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| 6/29/2006 12:00:00 AM

Entre las balas y las letras

En los últimos tres años, el número de periodistas amenazados aumentó drásticamente. Las agresiones vienen, en su mayoría, de paramilitares y de funcionarios involucrados en casos de corrupción, dice la Fundación para la Libertad de Prensa.

La jornada comienza a las 5 y 30 de la mañana. Un campero de la Policía hace el recorrido por las casas de tres periodistas para recogerlos y llevarlos hasta sus emisoras de radio y a las sedes de los noticieros de televisión. Tres horas después, otro campero del DAS hace lo propio y recoge a otros cuatro reporteros para trasladarlos hasta sus salas de redacción. Aunque algunos tienen chalecos antibalas, nadie los usa, definitivamente el sofocante calor que golpea en Arauca supera el miedo que tienen de ser sorprendidos por las balas de un sicario.

Así se hace periodismo en una de las zonas de orden público más tensionantes de Colombia. Los 26 reporteros araucanos sólo pueden moverse bajo la protección de las autoridades, y de no hacerlo, corren un peligro semejante al de cualquier concejal, congresista, alcalde o ministro que se desplaza sin sus escoltas.

A pesar de haber mejorado, la situación en el departamento es tensionante. Varios periodistas trabajan escoltados, los grupos armados ilegales presionan y trabajar holgadamente es un ideal.  
 
Aunque no con la misma gravedad de Arauca, ciudades como Bogotá, Bucaramanga, Ibagué y Barrancabermeja padecen el mismo mal y tienen el mayor número de amenazas contra periodistas en todo el país. Esa es una de las conclusiones del informe que este jueves reveló la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip) sobre el tema, donde asegura que en el país aumentaron las denuncias de amenazas contra los medios de comunicación, ya que durante el primer semestre de 2006 hubo 72 violaciones a la libertad de prensab y hasta el momento un periodista ha sido asesinado.

"El hecho de que no haya amenazas en una región no implica que un periodista esté a salvo. Si usted va a la ciudad de Arauca y ve que ni siquiera la Policía deja que los periodistas salgan del casco urbano por temor a que les pase algo, y adicionalmente ve que los periodistas están autocensurados, comienza a entender el clima. También hay que ver los últimos paros armados que ha hecho la guerrilla, donde la guerra se ha trasladado a la información, lo cual afecta directamente a los medios", dice Carlos Cortés, director de la FLIP.
 
Por otro lado, la época electoral junto con el cubrimiento de temas relacionados con el paramilitarismo fueron las razones principales detrás de las amenazas a los periodistas-

El año pasado, durante ese mismo periodo, se registraron 48 casos, y en 2004 se conocieron 41. La situación es delicada. La mayoría de periodistas han sido amenazados de muerte, sus trabajos han sido obstruidos (no les dejan publicar información, fotografías o les impiden hacer reportería) e incluso han sido sometidos a tratos inhumanos o degradantes.

La gran sorpresa es que pese a la desmovilización de más de 30 mil paramilitares, la mayoría de amenazas vienen de los grupos desmovilizados y de las ‘nuevas generaciones’ de autodefensa, que al parecer violaron en 18 oportunidades la libertad de prensa. La guerrilla sería autora de al menos seis, dice el informe.

“Tenemos una periodista que a comienzos de este año tuvo que irse al Perú porque fue amenazada por paramilitares. Le hemos ayudado en lo que podemos, pero la respuesta gubernamental es muy pobre y después de las palmaditas en la espalda no hay un compromiso real. Aquí tratamos de sobrellevar la situación, pero lo preocupante es que los paras pueden tener más poder ahora que antes”, dice Sebastián Hiller, director del diario Vanguardia Liberal de Bucaramanga, la región que, después de Bogotá, presentó el mayor número de casos donde los periodistas fueron intimidados.

En ese sentido, ¿cabría la posibilidad de que los periodistas pidieran reparación a los paramilitares amparados en la Ley de Justicia y Paz?.

María Teresa Ronderos, directora de la junta directiva de la Flip, cree que a pesar de que este tema no ha sido planteado en ningún escenario, la libertad de expresión es un derecho fundamental que, si es violado, tiene serias consecuencias y que por ende, cabe una reparación. “Si un periodista muere, una comunidad puede perder la posibilidad de ser informada, y si es así puede haber no sólo una reparación tradicional a los familiares de la víctima, sino también una reparación colectiva”, dice Ronderos.

Otras amenazas

Otra situación que determinó las amenazas fue el periodo electoral. Por ejemplo en marzo, cuando se eligió el nuevo Congreso, fue el mes con más registros (21 violaciones). “Las investigaciones periodísticas sobre candidatos al Congreso de la República o de temas sensibles a las campañas de los partidos, pusieron en la mira a los periodistas”, dice el documento.

Adicional a esto, Flip determinó que la mayoría de los medios escritos son los más afectados (se conocieron 32 violaciones en los últimos seis meses), y le siguen la radio con 18 casos y la televisión, con 12. Además fueron siete los periodistas 'freelance' que trabajan como colaboradores ocasionales, los que recibieron amenazas.

“La semana pasada vinieron dos instructores del DAS para dar una capacitación de autoprotección donde enseñan cómo cambiar de rutina para no dar pistas al enemigo, cómo detectar a alguien que ande armado, en definitiva cómo no dar papaya. Eso lo hacen en todos las regiones del país para los concejales o para los funcionarios estatales cuyas vidas corren peligro. Pero a nosotros los periodistas también nos tocó ir al curso”, señala Carlos Pérez, de RCN radio en Arauca.

Pero no se sabe qué es peor, si las amenazas o que los casos, judicialmente, no hayan avanzado. Como ha sido la constante en los últimos años, dice Flip, los procesos de 2005 y 2006 sobre amenazas a periodistas no arrojan resultados satisfactorios. “En el caso del asesinato del periodista Gustavo Rojas Gabalo, quien falleció el 20 de marzo de 2005 después del atentado de 4 de febrero, la Fiscalía General de la Nación vinculó únicamente a los autores materiales del hecho”, señala el informe.

Como están las cosas, la excesiva prudencia que limita con la autocensura –otro flagelo del periodismo nacional como lo señaló en su último informe el Comité para la Protección de Periodistas de Nueva York- será la regla con la que muchos reporteros seguirán escribiendo sus notas en las regiones. Como en Arauca, donde ninguno de los 25 que ejerce el oficio en todo el departamento puede moverse un centímetro sin la ‘aprobación’ de la fuerza pública. Si lo hace, asume las consecuencias.


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