Jueves, 8 de diciembre de 2016

| 2008/01/25 00:00

Escándalo por la revelación de que un general retirado del Ejército había sido reclutado por la mafia

El general retirado del Ejército Pauselino Latorre y el fiscal Leobardo Latorre, formado por Estados Unidos, trabajaban para una red de narcotráfico que fue desmantelada por las autoridades. Hay 34 ordenes de captura en esta operación

El general (r) Pauselino Latorre, durante una audiencia pública este viernes, en los Juzgados de Paloquemao, en Bogotá. (Foto: Paola Castaño- SEMANA)

El país amaneció este viernes sorprendido por la información que da cuenta el desmantelamiento de una poderosa red de narcotráfico que tenía a su servicio a un general retirado del Ejército y a un fiscal. Se trata de Pauselino Latorre, quien alcanzó a ser el jefe de inteligencia de la banda, y su sobrino Leobardo Latorre, un fiscal antimafia que había sido preparado para esta tarea en Estados Unidos.

En efecto, la Fiscalía General informó el jueves que con la captura de 24 sospechosos, entre ellos un general retirado y un ex fiscal, desmanteló una red de narcotraficantes que investigaba desde hace dos años con ayuda de la agencia antinarcóticos estadounidense DEA, y que enviaba droga a través de Venezuela.

Al menos nueve de los detenidos el jueves están solicitados en extradición por Estados Unidos, dijo en rueda de prensa el Fiscal General, Mario Iguarán.

Ni el general del Ejército, Pauselino Latorre Gamboa, quien pasó a retiro hace dos años, ni su sobrino, el ex fiscal regional Leobardo Latorre, están entre los solicitados en extradición, dijo el funcionario.

El fiscal dijo que el militar estaba dedicado a los temas financieros de la banda y el ex fiscal pagaba sobornos para resolver problemas jurídicos que pudieran surgir con miembros de ésta.

Iguarán afirmó que tenía el “material probatorio” contra ambos, pero no ofreció detalles.

El ex fiscal Latorre, quien se retiró el año pasado, laboraba en Bogotá y antes había investigado la muerte, en mayo de 2006, de 10 agentes policiales antinarcóticos y un informante a manos de una patrulla del Ejército en la localidad de Jamundí.

Jefes militares dijeron entonces que las muertes fueron un “error”, pero la evidencia surgida más tarde sugirió que los soldados dispararon a corta distancia, lo que llevó al Fiscal Iguarán a concluir que fue “un acto criminal” pagado por narcotraficantes, quienes querían acabar con la unidad elite antidrogas entrenada por Estados Unidos.

Las investigaciones comenzaron en julio de 2006 cuando la DEA aportó a las autoridades colombianas pistas acerca de la banda, que sacaba al menos 10 toneladas de cocaína al mes de laboratorios en los departamentos del Bolívar y Cesar, en el norte del país, así como del departamento Norte de Santander, en el noreste colombiano.

“Esta red criminal que utilizaba a Venezuela como puente, transportaba los estupefacientes desde laboratorios ubicados en Aguachica (Cesar), Santa Rosa (sur de Bolívar) y en zona rural del Norte de Santander, hacia Europa y Norteamérica”, dijo la Fiscalía en un comunicado.

A los detenidos los sindicarán de traficar estupefacientes, lavar activos y fraude, entre otros, añadió Iguarán.

De acuerdo con la Policía, la operación para detener a los sospechosos se desarrolló simultáneamente en 11 ciudades del país, incluyendo la capital Bogotá.

La operación fue anunciada poco antes de la llegada a la ciudad de Medellín de la Secretaria de Estado norteamericano, Condoleezza Rice, de visita junto a una decena de congresistas del partido Demócrata para promover entre los legisladores un tratado de libre comercio pendiente de ser votado.

Sectores en Washington se oponen al tratado, pidiendo a Colombia mejorar primero la protección a sindicalistas. Colombia es el país más peligroso para los sindicalistas, con más de 700 asesinados desde 2001.

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