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| 2/28/2007 12:00:00 AM

Francisco Lloreda: “Si son culpables que paguen con creces”

El ex ministro de Educación sufre un duro tropiezo en su intención de ganar la Alcaldía de Cali –todas las encuestas lo dan como seguro triunfador– por la sentencia a nueve años de prisión a su tío, Álvaro José Lloreda Caicedo; y a su primo Jorge Alberto Lloreda Garcés, por el delito de estafa. Toda la historia del escándalo.

Un fallo de primera instancia contra un tío y un primo del ex ministro de Educación Francisco Lloreda, es el primer gran obstáculo que se le presenta en su carrera por la Alcaldía de Cali. El aspirante sabe de la gravedad del tropiezo y de inmediato reaccionó: “Si son culpables que paguen con creces”. Y aunque aclaró que le duele la situación por su condición de familiares sentenció que las responsabilidades por los actos de las personas deben ser individuales y deben ser asumidos ante quien corresponda en una clara alusión a que los dos prófugos de la justicia deben presentarse.
 
La reacción del actual director del diario El País de la ciudad de Cali se produjo horas después de conocerse la noticia. A una pena de nueve años de cárcel fueron condenados Álvaro José Lloreda Caicedo y Jorge Alberto Lloreda Garcés, padre e hijo respectivamente, a quienes la juez segunda penal del circuito de descongestión de Bogotá, Claudia Marcela Castro Martínez, halló culpables del delito de estafa agravada. Además, la juez condenó a los dos implicados al pago de 13.000 millones de pesos a favor del liquidado Fondo Especializado Financiero de Cali (Bancali).

La defensa de los condenados, a cargo del jurista Yesid Reyes Alvarado, anunció que apelará la sentencia de primera instancia, porque considera que “ésta no tuvo en cuenta todas las pruebas que, practicadas en juicio, demuestran la absoluta transparencia con que actuaron los señores Lloreda en la operación investigada”. En la misma sentencia la juez absolvió a David Toledo, ex gerente de Bancali, del delito de peculado.

En una entrevista este miércoles con La W, Lloreda Caicedo también manifestó su inocencia, pidió a la ciudadanía no vincular su caso con la aspiración de su sobrino a la Alcaldía del departamento del Valle pero también reiteró su negativa a presentarse ante las autoridades.

Todo empezó en 1991

La historia comenzó en 1991 cuando el gobierno decidió liquidar Colpuertos y creó Foncolpuertos. Un fondo que se encargaría de atender las reclamaciones laborales de 18.000 ex trabajadores. Como Foncolpuertos demoraba mucho en hacer los pagos, un buen número de trabajadores consiguieron, en algunos casos con medios poco claros, que los jueces les reconocieran millonarias pensiones e indemnizaciones a través de sentencias o actas de conciliación.

Con base en ellas los jueces emitían mandamientos de pago. Estos le ordenaban a Foncolpuertos pagar en forma irrevocable. Las irregularidades en estos documentos sólo se conocieron en 1999 cuando la Fiscalía inició sus investigaciones, que derivaron en uno de los mayores escándalos de corrupción en la historia reciente del país.

¿Cero riesgos?

Las entidades financieras del grupo Lloreda aparecieron en escena un año antes de que estallara el escándalo, en 1998. La Fiduciaria del Pacífico adquirió los derechos y acreencias de algunos ex trabajadores de Colpuertos. Estos títulos valores fueron posteriormente vendidos a Bancali. En su momento, David Toledo, entonces gerente de esa entidad, recomendó la negociación a la junta directiva, y la justificó con el argumento de que por tratarse de deudas de la Nación con los trabajadores de Colpuertos “el riesgo era mínimo”.

Muchos de los trabajadores que, pasados siete años de la liquidación, no habían recibido un peso de Foncolpuertos decidieron entregar sus mandamientos de pago a Fidupacífico, cuyo presidente era Jorge Alberto Lloreda, hijo de Álvaro José Lloreda.

El negocio consistía en constituir una fiducia con los mandamientos para que Fidupacífico los cobrara, los vendiera o les consiguiera a los ex trabajadores préstamos garantizados con la fiducia. Los ex empleados portuarios conseguirían su dinero de inmediato, así una parte se quedara en los intermediarios. Y la fiduciaria basaba su negocio en que el Estado al final tendría que cumplir con los mandamientos de pago pues habían sido avalados por jueces de la República.

Una parte de los derechos fiduciarios que los ex trabajadores de Colpuertos tenían en Fidupacífico, respaldados por los mandamientos respectivos, fueron adquiridos por la Corporación Financiera del Pacífico, también propiedad de Álvaro José Lloreda. Esta entidad, a su vez, en octubre de 1998 ofreció venderlos a Bancali, entidad pública dedicada a hacer inversiones con el dinero del municipio. El 28 de diciembre de 1998 Bancali pagó 13.000 millones de pesos a Corfipacífico y se quedó con unos derechos fiduciarios respaldados por mandamientos de pago a favor de ex trabajadores de Colpuertos. La transacción se cerró cuatro días después de que la Superintendencia Bancaria le ordenó a Corfipacífico hacer una capitalización por 18.000 millones de pesos, dada la grave situación de iliquidez que enfrentaba esta entidad.

