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| 6/19/2005 12:00:00 AM

Fin de la impunidad

La Corte Suprema argentina dejó sin piso las leyes de Punto Final y Obediencia Debida que protegían a los militares que habían cometido actos de violación de derechos humanos durante la dictadura. ¿Cómo afecta esta decisión a Colombia?

La histórica decisión de la Corte Suprema de Justicia argentina de declarar inconstitucionales las leyes de impunidad que dejaron sin castigo a todos los militares culpables de delitos de lesa humanidad durante la dictadura (1976-1983), sienta un precedente internacional de gran trascendencia en la lucha por la defensa de los derechos humanos.

Con más de 20 años de retraso, las instituciones estatales argentinas han puesto fin a esta asignatura pendiente, gracias a la larga lucha de madres y abuelas de la Plaza de Mayo, de familiares de desaparecidos, de sobrevivientes y de toda la sociedad, que desde entonces busca castigo para los responsables de la muerte y la tortura de cerca de 30.000 desaparecidos y de la sustracción de más de 500 niños nacidos en cautiverio.

Al terminar la dictadura en 1983, durante el primer gobierno democrático de Raúl Alfonsín, se llevó a cabo el histórico juicio a las juntas militares, que en 1985 condenó a Jorge Rafael Videla, Emilio Massera y demás altos responsables de las Fuerzas Armadas. Pero cuando los jueces empezaron a citar a miles de militares acusados por haber pertenecido a la gigantesca estructura clandestina del terrorismo de Estado, el descontento se apoderó de los cuarteles y hubo dos intentos de golpe de Estado.

Asustado, Alfonsín promovió en 1986 la ley de Punto Final, dando un plazo de 60 días para presentar todas las demandas existentes contra los acusados de violaciones a los derechos humanos, tras lo cual prescribía la acción penal. La indignación social hizo que las miles de demandas presentadas rebasaran los juzgados convirtiendo la ley en papel mojado, y el gobierno tuvo que impulsar en 1987 la ley de Obediencia Debida, liberando de responsabilidad a todos los militares que actuaron recibiendo órdenes. Más de 1.000 militares fueron desprocesados. El broche de oro a la impunidad fue el indulto decretado por el gobierno de Carlos Menem en 1989 y 1990 perdonando a los generales condenados en los juicios de 1985.

El clamor internacional llevó a que se abrieran juicios en Italia, Alemania, Francia y España contra los militares argentinos, al tiempo que en el país la presión social llevó a que se reabrieran distintas causas por el delito de sustracción de bebés, que no estaba contemplado en las dos leyes de impunidad. En el año 2001, un juez declaró la inconstitucionalidad de las dos leyes y en 2003 el Congreso las anuló, pero faltaba la decisión de la Corte para poner la cruz sobre la tumba de la impunidad.

Falta que se anulen los indultos otorgados por Menem, pues se produce la paradoja de que podrán ser juzgados los subordinados, pero los altos jerarcas de la represión todavía se escudan en el perdón presidencial.
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"Esta decisión no es sólo pertinente a Argentina", dijo a SEMANA Juan Gabriel Tokatlián, director de ciencias políticas y relaciones internacionales de la Universidad de San Andrés en Buenos Aires. "En los últimos dos años Lula buscó que se abran los archivos militares en Brasil, Tabaré Vásquez prometió que iba a haber una mirada más realista en materia de derechos humanos en Uruguay, Ricardo Lagos ha sido muy claro en su respaldo a que opere el sistema jurídico y no la impunidad en el caso de Pinochet en Chile, y Néstor Kirchner impulsó que el pasado de los años 70 no quedara en el olvido ni se legitimara la impunidad en Argentina".

"Hay cuatro mandatarios que pusieron en su agenda la cuestión de derechos humanos. Álvaro Uribe va a ser percibido como alguien que no está en esa corriente", agregó Tokatlián, al referirse al proyecto de ley de Justicia y Paz que se discute en el Congreso colombiano. "En vez de aprovechar la lucha contra el paramilitarismo para terminar la impunidad, esta ley es lo contrario, porque hay una percepción generalizada de que en aras a llegar a un acuerdo de paz, la ley no aporta nada a la justicia, la equidad, la memoria y a sancionar las atrocidades cometidas por los paramilitares".

Otra lección aplicable a Colombia es que "en Argentina la política de derechos humanos es cuestión de Estado, en la que coinciden los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, como lo demuestra el hecho de que el Congreso declaró nulas las leyes del perdón, la Corte las declaró inconstitucionales, y el Presidente dio señales explícitas de que el pasado no debe quedar en la impunidad". La conclusión es que "se necesita una mirada de los tres poderes que refuerce la protección de los derechos humanos y rechace la inmunidad".

Tokatlián señala una última lección: que las flagrantes violaciones a los derechos humanos "no son temas que en la memoria colectiva puedan dejarse en el pasado si se resuelven de manera parcial o limitada. Las violaciones no prescriben en el sentimiento de una sociedad. Los Estados pueden declarar amnistías, indultos, todo, pero no termina ahí", como lo demuestra Argentina.

En Colombia, "el Estado podrá aprobar la ley que quiera y Uribe hacer lo que le parezca, pero si no se resuelve con elementos de justicia y resarcimiento, más temprano que tarde la cuestión va a reaparecer. Ojalá la sociedad y el Estado colombiano tengan una mirada de más largo plazo y entiendan que si se resuelve mal, esto volverá a ser una caja de Pandora que reaparece, porque más allá de los Estados, las sociedades tienen memoria y necesidad de justicia. Solamente reconociendo el horror es posible superar el horror".

Como dijo el poeta Mario Benedetti refiriéndose al fallo de la Corte, "los pueblos van aprendiendo para no morir".

*Corresponsal de SEMANA en Argentina

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