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| 3/28/2006 12:00:00 AM

Gente de bien

"Los estudios internacionales indican con toda claridad que las armas no proveen más seguridad a quien la porta sino todo lo contrario"

Se ha reabierto la discusión sobre la necesidad de imponer restricciones al porte de armas por parte de los particulares, a propósito de la propuesta del Alcalde Garzón de convocar a una consulta popular para que los bogotanos decidan al respecto.

Sorprendentemente se han escuchado más voces de las esperadas que están en contra de la propuesta, porque consideran que no se puede desarmar a “la gente de bien” mientras que los delincuentes siguen con sus armas imponiendo la ley del terror. Esa posición ha sido acompañada con la declaración de impotencia y una especie de llamado al “sálvese quien pueda”. Estas opiniones adquieren un valor casi dramático porque provienen nada menos que del comandante de la Brigada y de la senadora Martha Lucía Ramírez, exministra de defensa y una de la más lúcidas elecciones del domingo pasado.

Los estudios internacionales que se han hecho sobre el tema por parte de la Organización Mundial de la Salud indican con toda claridad que las armas no proveen más seguridad a quien la porta sino todo lo contrario lo pone en un mayor nivel de riesgo de convertir, por ejemplo, un atraco en un hecho fatal. Esos estudios no son especulación, están suficientemente soportados en cifras.

Los análisis de la dinámica de la violencia homicida en Bogotá hechos por la Universidad de Los Andes, particularmente escépticos con las políticas de seguridad de Bogotá, le reconocen una incidencia cercana al 14% en la significativa reducción que presentaron esas tasas durante la última década. Cada vez que, por diversas razones, hay restricción de porte de armas en la ciudad las cifras de homicidio disminuyen.

En varios países de América Latina se han adelantado con éxito programas de prevención de la violencia armada y se han promovido entregas voluntarias de armas. En Río de Janeiro, antes de la derrota en el referéndum nacional de Brasil sobre el tema, se recogieron y destruyeron miles de armas en los últimos años. Coincide que en el último lustro Río es la ciudad de la región que más ha reducido la tasa de homicidio por cien mil habitantes, pasó de más de 80 a 44.

Además de estas evidencias, en este tema subyace un asunto ético. No debe olvidarse que quien porta un arma para “defenderse” se arroga el derecho de decidir cuándo le parece justo matar a otra persona. Esa fue la misma razón que invocaron ganaderos de Córdoba y otras partes de Colombia que desembocó en los grupos paramilitares, los grupos más sanguinarios de la historia de Colombia, que es mucho decir.

La propuesta de Lucho Garzón es muy oportuna y ojala se complete con otras que conformen una política integral de seguridad ciudadana, adoptada en conjunto y no a pedazos como reacción a determinados hechos, para que el Gobierno local cuente con una buena herramienta de gestión que mida sus impactos y los ciudadanos puedan ejercer el control social de manera efectiva. Las medidas adoptadas en Ciudad Bolívar y el análisis de las cifras del pasado reciente podrían, por ejemplo, invitar a adoptar de nuevo la ley zanahoria, previo desenredarse de la insólita interpretación de los clubes.

Hay discusión sobre la viabilidad jurídica de convocar una consulta local para este tema que es de competencia nacional, todo indicaría que no pasaría la revisión del Tribunal Administrativo por ello vale la pena explorar otras fórmulas que podrían generar el mismo resultado o incluso uno más efectivo. La iniciativa popular legislativa es un camino que vale la pena revisar. Los alcaldes de Pereira y Medellín que han promovido programas de desarme en sus municipios podrían ayudar a conformar una alianza municipal para promover esta iniciativa. Sería además un ejercicio democrático muy interesante el de unos alcaldes, todos con gran prestigio, dándose una pela en contra de una posición nacional tanto del Gobierno como del Congreso en un tema que tanto afecta la seguridad y convivencia ciudadana.

Quienes son los que clasifican a “gente de bien”? Acaso, los 200 guardaespaldas de la “Gata” que portan armas con salvoconducto, o el ex ministro Fernando Londoño que con un arma “legal” pone en riesgo todo un vecindario porque un perro le gruñe a otro, o la mujer que asesinó a una joven con un arma “amparada” en un bar de Bogotá?


riveroshector@gmail.com
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