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| 10/23/2007 12:00:00 AM

Ex paramilitares que no se han presentado ante fiscales tendrían plazo de seis meses para hacerlo

Nuevos ajustes a la ley de Justicia y Paz presentó la Comisión Nacional de Reparación y serán evaluados por el gobierno nacional. Las víctimas podrían recibir reparación “integral y universal”

La ley de Justicia y Paz, marco jurídico con el que se desmovilizaron más de 40 mil integrantes de las AUC en los últimos cuatro años, tendrá reformas sustanciales luego de las advertencias que la semana pasada hizo el fiscal jefe de la Corte Penal Internacional, Luis Moreno Ocampo, quien estuvo de visita en el país la semana pasada.

Moreno aseguró que un proceso de paz como el que está viviendo Colombia es único en el mundo. “Por eso es que las miradas de otros países están sobre este país (...) la CPI estará pendiente de los temas que le competen (…) la idea es chequear si en Colombia se está cumpliendo o no la investigación” en temas como crímenes de guerra, de lesa humanidad y genocidio. Y enseguida recomendó: “no se puede esperar solamente al proceso judicial (para reparar a las víctimas), hay que pensar en otra opción como la vía administrativa”.

Por esa razón, el presidente de la Comisión de Reparación, Eduardo Pizarro, el gobierno central y una comisión interinstitucional evaluarán en los próximos días tres ajustes principalmente: que los ex paramilitares postulados que no se hayan presentado ante los fiscales de Justicia y Paz tengan un plazo máximo de seis meses para hacerlo; que las víctimas puedan reclamar su reparación sin necesidad de esperar las versiones de sus victimarios y que se puedan juzgar grupos o bloques en colectivo, sin dejar a un lado los juicios individuales contra ex jefes de autodefensa.

Estos cambios se harían a través de un decreto reglamentario con el objetivo de agilizar el proceso de Justicia y Paz que ya bastante lento está en temas como la reparación a las víctimas, las versiones libres a ex líderes paramilitares y la búsqueda de la verdad.

En Justicia y Paz la peor parte la han llevado las víctimas que, desde que comenzaron las versiones libres a los paramilitares desmovilizados, muchas, por ejemplo, han esperado durante años saber la verdad sobre el paradero de familiares desaparecidos por las AUC.

De ahí que si se logra establecer un límite para que los paramilitares postulados se presenten ante los fiscales de la unidad de Justicia y Paz, se podría simplificar el tiempo para que las víctimas sean reparadas, el país sepa la verdad y los culpables sean condenados. Los ex paras que no lo hagan, perderán los beneficios de la Ley 975 y quedarán bajo la legislación ordinaria, es decir, que de recibir penas de 5 a 8 años máximo, podrían estar sentenciados hasta a 40 años de cárcel.

En cuando a la reparación de víctimas, la propuesta de la Comisión de Reparación apunta a “un programa administrativo de reparación integral y universal” con el fin de que quienes padecieron los abusos de las autodefensas puedan recibir del Estado beneficios de programas sociales y reparaciones económicas, tal como se hizo en países como Chile, Perú y Guatemala.

“Naturalmente, tal reparación administrativa se establecerá sin perjuicio de los derechos de las víctimas a obtener del victimario la reparación judicial y sin perjuicio de la obligación de los victimarios de entregar los bienes lícitos e ilícitos que posean a efecto de reparar con ellos a las víctimas”, señala un comunicado de la Casa de Nariño.

Desde luego, para hacer esos ajustes se necesita plata. Por eso la iniciativa tendrá que pasar por las manos del Ministerio de Hacienda, mientras que las Cortes y organismos internacionales de derechos humanos deberán evaluar su ejecución para expedir así las normas respectivas antes de finalizar este año.
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