La fecha del destape

En 1999 estalló el escándalo de Foncolpuertos. Se comenzaron a destapar los fraudes y falsificaciones de actas de conciliación por los que muchos ex trabajadores pretendían cobrar pensiones multimillonarias. Las sumas que tendría que pagar el Estado por concepto de estas falsificaciones eran exorbitantes y pondrían en jaque al fisco. Se llegó a calcular en 2,5 billones de pesos, una cantidad equivalente a la que se recauda en una reforma tributaria.

Esto llevó a que en mayo de 2000, el Ministerio de Trabajo ordenara suspender algunos pagos y pidiera a la Fiscalía investigar las conciliaciones. Entre estas estaban las que respaldaban los derechos que el fondo de Cali le había comprado a la financiera de Lloreda. En otras palabras, la Alcaldía de Cali, que había pagado 13.000 millones de pesos por esos derechos, no podía cobrarlos hasta que la investigación se resolviera.

Hoy el Fondo de Inversión de Cali, Bancali, está en liquidación debido a las pérdidas que acumuló entre 1997 y 2000 no sólo por este negocio sino por otros muchos con resultados parecidos. El escándalo llevó a la Fiscalía a investigar la operación entre Corfipacífico y Bancali, llegando a la conclusión de que si bien los implicados no tuvieron nada que ver con las falsificaciones de las actas de conciliación, Lloreda y su hijo sí vendieron los derechos económicos originados en ellas a sabiendas de que tenían el riesgo de ser incobrables.

Entre las pruebas con que los fiscales sustentaron su acusación hay tres que, en criterio de la juez Martínez, la llevaron a decretar la sentencia. La primera demuestra que siete días antes de la operación, la coordinadora jurídica de Foncolpuertos había enviado a Fidupacífico una carta en que aclara que “dadas las irregularidades y falsificaciones detectadas por la Fiscalía a un gran número de mandamientos de pago y sentencias, Foncolpuertos no se compromete a ordenar su pago”.

La segunda aduce que por la investigación que hizo Fidupacífico, cuando aceptó el encargo fiduciario de los ex trabajadores de Colpuertos, debía haber sabido que algunas de las conciliaciones que daban lugar a los órdenes de pago eran falsas. El último argumento de la Fiscalía es que la urgencia que tenía Corfipacífico de capitalizarse en 18.000 millones de pesos para no ser intervenida hace aún más sospechosa la operación.

Al emitir su condena la juez Martínez consideró que los dos implicados conocían los problemas que tenían los mandamientos de pago y que aún así, resolvieron vendérselos a Bancali. “Los directivos del Grupo Pacífico intencionalmente ocultaron la información que les había sido suministrada acerca del posible no pago de los activos de Foncolpuertos”, dice el fallo.

Las cartas de la defensa

El fallo judicial sólo quedará en firme una vez la sala penal del Tribunal Superior de Bogotá estudie la apelación que presentará la defensa de los implicados. No obstante, la defensa de Álvaro José y Jorge Alberto Lloreda afirma que “el juzgado no tomó en consideración que hay constancias de que la Superintendencia Bancaria, el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Protección Social y la directora jurídica de Foncolpuertos nunca objetaron el negocio por el que fueron condenados los sindicados y, por consiguiente, jamás les advirtieron a los Lloreda que no podían negociar mandamientos ejecutivos de Foncolpuertos”.

“Es tan evidente –añade Reyes– que cuando los Lloreda efectuaron la negociación no había cuestionamiento alguno de la justicia sobre actas de conciliación suscritas por Foncolpuertos, que la Fiscalía sólo mencionó por primera vez la posible falsedad de las mismas en marzo de 1999; de hecho, el Ministerio de Hacienda sólo autorizó de manera genérica el no pago de esas obligaciones en julio de 1999 y el Ministerio del Trabajo sólo tomó la determinación de no pagar algunas de esas obligaciones en mayo de 2000, muchos meses después de la negociación por la que se condenó a los Lloreda”.

Finalmente, el abogado de los implicados resalta que “una prueba más de la absoluta transparencia con la que los señores Lloreda actuaron, la constituye el hecho de que en su momento ellos informaron de las operaciones realizadas a 11 entidades distintas del Estado”.

La batalla jurídica continuará ante el Tribunal Superior de Bogotá, mientras tanto al ex ministro Francisco Lloreda, su tercera aspiración por la Alcaldía de Cali se le pone cuesta arriba, pues sus oponentes políticos aprovecharán esta situación para demeritarlo frente a la opinión pública, algo que ha venido sucediendo de tiempo atrás con vallas y pancartas anónimas en su contra. Aunque Kiko, como se conoce popularmente al aspirante y director del diario El País, no tiene nada que ver con los enredos de esa rama de su familia y ha pedido que, si la justicia los encuentra culpables, les aplique todo el peso de la ley a sus familiares. Sin embargo, éstos siguen prófugos.
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