Domingo, 11 de diciembre de 2016

| 2007/11/15 00:00

Familiares de 387 personas que fueron víctimas de las AUC instauran una millonaria demanda contra la multinacional Chiquita Brands

Un grupo de familiares de personas que fueron masacradas por los paramilitares consideran que la empresa debe indemnizarlos con cerca de 8.000 millones de dólares por haber patrocinado a los escuadrones de la muertes en particular en Urabá.

Familiares de 387 personas que fueron víctimas de las AUC instauran una millonaria demanda contra la multinacional Chiquita Brands

Los familiares de las víctimas de los paramilitares quieren llevar sus reclamos fuera de las fronteras donde, muchos de ellos consideran tendrán más éxitos pues consideran que en Colombia la reparación no surtirá efectos reales. La última acción es una demanda multimillonaria. Víctimas del sangriento conflicto civil en Colombia entablaron en las últimas horas una demanda por casi 8.000 millones de dólares contra la importadora de bananas Chiquita Brands International Inc., por hacer pagos a un grupo paramilitar acusado de millares de asesinatos.

La demanda, presentada ante un tribunal de distrito en Manhattan, acusa a la compañía de complicidad en centenares de asesinatos por entregar dinero a las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), uno de los grupos paramilitares más temibles de la nación suramericana.
Entre los demandantes hay familiares de 387 personas que se cree fueron asesinadas por las AUC. El gobierno de Estados Unidos designó a las AUC como un grupo terrorista en septiembre de 2001.

Las familias han exigido a Chiquita el pago de 7.860 millones de dólares por daños y perjuicios.

Michael Mitchell, vocero de Chiquita, dijo que la compañía, con sede en Cincinnati, luchará en el tribunal para evitar la demanda civil.
La compañía bananera admitió que su ex subsidiaria, Banadex, pagó cerca de 1,7 millones de dólares entre 1997 y 2004 a las AUC.

Chiquita también efectuó pagos al Ejército de Liberación Nacional (ELN), y a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), a fin de proteger sus operaciones más rentables en zonas bananeras.
Chiquita alertó voluntariamente sobre los acuerdos al Departamento de Justicia en abril de 2003. Ya llevaba por ese entonces 15 años realizando los pagos.

Chiquita ha dicho que no tenía otra opción que aceptar la extorsión de la AUC y de la guerrilla.

“Reiteramos que Chiquita y sus empleados eran víctimas, y que las acciones adoptadas por la compañía tuvieron como motivación proteger las vidas de nuestros empleados y de sus familias”, dijo Mitchell.

CON INFORMACIÓN DE AP

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