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| 12/10/2007 12:00:00 AM

Formulan pliego de cargos a miembros de la Policía por las “chuzadas”

La Procuraduría decidió formular un pliego de acusaciones contra seis miembros de la Dipol por haber incurrido en “presuntas faltas disciplinarias” por el episodio de las chuzadas del mes de mayo.

El episodio de las chuzadas que terminó con la destitución de la cúpula de la policía tiene un nuevo capítulo tras conocerse la decisión de la Procuraduría General de la Nación de formular un pliego de cargos “por incurrir en presuntas faltas disciplinarias” contra seis miembros de la Policía Nacional. Parte de estas interceptaciones trascendieron a la opinión pública y dieron a conocer que varios ex integrantes de las AUC continuaban delinquiendo desde la prisión.

Los implicados en esta investigación son: el General Guillermo Julio Chávez Ocaña, director de la Dirección de Inteligencia de la Policía Nacional (Dipol); el Teniente Coronel Luis Antonio Ruda Velosa, jefe del Área de Producción de Inteligencia de la Dipol; el Teniente Coronel Jairo Noe Ariza González, jefe del Área de Producción de Inteligencia de la Dipol; el Teniente Coronel John Lizarazo Suárez, jefe del Grupo de Seguridad Interior; la Mayor Gloria Lucia Otálora Gómez, jefe del Grupo de Ingeniería y Soporte de la Dipol; la intendente Alisneider Gómez Rondón, quien hacia parte del Grupo de Ingeniería y Soporte de la Dipol y ejercía como administradora del servidor de la entidad.

Según la Procuraduría los miembros de la institución “desconocieron los derechos fundamentales de quienes participaban en las negociaciones de paz y de los visitantes que ingresaban a las zonas de ubicación previstas con la debida autorización de las instancias gubernamentales encargadas del proceso”.

Las labores del General Chávez Ocaña y el Teniente Ruda Velosa era informar sobre teléfonos, frecuencias radiales y coordenadas que debían reposar en el comando del departamento. Sin embargo habrían incurrido en una extra limitación de sus funciones al acceder al contenido de esas comunicaciones. A los acusados también se les imputa no haber protegido los controles de seguridad.

Respecto de filtrar el contenido de esas interceptaciones a Semana se vincularon a la Mayor Otálora Gómez y a la Intendente Gómez Rondón “por ser ambos efectivos de la Policía quienes estaban directamente a cargo de la administración del sistema y de los discos que conforman los archivos y garantes de su seguridad”, dijo la Procuraduría.

El Mayor Pedraza Rocha y el Teniente Coronel Ruda Velosa deberán responder por la “presunta participación en la manipulación y destrucción de información sometida a reserva con el ánimo de entorpecer y obstruir las investigaciones ordenadas”.

“Nada autorizaba a estos servidores públicos a que desconocieran la prohibición de interferir comunicaciones privadas en presencia de un proceso de paz y en el cual cada organismo judicial y de la Fuerza Pública cumplía sus funciones, incluyendo la Dijin y la Fiscalía General de la Nación”, reiteró el organismo.


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