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| 6/18/2008 12:00:00 AM

El Senado aprueba Estatuto de Víctimas

Pese al desacuerdo del gobierno, fue aprobado por la mayoría el proyecto de ley que busca proteger y reparar a las víctimas del conflicto en Colombia.

El histórico proyecto de Ley que garantiza la protección y restitución de las víctimas del conflicto colombiano fue aprobado en la Plenaria del Senado, pese a la insistencia del Ministro del Interior Carlos Holguín de que era demasiado costoso e inviable para el Estado.
 
Los primeros 100 artículos del proyecto, que no presentaban mayores dicrepancias fueron aprobados. Los 23 restantes fueron discutidos entre el grupo de ponentes y el gobierno para poder zanjar las diferencias.
 
El proyecto deberá cursar otros dos debates: uno en la Comisión Primera de la Cámara y el otro en la Plenaria de la misma corporación, en el próximo período legislativo que empezará el próximo 20 de julio.  
 
El proyecto lleva por nombre, Ley 157 de 2007, y fue radicado por el senador liberal Juan Fernando Cristo. En los últimos días el gobierno dijo que no gustaba de la propuesta tal y como había salido de la Comisión Primera del Senado, pese a que todos los partidos, organizaciones sociales, representantes de las víctimas y hasta el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas aplaudieron la iniciativa.

“Es la primera vez que en Colombia se discute el problema de las víctimas de la guerra. Es la primera vez que legislamos para las víctimas y no para los victimarios. El objetivo es poder garantizar la reparación integral y el reconocimiento de más de 3 millones de compatriotas, a quienes la guerrilla, el Ejército y los paramilitares les han vulnerado sus derechos”, dijo Cristo a Semana.com.

El Ministro del Interior, Carlos Holguín, dejó ver su desacuerdo con la propuesta a comienzos de la semana cuando dijo:  “El gobierno no apoya la propuesta tal y como está, porque así es un barril sin fondo. Hay que hacerle algunos ajustes”.
 
Sin embargo, tras acordar que el dinero para la reparación saldría de las extinciones de dominio a los paramilitares y a quienes han vulnerado los derechos de las víctimas, incluidas las de quienes están extraditados, Holguín reconoció que el proyecto no afectará el fisco de la nación.
 
Además del problema fiscal, otra de las objeciones que enfrentó el proyecto fue el problema conceptual. "No es cierto que la única objeción sea fiscal, sino también de fondo sobre conceptos y principios que inspiran el proyecto", argumentó Holguín.
 
Se refería al hecho de que el proyecto mencionaba a las víctimas de agentes del Estado y el gobierno se ha negado ha reconocer su existencia. También porque decía que era para la reparación de las víctimas del conflicto armado, y el gobierno ha sostenido la tesis de que en Colombia tampoco hay tal.

Sin embargo, el reconocimiento de la responsabilidad del Estado, por no ser garante de la protección a los derechos de los ciudadanos es uno de los avances importantes de la iniciativa, según la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos y el Centro de Justicia Transicional, entidades que aplaudieron y participaron en la construcción del proyecto.
 
"También hemos hecho notar que el marco normativo no puede limitarse a beneficiar sólo a una categoría de víctimas pues ello no atiende plenamente los principios internacionales y, a la postre, perpetúa la victimización”, expuso la oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Colombia el jueves pasado durante una audiencia pública . La oficina hizo el pronunciamiento en aras de que se reconozca que agentes del Estado también han obrado contra la sociedad civil. 
 
Hasta ahora, el gobierno ha mostrado resistencia a incluir este concepto en las políticas a favor de las víctimas. Para la muestra: el decreto 1290 expedido el pasado 22 de abril para la reparación de este sector de la población por la vía administrativa, excluyó la categoría. La razón: aceptar que dentro del universo de víctimas existen las de agentes del Estado, es aceptar que algunos miembros de la Policía y del Ejército han vulnerado derechos de la población civil.

Para Iván Cepeda, representante del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice), “sería histórico que fuera aprobado un proyecto de Ley que menciona las víctimas de agentes estatales”. Cepeda dijo que en Colombia podrían ser más de 70 mil las víctimas de paramilitares que actuaron en connivencia con miembros del Ejército y la Policía. “Sin la inclusión de este punto y de la devolución de las tierras a quienes fueron despojados de ellas, el proyecto quedaría siendo una disposición formal sin ningún fondo”, agregó.
 
Dentro de las talanqueras que el gobierno puso al estatuto estaba el desacuerdo con su título. Finalmente se llegó a un acuerdo y dejó de ser una medida a favor de las víctimas del conflicto armado y pasó a ser a favor de las víctimas de la violencia.

Este martes el Alto Comisionado para los Refugiados (Acnur), reportó en un informe en la ciudad de Londres que Colombia es el país con el mayor número de desplazados en el mundo, con 3 millones de personas. La cifra tomada de la Corte Constitucional, ubica al país por encima de Irak y el Congo. En el transcurso de los últimos 3 años se han registrado en la Fiscalía 120 mil personas en el marco de la Ley de Justicia y Paz, que esperan lo que el Estado les prometió: acceder a la verdad, dónde están sus seres queridos, por qué fueron asesinados, en qué circunstancias, etc.; justicia y reparación integral.

El proyecto incluye una diferenciación de lo que es la reparación a las víctimas, la ayuda humanitaria y la asistencia en general. La reparación integral no solo es la devolución de los recursos a las víctimas, y la indemnización por la privación de ellos, sino que incluye el reconocimiento simbólico y colectivo de su condición. Por esta razón, el proyecto crea el día de solidaridad con las víctimas, el Museo de la Memoria, entre otras figuras.

“Esta es una parte sustancial para la reparación moral a las víctimas, para poder hablar de reparación integral y garantizar la no repetición de los hechos”, dijo Cristo.

La ayuda humanitaria la componen los auxilios básicos necesarios en materia de alimentación, aseo personal, atención médica y psicológica, y alojamiento entre otros. Y la asistencia son los programas de acompañamiento a las víctimas, mientras logran el restablecimiento de sus derechos y la incorporación a las nuevas condiciones de vida.

Por estas características del proyecto, Catalina Díaz, coordinadora del Área de Reparaciones del Centro Internacional para la Justicia Transicional (ICTJ), ve la propuesta como un paso hacia adelante en la restitución de las víctimas. Díaz subrayó que esta propuesta va más lejos de la simple solidaridad del Estado ya que reconoce su responsabilidad. “Hasta el momento, las políticas del Estado a favor de las víctimas eran un apoyo solidario con gente que sufre. Pero para que la distribución de justicia hacia una transición sea verdaderamente una reparación integral, tiene que existir la aceptación de responsabilidad del Estado. No de sus agentes, de manera individual y penal, sino por no haber garantizado el bienestar y los derechos fundamentales”, explicó Díaz.

El proyecto adiciona un Fondo para la Reparación. Buena parte de los recursos obtenidos de las extinciones de bienes incautados a narcotraficantes y a los grupos armados, sea para la reparación de las víctimas.

“Dicho proyecto es una necesidad urgente, no sólo de las víctimas y sus familiares, sino del país en general, y un reclamo de la comunidad internacional que ha venido apoyando los esfuerzos del Estado colombiano por avanzar en procesos que nos ayuden a allanar el camino a la paz con justicia social”, había dicho el Procurador Edgardo Maya, quien en una carta enviada a la Presidenta del Congreso este lunes, pidió que se aprobara el proyecto.




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