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| 1/30/2007 12:00:00 AM

Empieza a sonar la posibilidad de crear un impuesto para reparar a las víctimas de la violencia política

Hechas las cuentas está claro que ni las fincas de ‘Jorge 40’, ni las haciendas de Salvatore Mancuso, ni los dólares decomisados a otros comandantes alcanzarán para reparar a las miles de víctimas de la violencia paramilitar. Comisión de Reparación propone cobrarles el resto a los colombianos del común. Gobierno no descarta esa posibilidad.

La reparación para las víctimas en Colombia está en déficit. No es un caso aislado. De hecho, ningún país en el mundo ha tenido suficientes recursos para indemnizar a sus víctimas después de un proceso de paz entre el gobierno y un grupo ilegal. Sin embargo, Eduardo Pizarro, presidente de la Comisión Nacional de Reconciliación y Reparación (CNRR), quiere quedar con saldos en ceros y sugirió cubrir el faltante con aportes que hagan los contribuyentes. 

La propuesta ya despertó polémica. Aunque en un comunicado la Comisión asegura que en ningún momento se ha hecho tal propuesta y que "el componente económico o indemnizatorio de la reparación se basa en los bienes patrimoniales legales e ilegales de los grupos que se han desmovilizado", las palabras del director de la Comisión, Eduardo Pizarro, mostraban la posibilidad de “un esfuerzo del presupuesto nacional, es decir que todos los colombianos aportemos a la política de reparación” 
 
Las razones para lanzar la idea son suficientes para pensar que el Fondo de Reparación no tiene con qué pagarles a las víctimas de las autodefensas los predios que les robaron los paramilitares, ni el dinero que dejaron de producir por ser desplazados. Y eso que ni siquiera se ha hecho un estimativo de lo que significa la retribución económica que debe recibirse por la pérdida de hijos, esposos, padres y madres que fueron asesinados por órdenes de los comandantes de las AUC.

De acuerdo con Ana Teresa Bernal, miembro de la CNRR, en un mes entregarán a los jueces un documento que detalla los criterios de reparación para las víctimas de los paramilitares, pero es cada juez el que decide qué tipo de reparación (individual o colectiva) deberá entregar a estas personas.

“Hay que partir de que este no es un proceso común y corriente, es un proceso de justicia transicional y por eso la reparación es integral. Es decir, no sólo debe pensarse en el pago de un dinero, ni en la entrega de viviendas, sino en reparaciones simbólicas, morales, en gestos de perdón que sean tomados como una enmienda por los daños cometidos”, sostuvo Ana Teresa.

Saber hoy cuánto dinero se necesita para entregar a las víctimas es imposible. El gobierno nacional destina al año casi 4.000 millones de pesos en gastos relacionados con el tema y este lunes la Agencia Internacional para el Desarrollo, USAID, entregó 4,3 millones de dólares que se destinarán para el funcionamiento de una oficina regional en Bogotá (la tercera que se instala después de Barranquilla y Medellín) para recibir a las víctimas de paramilitares que viven en la región.

Además, esto sin contar que mañana, el departamento de Acción Social de la Presidencia de la República entregará 127.000 millones de pesos a 9.000 víctimas de la violencia.

Sin embargo, estas cifras millonarias no alcanzarán a cubrir los rubros que el gobierno del presidente Uribe estima se debe entregar a las víctimas de la violencia. Porque, de acuerdo con el senador oficialista Germán Vargas Lleras, esta es la primera vez en la historia que el Estado va a resarcir económicamente a todas las victimas del conflicto armado que sacude al país desde hace 40 años.

Para Vargas Lleras por eso el país debe hacer un esfuerzo monumental porque no se trata sólo de las víctimas de los paramilitares sino que en el futuro también se reparará económicamente a las de los movimientos guerrilleros.

Algunas voces en contra dicen, sin embargo, que quienes tienen que pagar son los propios autores de los delitos y no los ciudadanos del común. La argumentación es coherente. ¿Por qué tiene que pagar un anónimo y honesto colombiano por los delitos que otro cometió? En la CNRR están de acuerdo con esta pregunta pero también son conscientes de que aunque hay un dinero disponible, éste no alcanza para cubrir a las miles de víctimas. Al fin y al cabo, es una guerra que se inició hace casi medio siglo y en la que no ha habido un solo rincón del país donde no haya un colombiano esperando su reparación.

Uribe ni acepta ni descarta

Aunque la última palabra en la materia la tiene el Congreso, que es el organismo del Estado encargado de aprobar o improbar los tributos, en este tema en concreto las aguas deben girar hacia donde diga el gobierno. El ejecutivo no solo tiene el derecho a iniciativa legislativa, sino que –por tratarse del proceso con los paramilitares, una de las principales banderas de la administración Uribe- está muy interesado en brindar las herramientas necesarias para que éste concluya cuanto antes. Sin embargo el asunto no deja de ser sensible, pues el presidente Álvaro Uribe sabe que cualquier decisión que afecte el bolsillo de los colombianos debe ser sometida a un estricto análisis político y macroeconómico.

A menos de un mes de que entrara en funcionamiento la más reciente reforma tributaria en el país (van más de cinco en la última década) no sería de buen recibo, especialmente para un gobierno que se jacta de su manejo ponderado y planeado de la economía, la creación de un nuevo tributo. Pero de otro lado el objetivo supremo de la paz podría provocar nuevamente un gesto de generosidad del país.

Ante las voces que le solicitaban un pronunciamiento sobre la materia, Uribe salió este martes a los medios a decir que “no es momento para hablar de nuevos impuestos” y que confía plenamente en las medidas cautelares de la Policía y la Fiscalía contra los bienes de los grandes capos del paramilitarismo, a fin de nutrir el fondo para la reparación de las víctimas. El fondo, ya está dicho, será insuficiente. La pregunta que surge ahora es ¿cuándo será momento para hablar de nuevos impuestos?
 
 Existe un camino adicional, que de todas formas no excluye por completo la posibilidad de un nuevo tributo: la colaboración internacional. Pero esta depende de que el proceso tenga una imagen aceptable en el panorama internacional. Eso explica el enérgico discurso de Uribe ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, su planeada reunión con el nuevo secretario de Naciones Unidas y su interés por emprender una gira internacional para explicar el plan de desmovilizaciones. De su resultado depende, en buena medida, el efecto del proceso de paz sobre el bolsillo de los colombianos.

 

 


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