Fueron necesarias más de cien votaciones para elegir al nuevo presidente del Consejo de Estado

Por fin, después de un centenar de rondas de votación, se conoció el nombre del nuevo presidente del Consejo de Estado. El magistrado Gustavo Aponte dirigirá al Tribunal este año, luego de tres meses que se tomaron sus colegas para elegirlo. La lentitud en la escogencia del nuevo presidente es la mayor muestra de las dificultades que se viven al interior del organismo a la hora de elegir a un consejero de estado.

Aunque desde un principio Aponte era el más opcionado, tuvo que sortear el juego político entre los grupos que se manejan dentro del Tribunal. Durante este año, en los pasillos del Palacio de Justicia se hablaba de acuerdos para que los conservadores desistieran de la presidencia del Consejo este año, ante la seguridad de conseguirla en 2008. También se supo que los contendores del magistrado Aponte, Jesús Lemus y María Inés Ortiz ofrecieron retirarse de las votaciones, pero a pesar de ello seguían teniendo votos, por lo que volvían a la pelea.

Aunque para cualquier persona toda esta situación y los más de cien intentos de votación resulten todo un fenómeno, solo exponen una situación normal dentro del Consejo de Estado. La norma para elegir tanto a los magistrados como a su presidente es que se necesitan dos tercios de los votos a favor. Esto quiere decir que 18 de los 27 magistrados tienen que ponerse de acuerdo, no sólo para elegir quién regirá el tribunal durante un año, sino quien entrará como nuevo magistrado.

Esta exigencia generó pujas dentro del Tribunal que hoy parecen interminables. Tanto así que el antecesor de Aponte, Ramiro Saavedra Becerra, trabajó ‘horas extras’ durante casi tres meses. Y no solo eso, sino que el tiempo que los magistrados tardaron en la elección de Aponte se perdió para tramitar procesos nada fáciles, como los de pérdida de investidura de congresistas y el tan sonado fraude electoral de 2002.

Si bien es cierto que en el Consejo de Estado trabajan los abogados más capaces, tampoco se puede dejar de lado que los magistrados llegan a ese cargo por movidas políticas. El nombramiento de un magistrado se da por la elección entre una terna propuesta por el Congreso. Y esa es la oportunidad ideal para que los partidos y los políticos quiten y pongan fichas en los puestos más influyentes de la rama judicial.

De ahí se deriva la dificultad a la hora de elegir. Para nadie es un secreto que, por lo general, los magistrados del Consejo se reúnen en dos bandos más o menos parejos. Por eso, llegar a elegir a una persona con dos tercios de la votación es una tarea titánica.

El senador Héctor Helí Rojas resume la situación así: “la mayoría se ve bloqueada por una minoría que se vuelve persistente” y mover los votos necesarios parece un imposible. Por eso, el senador está seguro de que todo se solucionaría con un cambio en la legislación que permita que los magistrados puedan elegirse con la típica fórmula de la mitad más uno.

La incomodidad y el desgaste que dejó el centenar de votaciones deja inquieta a la opinión pública. Y eso, en una sociedad que cree que la justicia funciona mal en el país, es un golpe que la rama judicial debería evitar.