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| 12/18/2007 12:00:00 AM

Fiscalía busca establecer si Chiquita Brands fue extorsionada o colaboró con las AUC.

Los representantes legales de la multinacional Chiqita Brands, Unibán, Probán y Sunisa-DelMonte, deberán presentarse en la Fiscalía para rendir indagatoria por los delitos de concierto para delinquir agravado.

El juez de distrito de Washington D.C. Royce Lamberth, en septiembre de este mismo año le impuso una multa a Chiquita Brands tras comprobarse que la multinacional había hecho más de 100 pagos a las Autodefensas Unidas de Colombia por un total de 1,7 millones de dólares, entre 1997 y 2004. El dinero, como es sabido, fue utilizado para financiar la compra de armas y los consecuentes delitos de lesa humanidad, como masacres contra la población civil, secuestros y extorsiones en el noreste de Antioquia. Se calcula que más de 10.000 personas fueron asesinadas en la región de Urabá.

Según los fiscales del Departamento de Justicia de Estados Unidos, Chiquita Brands no sólo financiaba grupos paramilitares sino que en ocasiones ingresó armamento a Colombia que iba a parar a las manos de los grupos comandados por Vicente y Carlos Castaño. Versión que coincidía con las declaraciones de Carlos Castaño en el periódico El Tiempo el 2 de junio de 2002, cuando reconoció que el mayor triunfo había sido ingresar armamento por esa zona, que obviamente se hacía bajo el auspicio de la filial de la multinacional Banaldex. Tres años después Chiquita Brands reconoció haber financiado el grupo que Estados Unidos habían clasificado como terrorista el 10 de septiembre de 2001.

Paradójicamente, en 2004, César Gaviria Trujillo presidió la premiación de la OEA a la Chiquita Brands por su “responsabilidad social contra la pobreza y la corrupción”.

La multinacional alegó que había sido obligada a pagar con el “único objetivo de proteger las vidas de sus empleados y de sus familias”, y que los pagos realizados antes del 10 de septiembre de 2001 no eran ilegales. Sin embargo, hay indicios de que los pagos se hicieron en mutuo acuerdo entre los dirigentes de la empresa bananera y las AUC, a través de las Convivir de nombre ‘Papagayo’, que en ese entonces era dirigida por Arnulfo Peñuela, hoy alcalde del municipio de Carepa, Antioquia. Esta versión fue ratificada por Salvatore Mancuso, quien además señaló a Raúl Hasbún, como el intermediario y posterior jefe del Bloque Bananero.

Seis de los directivos de Chiquita Brands y los responsables de Unibán, Probán y Sunisa-DelMonte, quienes están acusados por pagar aportado tres centavos de dólar por caja de banano exportada entre 1995 y 2004, deberán responder ante la Fiscalía, como confirmó El Tiempo, por los delitos de concierto para delinquir agravado y financiamiento de los grupos ilegales. El fiscal general, Mario Iguarán explicó que se trata de la comprobación si realmente hubo una extorsión, como ha alegado la defensa de la multinacional, o si se trató de un financiamiento voluntario.

Las familias de las víctimas de los grupos paramilitares en Urabá celebraron la decisión de la Fiscalía. Ellos esperan que se haga justicia, que sean extraditados los dirigentes de las empresas extranjeras implicadas en el financiamiento de estos grupos. En Caracol Radio, Carmen Palencia destacó que fueran escuchadas las peticiones de justicia hechas por los agraviados. Además reconoció como un primer paso para que muchos campesinos desplazados de la región puedan recuperar sus tierras y ver que sí se hace justicia.
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