Fuerte ‘jalón de orejas’ al Vicepresidente por sus declaraciones sobre EU y la para-política

El presidente Álvaro Uribe Vélez ordenó darle un fuerte ‘jalón de orejas’ al vicepresidente Francisco Santos Calderón, quien en una entrevista con el canal RCN, transmitida en la noche del martes, sorprendió con algunas explosivas declaraciones. Entre otras cosas, el Vicepresidente afirmó que sería conveniente “replantear” las relaciones con ese país si el Congreso estadounidense no aprueba el Tratado de Libre Comercio, TLC. En la charla televisiva también aseguró que el país tiene que estar preparado para las consecuencias judiciales que traerá el proceso de la para-politica ya que a su juicio éste hasta ahora va por la mitad de camino ya que al final irían a la cárcel entre 30 y 40 congresistas.
 
En la entrevista con el programa Primera Línea del canal RCN, Santos aseguró que para insatisfacción de muchos no serán ni 100 ni 200 los parlamentarios detenidos por sus presuntos vínculos con grupos paramilitares pero que “lo importante es que se le está dando la vuelta a la página de un capítulo doloroso en la historia del país y que la justicia está cumpliendo una labor eficaz”.
 
Las declaraciones produjeron un impacto enorme en la Casa de Nariño. Tras la emisión del programa trascendió que hubo reacciones encontradas por las consecuencias que esas opiniones generarían. No sólo en Washington de donde Uribe acaba de frentear a una bancada demócrata mayoritaria y que cada vez pone más trabas a la firma del TLC sino también en los pasillos del congreso colombiano en donde el tema de la para-política es altamente sensible.

Según la agencia de noticias AFP en su despachos al mundo contó que un Uribe “muy enfadado, se comunicó la noche del martes con el vicepresidente Francisco Santos para exigirle ‘enmendar el entuerto’ causado a la relación con Washington por sus declaraciones”.

Y según pudo establecer Semana.com, a primera hora de este miércoles el Jefe del Estado llamó a Santos y le pidió explicaciones por sus inesperadas declaraciones. Y mientras Presidente y Vicepresidente conversaban, la temperatura, como era previsible, aumentó en el Congreso.

¿Quién va pa´la cárcel?

A lo largo de la jornada, por ejemplo, el ministro de Hacienda, Óscar Iván Zuluaga, empezó a ver cómo crecía la molestia entre los parlamentarios que estaban reunidos en varias comisiones. “¿A quién de nosotros es al que van a meter a la cárcel?”, preguntaban los legisladores. “¿Tiene el Vicepresidente información que nosotros no tenemos”? Mientras estas preguntas corrían por los pasillos del recinto el presidente Uribe llamaba a su canciller Fernando Araújo.

Entonces Uribe le ordenó expedir un comunicado para asegurar que la política exterior colombiana “se basa en el diálogo, la concertación, la coordinación y el respeto a las dinámicas internas de cada país”.

En el texto oficial de la Cancillería también se dice que “la relación bilateral con Estados Unidos de América, los anteriores lineamientos muestran su vigencia”. Y que “el gobierno le otorga gran relevancia a la entrada en vigor de un tratado de libre comercio con Estados Unidos de América y considera que su aprobación no debe interpretarse como un desafío sino como un elemento de particular importancia en la agenda especialmente positiva que desarrollan los dos países”.

El Ministerio de Relaciones Exteriores también aseguró que “el gobierno nacional observa con profundo respeto el proceso y el debate que se da en Estados Unidos de América en torno al mencionado tratado, en cumplimiento de los procedimientos previstos en su legislación interna”.

Casi simultáneamente el ministro del Interior, Carlos Holguín Sardi, expidió otro comunicado en el que afirmó que: “El gobierno nacional tiene como uno de sus más fundamentales compromisos con la patria el de respetar las instituciones democráticas y garantizar su cabal funcionamiento. Por eso en las actuales circunstancias se esmera por actuar con eficacia administrativa, respaldar y respetar la justicia en su independencia y objetividad y mantener un diálogo democrático con el Congreso de la República tanto cuando él ejerce su función de control político como cuando ejerce la función legislativa”

Y que por lo tanto, dice el comunicado del Ministerio del Interior, “el gobierno reitera esa posición de armónica y respetuosa colaboración con las otras ramas del poder público como lo ordena la Constitución, respetando principios fundamentales como el de la independencia de la justicia y el de la presunción de inocencia de todos los ciudadanos”.
Esto porque un alto número de congresistas se sintió que le habían violado este derecho y nada menos que por el Vicepresidente de la República al afirmar que algunos de ellos terminarían tras las rejas.

Calmar las aguas

El vicepresidente Santos, por su parte, buscó calmar las aguas y expidió un comunicado en el que manifiesta su “pesar y preocupación por la interferencia que mis declaraciones pudieron causar en la labor que conjuntamente el gobierno y el Congreso vienen desarrollando en beneficio del país”.

La misiva de Santos fue dirigida a Dilian Francisca Toro, presidenta del Congreso. En ésta le asegura también que “nunca antes el país había asistido a un proceso de transformación tan difícil como en este momento. Desde el principio he insistido en que el país conozca toda la verdad, y que sea la justicia la que decida las supuestas responsabilidades de los congresistas investigados; en este sentido el gobierno ha brindado todo el respaldo a la justicia y ésta ha demostrado que en Colombia hay un Estado de Derecho fortaleciéndose. Así mismo, siempre he sido un convencido de la presunción de inocencia, del debido proceso, de proteger la dignidad de los investigados y de la responsabilidad individual; el gobierno y las instituciones colombianas han sido víctimas de las generalizaciones”.

Y también le asegura que si es necesario se reúne ya con los miembros del “Honorable Congreso que así lo consideren y dar las explicaciones que sean necesarias para profundizar en el tema”.