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| 11/29/2007 12:00:00 AM

Fiscalía y víctimas apelarán decisión del juez que absolvió al general Jaime Humberto Uscátegui

Familiares de las víctimas de la masacre de Mapiripán ocurrida en 1997 creen que el oficial debe pagar por el genocidio. “Estos es un triunfo de la justicia divina y de la justicia colombiana”, dijo el general al conocer la noticia.

Cuando los familiares de las víctimas de la masacre de Mapiripán conocieron la noticia quedaron estupefactos: el juez noveno especializado de Bogotá absolvió al general Jaime Humberto Uscátegui por homicidio agravado, secuestro y omisión de denuncia cuando era comandante de la Brigada Séptima con sede en el Meta, pero lo condenó a 41 meses por falsedad en documento, pena que ya cumplió pues desde 1999 se encuentra en la cárcel. 
 
Para las víctimas, el oficial retirado (el de más alto rango investigado por una masacre) debe pagar por lo que ocurrió entre el 15 y el 20 de julio 1997, cuando centenares de paramilitares acabaron con la vida y desaparecieron a por lo menos 50 habitantes del sitio. “Es absurda... inaudita” la absolución, dijo el abogado Eduardo Carreño, defensor de 11 familias de víctimas de dicha matanza.

La Fiscalía apelará la decisión ante el Tribunal Superior de Bogotá. El fiscal Leonardo Augusto Cabana, quien dirigió las investigaciones de la matanza, dijo que Uscátegui y el coronel Hernán Orozco (prófugo de la justicia pero condenado a 40 años de cárcel por el juez) “tenían una responsabilidad de garantes, tenían el deber de proteger a la población, donde tenían conocimiento previo sobre la presencia de paramilitares (...) se mantendrá la orden de captura contra el coronel Hernán Orozco, esté donde esté”, dijo el fiscal a la agencia AP. “Nosotros nos uniremos a la apelación y si es necesario llegaremos a la sala penal de la Corte Suprema”, dijo el abogado de las víctimas.

La historia de la masacre de Mapiripán es escalofriante. El 12 de julio del 97, dos aviones partieron desde el Urabá antioqueño llenos de paramilitares. Aterrizaron en el aeropuerto de San José del Guaviare, donde está instalada una base antinarcóticos de la Policía. Luego llegaron a Mapiripán, Meta, por río y carretera. Con su llegada se inició una masacre que duró varios días y sobre la cual el desaparecido líder, Carlos Castaño, admitió que habían sido asesinadas 49 personas. La mayoría fueron arrojadas al río, pues apenas se hallaron 5 cadáveres. Las autoridades civiles, entre ellas el juez, alertaron a los militares sobre lo que ocurría en ese remoto poblado. Pero no encontraron respuesta. Así, los paramilitares pudieron recorrer la zona a sus anchas, sin ningún tipo de impedimento.

Con esta matanza se inició la expansión de las AUC, que hasta entonces estaban en Urabá y Córdoba, para conquistar los territorios dominados por las Farc. Las atrocidades cometidas por los paramilitares contaron con la complacencia y la complicidad de varios miembros de la fuerza pública, la mayoría de ellos ya sentenciados. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ya condenó a la nación por este hecho.

El general Uscátegui había sido condenado por la Justicia Penal Militar en el 2001 por prevaricato por omisión en el mismo caso, pero ahora el juez no encontró méritos que demostraran su responsabilidad directa en la masacre. Solo lo halló culpable de falsificar un documento que advertía la alerta por la presencia paramilitar en la zona.

“Esta acusación me la hizo el coronel Orozco”, dijo Uscátegui al conocer la noticia de su absolución y de la condena del otro oficial. “Estos es un triunfo de la justicia divina, de la justicia colombiana. Es un acto esperanzador para todos los inocentes que se encuentran en las cárceles”, dijo

El comandante del Ejército, general Mario Montoya Uribe, se acercó en la mañana de este jueves hasta las instalaciones de la escuela de Infantería en Bogotá, donde se encuentra recluido el general Uscátegui. Al parecer, le ofreció incluso las instalaciones del Ejército para dar una rueda de prensa que se tiene programada para hoy en las horas de la noche

Con la condena a Orozco se suman diez sentencias por el caso de Mapiripán. En febrero de 2005, el coronel retirado Lino Sánchez Pardo, quien se desempañada como comandante de la Brigada Móvil no. 2, fue vinculado al caso por omisión y fue condenado a 40 años de prisión por el Tribunal Superior de Bogotá. Sin embargo, mientras cumplía la pena, falleció. 
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