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| 2/14/2007 12:00:00 AM

En defensa del derecho a la vida

Ángela María Giraldo Cadavid, hermana de uno de los diputados del Valle secuestrados por las Farc, afirma que hacer el acuerdo humanitario no es ceder frente al enemigo sino ser solidario con los que quedaron indefensos en medio del conflicto.

Hace pocos días un prestigioso jurista colombiano, con conocimiento de las instituciones militares y policiales y experiencia en cargos de gobierno envió a mi correo electrónico algunos comentarios, que considero importante aclarar por este medio puesto que esa opinión parece reflejar el sentir de aquellos que ven en la suscripción del Acuerdo Humanitario un triunfo de la guerrilla.

Este jurista, aseguraba que quienes defendemos el acuerdo pretendemos a través de una ley prohibir las operaciones militares y obligar al gobierno a hacer el acuerdo humanitario. Quiero precisar que en ningún momento hemos pensado hacer eso, sabemos que sería inconstitucional pero sobre todo defendemos el fortalecimiento de la Fuerza Pública que se requiere para preservar el orden, librarnos de ser secuestrados y como lo dice el artículo 2 de la Carta para: “Proteger a todas las personas en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades”.

De lo que hemos hablado es de defender la prevalencia del derecho a la vida frente a los demás derechos, como bien lo manifestó el doctor Fernando Londoño y Londoño en la carta que le envió en julio de 1970 al entonces presidente Lleras: “No creo que moralmente pueda el poder político dificultar y hacer imposible el primero de los derechos humanos que es el de la legítima defensa a la vida”. Esto lo escribió el padre del ex ministro Londoño desde el cautiverio solicitando un despeje temporal para que su familia negociara su libertad, obviamente el presidente Lleras accedió a la desmilitarización y despeje de una zona del departamento de Caldas y el doctor Londoño y Londoño fue liberado.

En ese sentido hemos acompañado la propuesta del proyecto de ley de iniciativa ciudadana para el acuerdo humanitario, que surgió en noviembre pasado en el congreso de la Federación Nacional de Personeros, con el fin de darle protagonismo a la sociedad civil en el conflicto colombiano, así ésta podría exigirles a las Farc la libertad de los secuestrados y apoyar al gobierno nacional en la decisión de llegar a acuerdos con fines humanitarios, de esta manera el Presidente actuaría atendiendo a un llamado legítimo de la sociedad civil. Esta ley también permitiría crear condiciones propicias para la negociación y definir una posible agenda de plazos para viabilizar el Acuerdo. Esos son los contenidos que el doctor Gómez Méndez y otros abanderados de esta causa están trabajando.

Para aquellos que se quedaron con el concepto ya revaluado del Comité Internacional de la Cruz Roja que señalaba que el “canje de rehenes por guerrilleros detenidos no corresponde a un ‘acuerdo humanitario’, vale la pena pedirles que se actualicen consultando la pagina Web de dicho organismo, ahí podrán encontrar que “tras la propuesta presentada por los gobiernos de Suiza, Francia y España al gobierno de Colombia y a las Farc-EP, el 13 de diciembre de 2005, la delegación del Comité Internacional de la Cruz Roja (Cicr) en Colombia reitera, ante todo en interés de las víctimas, su disponibilidad para apoyar la búsqueda de mecanismos adecuados a fin de obtener la liberación de los rehenes, así como de los militares y de los policías. De igual manera deben conocer el pronunciamiento de la señora Bárbara Hinterman, coordinadora de ese organismo en Colombia, hecho el 12 de agosto de 2006: “Si hay un acuerdo, el Cicr puede transportar a los negociadores de las Farc a una zona de encuentro, participar en la verificación de una lista de personas que pueden ser liberadas y participar en el transporte de los secuestrados a ser liberados”.

Es importante resaltar que justamente las personas interesadas en negar la existencia del conflicto armado en Colombia son las que hacen que en este país no se pueda aplicar el Derecho Internacional Humanitario, que se constituyó para proteger a los combatientes y no combatientes en momentos de guerra como los que vivimos actualmente en nuestra patria. De manera que nos vemos obligados a ajustar las normas de los derechos humanos, que se aplican en tiempo de paz entre la autoridad y el ciudadano y que regulan el uso de la fuerza para que la autoridad no abuse de ella, y para al menos así se respete la vida de las personas que quedaron en medio de esta guerra sin quererlo.

