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Los representantes Jorge Caballero y Alfonso Campo fueron acusados por Rafael García de beneficiarse políticamente con las acciones del Bloque Norte de las autodefensas, que comandaba alias Jorge 40.

EL 8.000 DE LOS PARAS

Expectativa por situación jurídica de segundo grupo de congresistas vinculados con ‘parapolítica’

Mientras los tres del primer grupo siguen en la cárcel, a los seis que declararon esta semana les definirán su situación jurídica el 11 de enero, después de la vacancia judicial de fin de año. La Corte Suprema de Justicia recibió este jueves las versiones de los representantes Alfonso Campo y Jorge Caballero.

8 de diciembre de 2006

Los representantes Jorge Luis Caballero y Alfonso Campo rindieron este jueves versión ante la Corte Suprema de Justicia que los investiga por supuestos nexos con las autodefensas en la Costa Atlántica. Al igual que los otros cuatro congresistas que tuvieron que acudir esta semana al alto tribunal, Campo y Caballero negaron los cargos, enfatizaron que el testigo en su contra se contradice y dijeron que demostrarán su inocencia.
 
A la salida de la diligencia el congresista Campo leyó un comunicado: "No es cierto que yo he recibido ayudas de grupos paramilitares para mis campañas políticas ya que, como lo he expuesto en mis diligencias ante a la Corte, yo mismo demandé ante el Consejo de Estado las elecciones de 1998, por considerar que hubo un fraude electoral por el constreñimiento que grupos de autodefensas efectuaron en algunas zonas".

Los seis legisladores están acusados de concierto para delinquir y conformación de grupos paramilitares por el ex director de informática del DAS, Rafael García, hoy preso tras haber reconocido que pertenecía a uno de eso grupos de autodefensa y que borró los antecedentes penales de varios narcos pedidos en extradición.

Aunque la Corte piensa en tomarse la vacancia judicial de un mes desde el 15 de diciembre, la Federación de Cámaras de Comercio, uno de los gremios más importantes del país, le pidió este jueves que reconsidere el tema y opte por continuar con las investigaciones para darle al país pronta razón sobre la verdad detrás de la infiltración paramilitar en la política.

Sin embargo, algunas fuentes informaron que es posible que la expectativa se mantenga un tiempo más. Así, trascendió que el alto tribunal sólo definirá la situación jurídica de los parlamentarios hasta el 11 de enero cuando retornen de las vacaciones de fin de año.
 
El escándalo por los vínculos entre políticos y paramilitares ya tiene tras las rejas a los senadores Dieb Maloof y Jario Merlano, el representante Erik Morris y la ex congresista Muriel Benito Rebollo. Todos ellos son sucreños y fueron cobijados con orden de captura cuando estalló la crisis. Luego la investigación se extendió a los congresistas de Magdalena y Cesar, departamentos a los cuales pertenece el segundo grupo de indagados, integrado por los representantes Campo y Caballero y los senadores Álvaro Araújo, Mauricio Pimiento, Luis Vives y Dieb Maloof.
 
Los seis congresistas son considerados como pesos pesados en el uribismo y muy cercanos al presidente Álvaro Uribe pero el caso que más interés despierta es el del senador Álvaro Araújo, pues su suerte podría costarle el cargo a la canciller María Consuelo Araújo, de quien es hermano. Los Araújo pertenecen a una poderosa casta política del Cesar encabezada por su padre, quien perdió la investidura de congresista por contrataciones con su emisora Radio Guatapurí. Sergio, otro de los hermanos del senador investigado, también aparece mencionado en la investigación por haberse reunido con jefes de autodefensas, para lo cual –según él y el gobierno- tenía autorización del comisionado de paz, Luis Carlos Restrepo.
 
El otro caso de interés es el del senador Mauricio Pimiento, también del Cesar, quien posee gran influencia en los círculos políticos y económicos de Bogotá. Desde el momento en que fue notificado de la investigación Pimiento renunció a su condición de miembro del Partido de la U y a la ponencia de la ley que reforma la justicia en Colombia, con el fin de evitar suspicacias sobre eventuales presiones al tribunal que estudia su caso.

Vives también pertenece a un clan político de la Costa, mientras que Maloof es el único del grupo que hasta 2002 no tenía antecedentes en política distintos a su paso por el Congreso como segundo renglón del narrador deportivo Edgar Perea. Esta situación hace que su caso sea diferente, pues mientras los otros cinco congresistas alegan que sus asombrosos y concentrados caudales electorales de 2002 se explican por antecedentes familiares o personales en política, los de él no.

Vea en nuestras notas relacionadas los detalles de cada una de las jornadas de indagatoria de la semana.