En el Día de la Libertad de Expresión denuncian “impunidad total” contra los casos de periodistas muertos o amenazados

El periodismo en Colombia se sigue haciendo en medio de la zozobra. Así lo describe la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip), al analizar la situación de seguridad que rondó la actividad informativa durante 2006.

Sus críticas al entorno en que se realiza esta profesión están en boga hoy, 3 de mayo, cuando se celebra el Día Mundial de la Libertad de Prensa.

Esta es una fecha para recordar los riesgos que corren los comunicadores sociales en todo el mundo. Los periodistas de Colombia no son ajenos a las intimidaciones. Según los datos que posee la Flip, en 2006 se registraron 140 casos de violaciones a la libertad de prensa. De éstos, 38 tuvieron como autores a grupos paramilitares; 21, a la fuerza pública; 18, a las Farc, y 15, a funcionarios.

Que los actores armados amenacen es aterrorizante, pero no tan sorprendente como cuando lo hacen los empleados públicos. Por eso, la Flip es crítica con ellos al señalar que “funcionarios públicos acuden a mensajes intimidatorios, correos electrónicos o ‘regalos’ macabros para silenciar sutilmente a los periodistas”.

En ese ambiente se ejerce dicha actividad en el país. Aunque han disminuido las muertes de periodistas por razones del oficio, se notan incrementos en las amenazas, que muestran una “impunidad total”, de acuerdo con los informes de la Flip.

“Años perdidos y muy pocos avances. Así se podrían resumir los resultados de las investigaciones judiciales por las violaciones a la libertad de prensa en Colombia, especialmente por los asesinatos de periodistas. Lejos de generar precedentes sobre la importancia de proteger el derecho fundamental a la información y la opinión en Colombia, las cifras muestran un panorama desalentador”, asegura aquella agremiación.

A esa conclusión llegó la Flip luego de analizar tres investigaciones. La primera es sobre los asesinatos de 50 periodistas ocurridos entre enero de 1995 y diciembre de 2001. La segunda es sobre violaciones a la libertad de prensa entre 2002 y 2004, que incluyen amenazas, agresiones, secuestros y obstrucciones al trabajo. Y la tercera es sobre peticiones de información durante 2006 para hacer el seguimiento de las otras dos investigaciones.

Aquellos documentos que solicitaron hablaban de una situación sorprendente. “Los procesos judiciales por casos diferentes a asesinatos no arrojan ningún resultado. Violaciones a la libertad de prensa con menos impacto social que el homicidio, pero con un efecto igualmente inhibitorio para informar, pasan desapercibidas”.

Así lo reportan los datos. De un registro de 98 casos de homicidios de periodistas registrados entre 1992 y 2006, 22 permanecen en etapa preliminar o de investigación. Otros seis fueron suspendidos por faltas procesales o precluidos por ausencia de pruebas. Dos investigaciones que comenzaron en 1999 se encuentran pendientes de sentencia desde 2002. Seis fallos absolvieron a los sindicados.

La justicia se manifestó en apenas tres de esos 98 casos, pero sólo en uno de éstos se condenó al autor intelectual.

Mientras tanto, las intimidaciones continúan. Una de las más recientes es la del periodista Germán Hernández, editor investigativo de El Diario del Huila, medio que venía investigando desde 2005 un caso de corrupción en el Hospital Universitario de Neiva Hernando Moncaleano Perdomo.

El periodista tuvo que dejar su ciudad después de recibir amenazas contra su vida por revelar que Jorge Mauricio Escobar, quien administró durante tres años aquel centro de salud, invirtió 150.000 millones de pesos sin control alguno.

Luego, le pasó lo mismo al reconocido periodista Darío Arismendi, de la cadena radial Caracol, supuestamente intimidado por las Farc. Ahora, Arismendi está en el exilio, desde donde sigue transmitiendo en el programa matutino Hoy por hoy.

Estas amenazas ocurrieron apenas unos meses después de que el director del diario El Heraldo de Barranquilla, Gustavo Bell Lemus, fuera coartado junto con los periodistas Ernesto McCausland y Armando Benedetti. Los tres recibieron sendas cajas de cartón que contenían unos cables simulando una bomba y estaban acompañados de un sufragio.

Dichas amenazas ocurrieron después de que los periodistas escribieran sobre unas construcciones cerca del arrolyo del Country, en Barranquilla, que perjudicaban el medio ambiente.

Y meses antes había ocurrido también un hecho de mordaza contra el periodista Daniel Coronell, que para 2005, cuando fue amenazado, se desempeñaba como director del telenoticiero Noticias Uno.

Desde su exilio, Coronell encontró que algunas amenazas que llegaron a su correo electrónico provenían del computador del ex senador Carlos Náder, “muy cercano al presidente Uribe”, según lo comentó Coronell en una columna en la revista SEMANA.

“La Fiscalía citó a Náder para que rindiera versión libre sobre los hechos, pero el proceso no presenta avances significativos, y se han denunciado irregularidades en su desarrollo”, comenta la Flip.

Así, han amordazado en vida a tantos comunicadores que han tenido que guardarse sus verdades. Para evitar que los responsables de tantos silencios sigan en el anonimato, nació en 2002 el Proyecto Manizales, una iniciativa de reporteros de diversos medios de comunicación.

La alianza surgió tras el asesinato de Orlando Sierra, subdirector de La Patria de Manizales, que fue muerto como consecuencia de su labor informativa. Entonces los periodistas quisieron investigar de manera conjunta los posibles autores intelectuales de aquel homicidio.
En 2005 fue retomado para continuar con las investigaciones del periodista Guillermo Bravo, quien fue asesinado en Neiva luego de denunciar corrupción en la Licorera de Huila.
El Proyecto Manizales busca conocer la verdad, pero sigue alumbrando la ausencia de la justicia en los casos de los abusos contra la libertad de prensa.