En libertad condicional quedaron oficiales involucrados en falsos atentados

El mayor Efrén Hermida y el capitán Luis Gerardo Barrero se salvaron por el momento de la prisión. Ambos militares, involucrados en los supuestos montajes realizados a mediados de este año, quedaron en libertad condicional luego de ser acusados por la Fiscalía de estafa agravada y transporte ilegal de explosivos.

La decisión fue tomada por el juez cuarto de garantías, quien determinó que las pruebas la Fiscalía no procedían para una medida de aseguramiento contra los militares en el proceso que se sigue por el montaje de un carrobomba y seis allanamientos de explosivos en Bogotá.

Esta fue la primera audiencia pública contra los uniformados, al parecer responsables de montar al menos al menos un falso allanamiento de explosivos en Bogotá con el objetivo de ser reconocidos por sus superiores, según las pruebas recolectadas por la Fiscalía. (Ver Artículos Relacionados).

A las 7 de la mañana, el mayor Hermida y capitán Barrero (integrantes del área de inteligencia del Comando General de las Fuerzas Militares) llegaron a los juzgados de Paloquemao en Bogotá, acompañados de sus abogados y vestidos con sus uniformes de gala. Desde que el país los conoció, sus gestos no han cambiado. Se ven seguros y tranquilos. Hablan con firmeza y convencimiento sobre sus actos que, para ellos, fueron legales. Y desde el 22 de noviembre, cuando el Presidente de la República les dio la orden de explicarle a la opinión la verdad sobre los atentados, no han parado de reiterar su inocencia.

De la misma manera lo hicieron en la audiencia. “Señor Juez, rechazo los cargos que se me imputan”, dijo el mayor Hermida y enseguida lo hizo su colega Barrero. Lo hicieron minutos después de que el fiscal delegado, Jorge Hernando Poveda, revelara cómo el pasado 14 de julio el capitán dirigiera un taxi lleno de explosivos hasta el centro comercial Caracas, en el sur de Bogotá.

“En un vehículo de propiedad del señor Luis Gerardo Barrero Calderón, oficial del Ejército nacional, quien de civil guió o precedió al vehículo en que se transportaron los explosivos hasta el sitio en que fueron incautados”, leyó el fiscal. Al parecer, Barrero había actuado por instrucciones de Hermida.

Al oír esto, las cámaras de televisión enfocaron los rostros de los oficiales. Inmóviles y sin ningún gesto, seguían oyendo las explicaciones del fiscal. Poveda continuó relatando las pruebas para inculpar a los militares, una de ellas la que evidenciaría la estafa agravada a un civil para cobrar una recompensa: “de informaciones que no concuerdan con la realidad, obtuvieron una suma de cinco millones de pesos con cargo al gasto reservado”.

Al parecer, los uniformados querían demostrar que las Farc estaban planeando un ataque en esa zona para sabotear la celebración del 20 de julio y la reelección del presidente Uribe.

Durante toda la mañana y parte de la tarde, la deliberación en el recinto no tuvo mayores sorpresas. Los defensores de ambos oficiales rechazaron las pruebas de la Fiscalía, ya que tanto las interceptaciones telefónicas como las transcripciones de entrevistas con dos testigos en el centro comercial, fueron sacadas de contexto, y en un trabajo de inteligencia, es peligroso hacer interpretaciones, de acuerdo con los abogados.

Para el juez, la medida de aseguramiento era una decisión innecesaria y levantó la audiencia mucho antes de lo previsto. Ahora la Fiscalía tendrá un plazo de 30 días para acusar a los militares.

De esta manera, el caso de los falsos atentados vuelve a quedar en suspenso. A pesar de que tanto el Ministro de Defensa como el Presidente de la República han demostrado sus buenas intenciones para que este lío concluya pronto, no ha sido suficiente para levantar la imagen de las Fuerzas Militares que tuvo época de vacas gordas, pero que ahora deberá hacer un esfuerzo inmenso para devolverle la credibilidad al país.