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| 7/24/2007 12:00:00 AM

En menos de tres meses el Valle pierde, por corrupción, a los alcaldes de Cali y Buenaventura

La confirmación de la medida de aseguramiento contra el alcalde de Buenaventura, es otro golpe para el Valle del Cauca, que en un lapso corto ha perdido los burgomaestres de su capital y la ciudad puerto por actos de corrupción.

El fiscal Mario Iguarán Arana confirmó en la mañana de este martes la medida de aseguramiento contra el alcalde de Buenaventura, Saulo Quiñónez, por el delito de peculado por apropiación en favor de terceros. Iguarán anunció que en las próximas horas se notificará al gobernador del Valle, Angelino Garzón, para que suspenda del cargo a Quiñónez, quien será capturado de inmediato.
 
El 24 de febrero pasado la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía profirió en primera instancia la decisión de capturar al burgomaestre junto con varios contratistas e interventores, al encontrar irregularidades en algunas obras de infraestructura para el sector educativo de Buenaventura. Situación que dejó al descubierto una investigación realizada por el Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, en esa ciudad.
 
Durante las pesquisas se pudo identificar a los funcionarios que incurrieron en las supuestas anomalías. De acuerdo con las informaciones de la Dirección Nacional del DAS, se encontraron irregularidades en contratos para la preservación y la construcción de centros educativos, obras que nunca se ejecutaron. Según los resultados estos contratos, que ascienden a la suma de 488 millones de pesos, corresponden a la vigencia del año 2004.

Por estos hechos ya habían sido capturados Miguel Ocoró y Marcial Minota, interventores de las contrataciones, para que respondan por el delito de peculado por apropiación, ya que, aunque se pagaron porcentajes de los contratos, las obras no fueron ejecutadas. Un fiscal de conocimiento profirió orden de captura contra Herbert Gómez Franklin, contratista; Luis Asprilla Cáceres, interventor y Edgar Ibargüen, ex secretario de Infraestructura Vial del municipio, quienes están prófugos.

En el momento en que se destapa este escándalo, el alcalde Quiñónez se encontraba en España y dijo, vía telefónica, que esperaba aclarar los hechos a su regreso al país. “Lo que pasó es que un contratista tuvo dificultades con la delincuencia frente a un anticipo de 435 millones de pesos y no pudo cumplir por extorsión”, precisó Quiñónez, quien agregó que los interventores cuestionados “cumplieron con sus responsabilidades al informar al alcalde de la anomalía; acá lo que hay es una persecución malintencionada contra mi administración”, sentenció finalmente.

Tal parece que sus explicaciones no fueron tenidas en cuenta por la Fiscalía y por eso hoy Mario Iguarán, al frente del ente acusador, informó de su captura en las próximas horas.

El panorama político del Valle se ve complicado con miras a la próxima contienda electoral en octubre. Tan sólo en los últimos tres meses este departamento del suroccidente ha perdido tres alcaldes por líos con la justicia y corrupción. Se trata de los mandatarios de sus dos ciudades más importantes Cali y Buenaventura, así como del municipio de Alcalá, al norte del Valle.

Como se recuerda en mayo pasado la Procuraduría destituyó e inhabilitó para ejercer cargos en el sector público a Apolinar Salcedo, alcalde de Cali, declarándole su muerte política. Ahora el cuestionado es Saulo Quiñónez, alcalde del puerto más importante sobre el Pacífico colombiano, por donde se mueve el 60 por ciento del comercio internacional del país. Hay otra alcaldesa vallecaucana en líos con la justicia, se trata de Gina Escobar, mandataria de Alcalá, a quien la Fiscalía le adelanta juicio oral por el asesinato de William Grajales, un líder cívico de su municipio.

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