A favor de la cadena perpetua

Un País y una sociedad que se consideren moralmente correctas, deben convertir a sus niñ@s en su máximo capital social. Deben ser los únicos privilegiados.

El artículo 44 de nuestra Constitución establece que los derechos de los niñ@s prevalecen sobre los de los demás. No obstante nuestra realidad está lejos de ser el reflejo de ese principio constitucional.

Andrés, de tres años, fue asesinado en Bogotá después de ser maltratado por su “papá” y su madrastra. En Yumbo una niña quedó paralizada porque su “mamá” y su padrastro la lanzaron por una ventana. María José, de 15 meses, después de 10 días en coma murió en Barranquilla luego que su “mamá y su padrastro le pegaron en la cabeza. En Caucasia, una niña de 11 años que ha sido violada desde pequeña, tuvo un niño a los 9 años y espera otro. En Cúcuta, tres hermanitos de 3, 5 y 6 años, fueron violados de forma permanente porque sus “padres” los entregaban a los jíbaros para conseguir droga; estos son algunos casos que tan solo en enero de esta año se conocieron, de los más de 25.000 que a la fecha han sido reportados y que dejan al descubierto una de nuestras mayores vergüenzas ante el mundo, la violación sistemática de los más elementales derechos de los niñ@s.

De los cuarenta mil casos conocidos por el ICBF en el 2005, solo de maltrato severo se detectaron más de 17.000 y de abuso sexual cerca de 3.000 casos. En promedio, el 90% de casos de abuso y maltrato es cometido por familiares y conocidos. Según Medicina Legal, de los 17.000 dictámenes sexológicos practicados el año pasado, el 73% fueron a menores de 14 años. Y ni mencionar, los miles de casos, que nunca son detectados.

En medio de este oscuro panorama, en el Congreso de la República han pasado más de 2 años discutiendo la modificación del Código del Menor en la búsqueda por lo menos y entre otros, de elevar a delito el maltrato infantil - hoy es una contravención que se puede “conciliar”- e incrementar las penas para castigar el abuso sexual. Las penas que están establecidas para castigar la violación y la explotación sexual de menores de 14 años y la pornografía infantil no pasan de 12 años, que en la práctica se reducen considerablemente, por cuenta de una incomprensible política de rebajas de penas que beneficia a los abusadores y maltratadores, por “buena conducta” - en la cárcel por supuesto -, por estudio, hacer deporte y/o colaboración con la justicia. Mientras tanto, los niñ@s siguen siendo asesinados, maltratados brutalmente o violados.

A ese nefasto escenario se le suma el hecho, que cada vez que se conoce un caso de asesinato o violación de un niñ@, se generan una serie de análisis que terminan, así no sea la intención, justificando a los delincuentes: Qué fueron abusados o maltratados cuando niños, que se pueden rehabilitar, que merecen otra oportunidad, que la pobreza los afecto, o que son drogadictos, y casi nunca, se analiza o se discute, sobre las consecuencias irreversibles que para los niños tiene, el maltrato o una violación, y ni mencionar cuando no hay secuelas, porque sencillamente fueron asesinados, normalmente después de meses y hasta años de maltrato. En medio de ese tipo de discusiones se toman decisiones y pareciera que en todas, los derechos de los delincuentes, son tan o más importante que los de los niños, que son las victimas indefensas.

Este confuso y esquizofrénico panorama, se constituye en otra violación de los derechos de los niñ@s; porque las entidades públicas y privadas responsables de su protección y atención, los congresistas, los padres de familia, los maestros y la sociedad en general, no actuamos. Tenemos una sola obligación: no solo hablar de los derechos de los niñ@s, sino brindar las garantías para que estos se cumplan sin vacilaciones o temores.

Debemos empezar por romper con esa errática realidad y lo debemos hacer de forma contundente. De manera inmediata se deben tomar decisiones políticas en materia de recursos, para que todos los niñ@ tengan garantizadas la debida atención, nutrición y estimulación; que las entidades públicas y privadas que atienden menores de edad tengan controles de calidad estrictos, de personal, infraestructura y seguridad; y revisar de fondo y con prioridad en el Congreso, toda la legislación para que en este país quede claro, que cualquier delito cometido contra un niñ@, por leve que sea, será castigado con severidad.

Está comprobado que los abusadores, pederastas y en general aquellas personas que atentan contra los niños, no se recuperan. Que la reincidencia de los delitos es alta, ya sea porque son enfermos crónicos como los sicópatas o porque sus conductas están asociadas a ambientes culturales, sociales y legales permisivos, - como el nuestro - frente al maltrato y al abuso, lo cual se convierte en un escenario devastador contra los niñ@s. En cualquier caso y aún pudiendo recuperar a estos criminales y aceptando que se puedan “arrepentir”, es impensable el “perdón y olvido”.

Por estas razones, la bancada peñalosista en la Cámara de Representantes, junto con parlamentarios de otros sectores políticos, radicará el 20 de julio un proyecto de reforma constitucional, que busca que en Colombia puedan ser castigados hasta con prisión perpetua, el asesinato, la explotación y el abuso sexual, el secuestro, el maltrato brutal y el reclutamiento forzoso de niñ@s menores de 14 años. Es ante todo definir con hechos y no con discursos, que efectivamente los derechos de los niñ@s prevalecen sobre los de los demás.

Por supuesto, es tan solo una, de las muchas decisiones que debemos tomar para poder garantizar a todos los niñ@s Colombianos: Primero, que sean deseados y amados desde su concepción; reconocidos, protegidos y queridos por sus familias; respetados por todos los adultos que los rodean; tengan garantizada su nutrición, salud y educación. Sencillamente tengan derecho a ser niñ@s felices, porque su felicidad en si misma, producirá el país y la sociedad que todos soñados. Es una deuda pendiente que debemos pagar.