Miércoles, 7 de diciembre de 2016

| 2006/06/01 00:00

“Fue un acierto criminal”: Fiscal General

La muerte de un informante y 10 policías en Jamundí pudo haber sido un “mandado del narcotráfico” al Ejército, dijo el fiscal Mario Iguarán.

Este es uno de los vehículos en el que se movilizaban los 10 policías y el informante que fueron asesinados en Jamundí. (Foto: Cortesía diario Q´hubo)

Tres revelaciones de la Fiscalía General dieron hoy un nuevo giro a las investigaciones que se adelantan por la muerte de 10 policías y un informante en Jamundí, Valle, donde un grupo del Ejército disparó contra una comisión de policías la Dijín el 22 de mayo en una vereda conocida como Potrerito.

Primero, se demostró que los militares coordinaron el asalto contra los policías y que después trataron de confundir a los investigadores. Segundo, se investiga un “mandado del narcotráfico” en el que estaría involucrado el comandante del Batallón de Alta Montaña de los Farallones. Y tercero, las acciones del oficial, de los soldados y de los suboficiales no serán considerados actos del servicio.

Así lo confirmó el Fiscal General Mario Iguarán después de haberse conocido en la mañana de este jueves la captura de ocho de los 28 militares involucrados en el caso por orden de un juez de garantías. Iguarán dijo que la muerte de los uniformados en La Cristalina “no fue un error, fue un crimen. Fue un acierto, pero un acierto criminal”, ya que las pruebas técnicas aportadas por investigadores del CTI de la Fiscalía apuntan a que todo se trató de una emboscada.

“Comprobamos todas las pruebas y encontramos que había nueve campos de fuego, francotiradores, respuesta nula de los atacados. Es decir, encontramos lo que convendríamos en llamar una emboscada”, dijo Iguarán.

Por tal razón, fueron capturados el comandante del Batallón de Alta Montaña, coronel Byron José Carvajal Osorio; el teniente Harryson Eladio Castro Aponte; el sargento Viceprimero, Jaime Humberto Montenegro Castañeda; y los soldados Carlos Fernando Erazo Riascos, Luis Eduardo Carvajal Peralta, Nelson Enrique David Posso, José Alfredo Porras Mantilla y José Géiner Peñaranda Díaz, todos señalados de homicidio agravado.

El fiscal explicó, además, que a través de una triangulación en las comunicaciones (donde se rastrearon, entre otras, las últimas llamadas realizadas por el coronel y el teniente), se demostró que hubo coordinación antes, durante y después de los hechos. Es decir, que la emboscada se planeó por los propios militares, quienes la ejecutaron y después, intentaron unificar una versión ficticia para engañar a las autoridades.

En un principio, los militares dijeron públicamente que habían sido alertados de un posible secuestro en un centro comercial de Jamundí y que cuando vieron el carro de los policías dispararon por error. El fiscal Iguarán, sin embargo, aseguró que “Quisieron fraguar una coartada (...) no vamos a permitir que obstruyan la justicia y no vamos a permitir que enloden la honra, el buen nombre y el honor de la Fuerza Pública colombiana, Policía o Ejército”. Aseguró que el CTI explora la posibilidad de que el operativo haya sido un “mandado del narcotráfico” al Ejército.

Aunque Iguarán no dio detalles de por qué se sospechaba que los militares habrían actuado a favor de mafiosos, fuentes de la Fiscalía dijeron a Semana.com que se investiga por qué el coronel Carvajal tenía en su cuenta de ahorros en el mes de Febrero algo más de 40 millones de pesos, una suma que no es frecuente entre militares, cuyo salario para ese rango no supera los 3 millones de pesos.

La última gran conclusión del Fiscal General es que ninguno de los militares se encontraba en actos del servicio y, en consecuencia, el caso definitivamente no pasará a manos de la Justicia Penal Militar, sino que será juzgado por la justicia ordinaria. “Ninguno de ellos (los militares) se encontraba ejecutando acciones propias del Ejército, no estaban en cumplimiento de sus funciones legales”, puntualizó. Explicó que los soldados no habían recibido ninguna orden para hacer un operativo en el lugar.

Los ocho militares del Batallón de Alta Montaña capturados en la madrugada de este jueves fueron trasladados a las instalaciones de la Tercera Brigada del Ejército, con sede en Cali, donde permanecerán recluidos hasta el viernes en la tarde, cuando comience la audiencia pública sobre el caso.

Los antecedentes

Esta historia comenzó el lunes 22 de mayo, cuando –según lo dicho por el general Oscar Naranjo, director de la Dijín- 10 policías de un comando antinarcótico llegaron por orden suya a una vereda en la zona de La Cristalina, en el municipio de Jamundí (Valle) buscando decomisar un cargamento de droga. Inexplicablemente, un escuadrón militar del Batallón de Alta Montaña “Rodrigo Lloreda”, que también se encontraba en el lugar, mató a los policías y a un informante que los acompañaba. (Ver "Fusilados")

Aunque en un principio se habló de “fuego amigo”, las versiones de la Policía, del Ejército, del Presidente y Vicepresidente de la República hicieron pensar que todo apuntaba a que los miembros de la fuerza pública habían actuado en complicidad con narcotraficantes de la zona bajo el mando de Diego Montoya, del Cartel del Norte del Valle. Las recientes revelaciones de la Fiscalía parecerían confirmar estas sospechas. (Ver "El Gobierno cuestiona...")

La investigación penal por lo ocurrido está en manos del ente acusador, mientras que la Procuraduría Regional, a través de la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales, está a cargo de la parte disciplinaria.

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