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| 2/6/2007 12:00:00 AM

Familiares de desaparecidos del Palacio, escépticos ante la indagatoria al coronel Plazas

La impunidad que se ha extendido durante 21 años ante la muerte de 100 personas y la desaparición de 11, les hace pensar a los familiares de las víctimas que hasta que no haya una condena ejemplar, no se comenzará a hacer justicia.

Escépticos y preocupados. Aunque ambos sentimientos parecieron excluirse entre sí, esa es la sensación de algunos familiares de los 11 desaparecidos de la tragedia del Palacio de Justicia en 1985, luego de que la justicia llamara a declarar esta semana al coronel Luis Alfonso Plazas, quien para la época de los hechos se desempeñaba como director de la Escuela de Caballería.
 
Por un lado, la incredulidad tiene orígenes en hechos ocurridos el año pasado, cuando el fiscal general Mario Iguarán reabrió el caso e inició una investigación formal contra el general Edilberto Sánchez Rubiano (ex jefe del B-2 de inteligencia militar). Muchos de los sobrevivientes dicen haber quedado frustrados al ver que al militar se le dictó medida de aseguramiento consistente en privación de la libertad, pero fue recluido en una guarnición militar.

Con el llamamiento del coronel Plazas, la situación no varía mucho. Pero la angustia y ansiedad se mantiene al no saber la verdad sobre el holocausto ocurrido el 6 y 7 de noviembre de 1985, cuando guerrilleros del M-19 se tomaron el Palacio de Justicia en el centro de Bogotá y, horas más tarde, se produjo una contratoma por parte del Ejército.

“Después de 21 años y tres meses de lucha uno recibe todo esto con mucha prudencia, sin hacerse muchas ilusiones porque realmente nunca nos tuvieron en cuenta. Ahora con las pruebas que confirman la responsabilidad de los hechos los mandan a un batallón que no es una cárcel, sino un hotel cinco estrellas”, señala René Guarín, hermano de María Cristina Guarín, una de las desaparecidas del Palacio.

Para ellos, son muchos los gobiernos que han pasado por la Casa de Nariño sin que presten la atención que se merece esta tragedia. Mientras tanto, todos los que participaron en el operativo han negado su responsabilidad frente a los delitos y la justicia no sabe más allá de estas versiones. La lucha de los familiares de los desaparecidos del Palacio de Justicia por saber el paradero de los cuerpos de sus familiares y la persona que ordenó matarlos, los ha obligado a tomar toda clase de medidas. En 2001 pusieron una denuncia por desaparición forzada, que desde 2000 había quedado tipificada como delito en el Código Penal; y al poco tiempo expusieron el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA.

Según un artículo publicado en la edición 1.269 en la Revista Semana, familiares de las víctimas entregaron el pasado mes de noviembre, una vez más las pruebas de que sus familiares salieron con vida del recinto, “y le solicitaron a Luis Camilo Osorio (ex fiscal general) que llamara a indagatoria a varios militares que participaron en el operativo de recuperación del Palacio. Entre ellos al general Rafael Samudio Molina, al general Jesús Armando Arias Cabrales, al coronel Alfonso Plazas Vega y al coronel Edilberto Sánchez Rubiano”.

Por ningún lado han recibido respuesta positiva. “Nosotros estamos con incertidumbre porque a los militares implicados los llaman para vincularse formalmente en el proceso y después no pasa nada”, dice con dolor Cecilia Cabrera, esposa de Carlos Augusto Rodríguez, el desaparecido administrador de la cafetería. Ella también le pide al presidente Álvaro Uribe que asuma una posición frente al caso y se solidarice frente al aceleramiento de las condenas ya que, según ella, lo que está haciendo la justicia es una ofensa para las familias.

Ahora el turno ante la justicia le corresponde al coronel Plazas, quien ya había estado en la Fiscalía para entregar una vez más su versión de los hechos, negando todos los cargos que se le imputaban. “Yo estaba encargado de la parte operativa que buscaba liberar a magistrados y funcionarios de Palacio, por lo que desconozco la suerte de los civiles que fueron evacuados”, dijo hace pocos meses frente a los medios de comunicación. Sin embargo, el ex integrante de la Policía Nacional, Ricardo Gómez Mazuera, dijo en 1989 a la Procuraduría que él era el responsable de las torturas y del asesinato de Carlos Augusto Rodríguez.

Muy posiblemente, el coronel Plazas volverá a explicar lo mismo. Pero los familiares no van a dar un paso atrás. “Los estudios que yo he realizado comprueban que el coronel Plazas es un pez gordo. Ahora falta ver si no se declara inocente como siempre lo ha hecho”, dice René Guarín sobre el oficial retirado: “Las esperanzas ante lo que suceda son muy pocas, pues ya otros casos nos han confirmado que es muy difícil que se haga justicia”.

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