la acusación es por un delito penal, luego pasa a la Corte.

La Mesa Directiva, es la encargada de recibir las denuncias y adjudicar a cada congresista los expedientes que debe analizar. También determina el orden del día. En teoría, asigna los casos en orden alfabético a cada representante investigador en el orden en el que llegaron a la Comisión. Pero en la práctica, asigna expedientes, según un criterio más bien arbitrario. Está compuesta por dos representantes investigadores y un secretario, que no es congresista, sino que ha sido elegido por la Cámara para este cargo, que por lo menos en el papel, es eminentemente técnico.
 
Como no hay reglamentaciones expresas, el margen de maniobra política de la Comisión es amplio, según dijeron a SEMANA varios congresistas.

Por ejemplo, no hay forma de explicar por qué algunos representantes tienen cada uno más de 80 expedientes, otros 50 y otros 40. “Algunos parlamentarios, casualmente tienen los procesos importantes y al resto los que quedan”, dijo el representante investigador René Garzón, del Polo.

Actualmente están en curso tres proyectos de ley que buscan regular el funcionamiento de la comisión: dos de tipo administrativo y uno que pretende fijar las reglas en los procedimientos, pues no hay claridad si la Comisión debe investigar responsabilidades de tipo penal, político o disciplinario, ante cuál organismo se hacen las apelaciones y cómo se reparten las investigaciones, entre otros temas. Pero hasta ahora ninguna iniciativa de reforma ha cuajado.

Imparcialidad en duda

La Mesa Directiva de la Comisión actual es uribista en su totalidad, y no habiendo normas expresas que rijan su actuación, el oficialismo tiene un gran poder sobre a quién se le asignan los casos, qué prioridad le dan y demás. La preside la representante Amanda Ricardo de Páez, de Cundinamarca, del Partido de la U. El vicepresidente es el ya mencionado representante Chávarro, conservador, partido que como la U, hace parte de la alianza que apoya al gobierno. Y el secretario es Reinaldo Duque, un caqueteño, quien según varios dirigentes de su región ha sido, por muchos años, cercano al político coterráneo suyo, Luis Fernando Almario. En su edición de marzo de 2007, la revista Cambio llamó a Duque: ‘alfil’ de Almario. Este último es uribista y luego de que renunció a su investidura, está investigado por la Fiscalía por parapolítica y, paradójicamente, también por presunto homicidio en complicidad con las Farc.

Entrevistado por SEMANA, Duque aceptó conocer al ex parlamentario Almario pero dijo que no tenía vínculos políticos con él. Y a pesar de que un testigo le dijo a SEMANA que lo había visto visitando a Almario en la cárcel de La Picota, el 28 de abril pasado en la mañana, horas antes de que el presidente Álvaro Uribe fuera a rendir su declaración ante la Comisión por el caso contra Valencia, Duque lo negó. Sería grave que se probara esa cercanía de Duque con Almario, pues el primero no podría ser directivo de una Comisión cuya función es investigar a los magistrados o al Fiscal que llevan tan delicado expediente contra quién sería su padrino político.

El secretario de la Comisión no sería el único que podría ser cuestionado. El representante Luis Carlos Restrepo del Partido de la U está siendo investigado por la Corte por presuntos nexos con el narcotráfico. Y Jorge Enrique Gómez de Convergencia Ciudadana, entró en reemplazo de José Manuel Herrera, quien renunció a su curul cuando la Corte le abrió investigación previa por parapolítica y ahora está bajo la lupa de la Fiscalía. ¿Cómo podrían ellos investigar con imparcialidad a quienes los están investigando?

Dicho de otro modo, esta comisión no escapó de la crisis que vive el Congreso, por el contrario, es un reflejo de la flaca legitimidad del legislativo.

De manera más general, de los 15 representantes a la Cámara que la constituyen, 11 hacen parte de la coalición uribista y sólo cuatro de la oposición.

