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| 6/21/2007 12:00:00 AM

Fracasó intento por blindar elecciones contra presión de los armados

Óscar Sevillano, del observatorio del conflicto armado de la corporación Arco Iris, analiza el impacto del hundimiento de la reforma electoral en los comicios regionales de octubre.

El gobierno del presidente Uribe a través del Ministro del Interior Carlos Holguín presentó a consideración del congreso el proyecto de reforma constitucional mediante el cual se busca ante todo blindar futuros comicios electorales, pero a causa del ausentismo de la bancada uribista, nuestro país estará sometido al riesgo de que en las elecciones de 28 de octubre siga existiendo saboteo electoral de parte de las FARC para que en las regiones donde ejercen control no haya comicios, e injerencia y presión armada de parte de las mafias regionales y nacionales derivadas del narcotráfico y el paramilitarismo para que en los municipios y departamentos donde tienen asentamiento se vote por el candidato que ellos apoyan.

La discusión sobre la reforma constitucional que pretendía castigar a los partidos políticos que presentaran candidatos financiados con dineros de dudosa procedencia se hundió el pasado martes debido a que no se cumplió con el quórum necesario en el senado. Y por su parte los representantes a la cámara de la bancada uribista se encargaron de que también fracasara el proyecto de ley estatutaria que reforma el régimen electoral.

La reforma constitucional pretendía modificar el artículo constitucional 108 en el sentido de aumentar el umbral del dos (2%) al cinco (5%).

Frente a este punto el Representante a la Cámara Guillermo Rivera dice que para que un partido político tenga sentido necesita tener presencia nacional pero más que presencia nacional, necesita de un discurso nacional que lo identifique con una propuesta determinada sobre reforma agraria, sobre reforma urbana, sobre desarrollo económico, sobre política exterior. Un partido pequeño, que se estructura con el propósito de alcanzar una curúles en el congreso, regional además, que no deja de ser una agremiación de un conjunto de intereses que se suman para lograr la curul, difícilmente va a tener ese tipo de presencia nacional y ese tipo de perspectiva de discurso frente a la sociedad, por esto el defiende el aumento del umbral al 5%, idea que no comparte la senadora Gina Parody (del Partido de la U) porque, según ella, dicho aumento acaba con los grupos minoritarios y no garantiza que las justas electorales estén libres de presiones de fuerzas ilegales.

Por otro lado el senador y vocero del Movimiento Alas Equipo Colombia Oscar Darío Pérez argumenta que dicha reforma constitucional atenta contra la democracia ya que se retornaría al Frente Nacional al garantizar únicamente el fortalecimiento de dos partidos (Liberal y Conservador).


Por su parte el vocero en el senado de la bancada liberal Juan Fernando Cristo, se muestra un poco incrédulo frente a los resultados de este proyecto pues cree que el problema es que cuando el gobierno y sus mayorías aprobaron la ley de justicia y paz no hicieron lo necesario para que se garantizara el desmonte de las estructuras paramilitares en Colombia. Para él es claro que mientras subsistan estos grupos y también grupos guerrilleros, no habrá posibilidad de blindar las elecciones.

Lo cierto es que el fortalecimiento de los partidos hay que promoverlo, pero para eso no basta con aumentar el umbral, ya que posiblemente movimientos y partidos políticos regionales como Apertura Liberal, Convergencia Ciudadana, Colombia Viva, etc., podrían unirse en uno solo con el ánimo de alcanzar el umbral exigido por la ley para sostenerse en el panorama político avalando candidaturas de personas que más adelante podrían resultar vinculadas con grupos armados al margen de la ley. Por esto es necesario que los partidos políticos ejerzan la responsabilidad por sus candidatos mediante la perdida de la curul y la posibilidad de que se queden sin la personería jurídica, es decir, obligándolos a comprometerse de manera responsable en el momento de establecer sus listas.

El senador de Cambio Radical Germán Vargas Lleras piensa que ningún proyecto puede garantizar la no infiltración de los grupos ilegales en las elecciones regionales, pero está seguro de que las normas sancionatorias harán pensar mucho en circunstancias de compromisos con grupos ilegales. Por esto tanto él como su bancada lamentan que parte del grupo de congresistas que apoyan al gobierno central se hayan portado de manera irresponsable.

Otro de los puntos que generaron controversia fue el voto obligatorio a partir de 2010 como ensayo durante 12 años. A favor se mostraba el senador del Partido de la U, Armando Benedetti, quien acude a ejemplos como el de Perú en donde según él, se tomó la cultura del voto por parte de los ciudadanos. Benedetti cree que con dicha modificación las maquinarias electorales se reventarían y no tendrían para pagar la votación del 100% del censo electoral en determinados lugares. En contra estuvo la senadora del Partido de la U Gina Parody, quien asegura que son mejores los incentivos porque el voto obligatorio no garantiza transparencia en las elecciones y puede hacer, en cambio, que en las zonas donde están los grupos ilegales el voto se vuelva más barato.

Para el representante Rivera el voto obligatorio equivaldría a renunciar al poder de persuasión y de argumentación en el momento de presentarle un discurso al ciudadano.

La propuesta también creaba el voto nominal y público para las corporaciones públicas, pérdida de reposición de gastos y pérdida de la curul para los partidos públicos con candidatos señalados.

Pero si la bancada uribista en el Senado no se logró alinear para la votación de dicho proyecto, la de la Cámara de Representantes no se quedó atrás.

En sus manos se encontraba la posibilidad de que las autoridades electorales (Registraduría y Consejo Nacional Electoral), tuvieran las herramientas necesarias para garantizar la transparencia en los futuros comicios electorales.
Esta reforma electoral traía consigo puntos como: financiación anticipada, requisitos a los partidos para otorgar avales, establecimiento de normas especiales a los partidos para seleccionar candidatos y le otorgaba herramientas al Consejo Nacional Electoral para resolver en las mismas mesas de votación las reclamaciones de los partidos por presuntos fraudes y anular votaciones en los casos que considerara evidentes.

Lo cierto es que por el momento y al menos para las siguientes justas electorales fue difícil evitar el acceso de los grupos ilegales y ya se escuchan denuncias como la del senador Armando Benedetti quien asegura que ya se conocen casos de trasteo de votos en el departamento del Atlántico en municipios como Juan de Acosta, donde el Dane certifica 8.821 ciudadanos para votar, y sin embargo el censo electoral registra 15.342 personas. En Piojo, el Dane dice que hay 2.988 personas mayores de 18 años, pero están inscritas para votar 5.619.

También se tiene el caso del Partido Liberal, que por amenazas a sus candidatos no presentaría candidatos en el departamento del Cesar y existen amenazas en ciudades y municipios de Antioquia, Valle, Meta, Caquetá, Cesar, Caldas, Risaralda y Sucre lo que hace difícil pensar que el fantasma de la parapolítica, la infiltración del narcotráfico y el sabotaje de las elecciones seguirá existiendo al menos hasta que en este país se trabaje por el fortalecimiento de los partidos políticos y se dejen de crear agremiaciones regionales con el solo interés de mantener una personería jurídica y se las haga pensar, más allá de las reformas, en planes integrales basados en la difusión de una cultura política.






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