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| 7/18/2006 12:00:00 AM

Esa tierrita se perdió...

Aunque los paras dicen estar preocupados por el monto de la reparación a sus víctimas, lo cierto es que la recuperación de los terrenos usurpados a los campesinos no deja de ser por ahora una ilusión.

Aunque los jefes desmovilizados de las AUC dijeron inicialmente que no se pronunciarían frente al texto de la sentencia de la Corte sobre la Ley de Justicia y Paz, hoy se conoció su reacción frente al tema de la reparación. El TIEMPO reveló que los antiguos jefes de las AUC consideran que las indemnizaciones económicas a los familiares de sus víctimas son ‘impagables’. Sin embargo, salvo que el Estado y la sociedad vuelvan el tema una prioridad, los ex paramilitares podrán respirar tranquilos.

La Corte Constitucional en el texto de la sentencia divulgada la semana pasada reiteró que los paramilitares y guerrilleros que se beneficien de las penas alternativas de la Ley de Justicia y Paz, deberán devolver al Estado los bienes que se robaron y reparar con sus bienes lícitos de manera solidaria a las víctimas del bloque al que pertenecieron. Aunque la sentencia es muy estricta en cuanto a la reparación, en la práctica seguramente será más fácil que los paramilitares paguen sus penas y confiesen sus delitos a que devuelvan las tierras que le arrebataron a los campesinos.

Así se deduce del “Informe de Seguimiento a las Políticas Públicas en Materia de Desmovilización y Reinserción”, divulgado a principios de junio de 2006 por la Procuraduría General de la Nación, que desnuda los desafíos que enfrenta el Estado para recuperar las tierras que han sido arrebatadas ilegalmente.

Después de consultar todas las fuentes con credibilidad al respecto, la Procuraduría concluye que aproximadamente dos de cada tres desplazados eran propietarios, tenedores o poseedores de tierras antes de ser obligados a abandonarlas. Aunque se cree que una parte importante fue robada en Antioquia (15,6%), Caquetá (10,5%), Cesar (9,4%) y Chocó (8%), nadie sabe con precisión cuántos predios ni cuáles exactamente fueron usurpados.

Para comenzar, no existen ni cifras ni registros de los predios urbanos. Tampoco se sabe cuántas tierras tienen en su poder los narcotraficantes, los guerrilleros o los paramilitares, aunque se calcula que estos últimos tendrían el 33 por ciento de los bienes usurpados a los desplazados. “Los registros oficiales de posesión de bienes no determinan claramente sus propietarios y adicionalmente los narcotraficantes (y demás actores) utilizan métodos para no figurar como dueños legítimos de las tierras”, dice el informe.

Por estas dificultades, los estimativos sobre las tierras robadas a los desplazados fluctúan de un extremo a otro. Mientras la Contraloría General de la Nación calcula que los desplazados perdieron 2,6 millones de hectáreas, una consultoría contratada por el Proyecto de Protección de Bienes Patrimoniales de la Población Rural Desplazada, de Acción Social, financiada con recursos del Banco Mundial, ACNUR y OIM, y la agencia sueca de cooperación estima que fueron 6,8 millones de hectáreas. Un estudio del CEDE de la Universidad de los Andes calcula, a su vez, que son tres millones.

Como no existen los datos precisos sobre el número de desplazados ni sobre sus tierras, es muy difícil calcular cuánto costaría la reparación de estas víctimas de la guerra. Lo que se sabe, sin embargo, debería ser razón suficiente para que el Presidente Uribe y su Vicepresidente (directo responsable de la Comisión de Reparación) concentraran su atención en esto y se olvidaran de temas secundarios como ser sedes del Mundial de Fútbol o de Miss Universo.

La Contraloría cree, por ejemplo, que entre tierras e ingresos dejados de percibir, los desplazados han perdido entre 8,2 y 11,7 billones de pesos. Y con base en los rubros definidos por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos (instancia ante la que seguramente apelarán muchas de las víctimas que no se sientan justamente reparadas en los procesos de Justicia y Paz), la Consultoría contratada por Acción Social del gobierno calculó que la reparación integral a los 395.847 desplazados que aparecen registrado oficialmente tendría una valor de 50 billones de pesos, lo que equivale a un poco más de la mitad de la deuda externa de Colombia. Básicamente, el país tendría que destinar anualmente sólo a eso el 1,8 por ciento del PIB del 2005 durante la próxima década.

La Corte fue clara en que los paramilitares y guerrilleros son los primeros responsables de la reparación a las víctimas de su bloque o frente, y subsidiariamente lo es el Estado. Pero a juzgar por lo que ha sucedido hasta ahora es un tanto iluso confiar en que los desmovilizados se despojarán de sus riquezas. De las 30 desmovilizaciones realizadas hasta febrero de 2006, sólo el Bloque Catatumbo entregó inmuebles, según la Procuraduría. Pero hasta diciembre del 2005, un año después de la entrega de armas y bienes del Catatumbo, los funcionarios encargados del tema no habían recibido instrucciones sobre qué hacer con esos bienes.

En marzo de 2006, el Ministro del Interior Sabas Pretelt anunció con bombos y platillos que los jefes paras habrían ofrecido devolver 100 mil hectáreas de tierra. Pero hasta el momento –según la Procuraduría- nadie en el gobierno (incluyendo al vicepresidente) sabe dónde están esas tierras que supuestamente ofrecieron, ni quién las tiene, ni qué ha hecho el Ministro Pretelt (el único que sabe al respecto) para averiguar sobre sus legítimos titulares.

Si son pocas las esperanzas de que devuelvan las tierras por las buenas, son aún más escasas las que permitirían pensar que el Estado las pueda recuperar por las malas. Como lo señala el informe de la Procuraduría, los registros de posesión de tierras en Colombia no identifican claramente a los propietarios; las debilidades del sistema de registro y notariado son varias. La información de dos de cada tres predios identificados está desactualizada. La mitad de las notarias manejan sus datos manualmente y sólo el 51 por ciento del país maneja cartografía 1:100.000  y para colmo de males los mapas de una entidad y otra no coinciden.

Pero suponiendo que el Estado logre identificar los bienes que oculten los paramilitares, el camino que le queda es la expropiación y en ese campo las cifras sí que son desoladoras. Entre 1996 y 2005, el Estado declaró la extinción de dominio de sólo 201 inmuebles, aunque es esperanzador que más de la mitad de estas expropiaciones se han logrado a partir del 2002 cuando el Ministro Fernando Londoño reformó la ley.

En conclusión, los jefes paramilitares podrán respirar tranquilos. Sólo las víctimas y los demás colombianos tendrán que angustiarse para que el gobierno convierta este tema en una prioridad de Estado, antes de que llegue a las cortes internacionales. Mejor reparar ahora que pagar millonarias indemnizaciones después. 
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