Resulta cuestionable que la Mesa Directiva asigne una investigación contra o a favor del Presidente a uno de los congresistas amigos del gobierno y que en la eventual votación de una resolución de acusación –que no ha ocurrido porque los procesos no han avanzado tanto- contra alguien que no es favorito del gobierno, la mayoría sea la que decida.

En la investigación del caso de la posible injuria del magistrado Valencia contra el presidente Uribe, la actuación de la Comisión ya ha despertado suspicacias. Por ejemplo, la Mesa Directiva citó al magistrado para que rindiera su versión libre, sin antes haberle entregado aún la transcripción de la denuncia que hizo el Presidente ante la misma Comisión. ¿Cómo podría Valencia defenderse sin conocer el detalle de la acusación que oficialmente le hizo el Presidente?
 
Finalmente el magistrado no pudo asistir a la diligencia judicial pues ya tenía Sala Plena programada para el día en que fue citado, pero hasta el cierre de esta nota el viernes pasado, la Comisión aún no había producido la transcripción de la versión del Presidente. El secretario Duque explicó que esta se entregaría la semana entrante.
Según los reglamentos éticos, cada representante debe despojarse de su investidura política y convertirse en un investigador, lo que en este período legislativo está por verse.

Poca eficacia

Los males de la Comisión de Acusaciones no son de ahora. Ninguna de las denuncias que se han hecho allí ha concluido en un fallo condenatorio. Las pocas que se han investigado de manera juiciosa han terminado en preclusión, absolución o con fallo inhibitorio. Por eso con una risa irónica algunos congresistas la llaman la "Comisión de Absoluciones".

El caso más sonado de los últimos años fue el fallo inhibitorio (que se archiva el caso por considerar que hay falta de pruebas) que dictó, cuando Heyne Mogollón presidía la Comisión, en la investigación contra el entonces presidente Ernesto Samper, durante el proceso 8 mil.
 
Incluso cuando el Presidente Uribe asistió a la diligencia de ampliación de la denuncia por calumnia contra Valencia, argumentó que su decisión de acudir personalmente era lo mejor para una Comisión tan vilipendiada ante la opinión pública.

Lo increíble es que han pasado 14 años desde el ocho mil, y no se haya hecho nada por fortalecer la independencia de la Comisión, ni hacer más diligente su capacidad investigativa, ni si quiera en reglamentar mejor sus procesos internos para hacerlos menos arbitrarios y más transparentes. Sus miembros podrían ser ángeles y aún así tendrían dificultades en hacerla funcionar eficientemente.

Anunciando un esfuerzo por fortalecer la capacidad investigativa de la Comisión de Acusaciones, en días pasados, los ministerios del Interior y de Hacienda se reunieron con algunos miembros de la Comisión para ofrecer un aporte de 500 millones de pesos. El repentino ofrecimiento del gobierno, cuando en seis años no había hecho nada, no puede verse sino con suspicacia, sobre todo cuando se hace justo en el momento en que la Comisión investiga al magistrado Valencia por acusación del propio Jefe de Estado, y cuando hay tanta tensión entre gobierno y justicia porque la mayoría de congresistas implicados en la parapolítica son uribistas.

Además, botarle dinero al problema no lo va a resolver. Varios de los miembros de la comisión argumentaron que no se trata sólo de dinero, pues aunque puedan contratar más asesores (sólo hay un abogado sustanciador de los casos por comisionado) y de mejor calidad, sus problemas son de tipo administrativo y procedimental.

Por todas estas razones, el grupo de representantes investigadores liberales está considerando dimitir su participación si las reformas para sanearla no prosperan, “porque es mejor no pertenecer a ella si sigue siendo el rey de burlas del Congreso”, dijo el representante investigador Jaime Durán. Pero a las críticas se han sumado otros congresistas, el Procurador, e incluso, funcionarios del gobierno. Todos consideran que, en su estado actual, la comisión no ofrece garantías para hacer justicia.