Estatuto antiterrorista

El estatuto antiterrorista fue durante los primeros dos años del gobierno de Uribe el caballito de batalla entre los partidarios del Presidente y sus más enconados opositores. Después de un difícil trámite en el Congreso, y de haber estado a punto de hundirse, el Congreso aprobó en diciembre de 2003 el acto legislativo que reforma la Constitución para concederles facultades de policía judicial a las Fuerzas Militares, un viejo anhelo del estamento castrense.

Ex constituyentes, columnistas como Antonio Caballero, ONG de derechos humanos y la ONU cuestionaron desde el empadronamiento hasta las capturas sin orden judicial incluidas en la ley. Este proyecto, pese a haber sido presentado días después del ataque terrorista al Nogal, cuando los partidos políticos proponían un Frente Común contra el Terrorismo, muy pronto polarizó a la opinión pública entre quienes creían que era una apuesta de la derecha dura, que restringía los derechos inútilmente, y quienes consideraban que era necesario dotar a la Fuerza Pública de mayores herramientas para evitar el terrorismo.

Pese a toda la polémica, agravada por los errores militares de Guaitarilla y Cajamarca, el Congreso aprobó con una amplia mayoría la Ley Estatutaria que reglamentaba la reforma constitucional. Sin embargo, el 30 de agosto la Corte Constitucional declaró inexequible el acto legislativo por un vicio en el trámite del proyecto en la plenaria de la Cámara de Representantes. El gobierno no volverá a presentar la iniciativa al Congreso.