Por supuesto que no estamos defendiendo a las Farc, no sufrimos del síndrome de Estocolmo, reconocemos que ellos asesinaron al gobernador de Antioquia, a su consejero de Paz y a ocho oficiales del Ejército y la Policía en el fallido rescate militar de Urrao, hecho que repudiamos. Como también tenemos presente que todos los secuestrados están amenazados de muerte por ellos y que en el momento de un operativo los matan, que el ex ministro Araújo se salvó porque siguió su instinto de conservación: “O me voy o me matan” y Dios lo protegió gracias a las miles de oraciones que día a día se hacen por los secuestrados desde todos los lugares del mundo.

Lo que no entendemos es cómo pretenden que confiemos en un rescate militar exitoso en las condiciones en que se encuentran nuestros familiares, después de tantos años de cautiverio. Las estadísticas del Ministerio de Defensa muestran que no existen antecedentes de rescates exitosos de secuestrados políticos pero sí de fallidos. No desconfiamos de la Fuerza Pública, de lo que sí estamos seguros es que al guerrillero no le va a temblar la mano para poner fin a la vida de un secuestrado si advierte un rescate, si es que no muere víctima de la ráfaga de balas de parte y parte.

Pretender que nosotros le apostemos al rescate es como pedirle a una persona sensata que juegue a la ruleta rusa con el argumento de que existe un 80 por ciento de posibilidades de salir ileso. Si los rescates militares no se han hecho no es porque nosotros los hayamos prohibido, si tuviéramos ese poder de convencimiento hace rato se habría firmado el Acuerdo y nuestros familiares ya estarían libres, sino porque el porcentaje de riesgo que le toca asumir al Ejército es demasiado grande frente al de éxito.

La verdad es que ni el gobierno ni las Farc han mostrado una voluntad clara de hacer el Acuerdo. Una cosa es que nombren personas, hagan declaraciones públicas sobre su buena voluntad y otra muy distinta que, en el momento de concretar plazos y sitios para lograrlo, encuentran argumentos y disculpas para no seguir adelante.

Le pedimos al Presidente que sea él quien tome la iniciativa en este tema puesto que él es quien nos representa y tiene el deber constitucional de defender nuestros derechos, es absurdo pensar que la guerrilla que es totalmente cruel, de la noche a la mañana resuelva ser humanitaria. Por supuesto que reconocemos que las Farc perdieron su ideología cuando se convirtieron en mercaderes de seres humanos y son ellos los que más pierden manteniendo por tanto tiempo a personas privadas de la libertad, esto los ilegitima cada vez más como actores políticos que luchan por la igualdad y la justicia social.

No pretendemos con el Acuerdo exponer a la sociedad al peligro, el hecho que éste no se haga, no significa que se vaya a acabar el secuestro en Colombia o que los guerrilleros no sigan saliendo de las cárceles, ellos salen todos los días. Como tampoco que hacerlo se traduzca en más secuestros, ¿o acaso en Francia se aumentó el índice de secuestros porque su gobierno tomó la decisión de negociar la libertad de sus ciudadanos? Confiemos en nuestro Ejército y en la política de seguridad de este gobierno, así como dijo el presidente Sharon cuando se firmó el acuerdo humanitario entre Israel y Palestina: si los que hoy libero se arman y se vuelven contra mí, mi ejercito los vuelve a capturar y en ese momento la justicia va a actuar con mayor rigor.

Lo que buscamos es que se entienda que hacer el acuerdo humanitario no es ceder frente al enemigo sino ser solidario con los que quedaron indefensos en medio de un conflicto que no buscaron. Que hacer el Acuerdo es actuar conforme a un deber constitucional consagrado en el numeral 2 del artículo 95 de la Constitución que dice: “Es deber de la persona y del ciudadano obrar conforme al principio de solidaridad, respondiendo con acciones humanitarias ante situaciones que pongan en peligro la vida y salud de las personas”.

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