Glifosato para rato

Una resolución como la que emitió la semana pasada el Defensor del Pueblo sobre el Programa de Erradicación Aérea de Cultivos Ilícitos con Glifosato (Pecig) debería haber generado como mínimo un debate nacional. No ocurrió así. El país, preocupado por el futuro de la economía, por la lucha contra los grupos armados ilegales y por los tejemanejes políticos del Congreso, no tiene cabeza para detenerse a pensar en las consecuencias sociales de la fumigación o en la complicada situación que aqueja a más de 300.000 habitantes del departamento de Putumayo. Un territorio de 24.875 kilómetros cuadrados, en una de cuyas esquinas fronteriza con Ecuador, el valle del Guamuez, se concentra más de la mitad de las 150.000 hectáreas cultivadas con coca que se cree hay en el país. Una mancha roja sobre un fondo verde en los mapas de Colombia que tiene Estados Unidos en las bases de policía desde donde se realiza la aspersión. El Putumayo está muy distante del centro del poder y del corazón del país. Es probable que está lejanía física sea directamente proporcional a la indiferencia que muestran los colombianos hacia lo que sucede en esa zona, a la que relacionan sólo con problemas de droga y guerrilla.

El informe del Defensor, serio y bien sustentado pues sigue los lineamientos de un modelo de evaluación y seguimiento de las políticas públicas, fue una voz que clama en el desierto. Tuvo eco en escenarios internacionales, donde el tema despierta muchas sensibilidades. Pero en el país no recibió mayor atención y la respuesta del presidente Alvaro Uribe a la resolución fue categórica: "El país no puede suspender ninguna de las acciones de derrota de la droga". Con esta frase ratificó lo que dijo el mes pasado en Washington, donde a los congresistas estadounidenses les aseguró: "Seguiremos fumigando y fumigando, y no nos detendremos". El objetivo del gobierno de Uribe es que al finalizar su mandato se hayan erradicado todos los cultivos de coca del país y se haya impedido la aparición de otros. Esta meta que siempre ha parecido un imposible se siente cada vez más cercana, después de conocer los resultados del informe de Naciones Unidas titulado 'Tendencias Mundiales de las Drogas Ilícitas 2002', donde por primera vez se ve una disminución clara del número de hectáreas cultivadas en el país. Por eso la fumigación es y será cada vez más agresiva. Hasta comienzos de octubre, por ejemplo, según las estadísticas oficiales, se habían fumigado 97.000 hectáreas de coca y amapola en todo el país. Esto supera las estadísticas totales del año pasado, 84.000 hectáreas, que de por sí constituían un récord en materia de fumigación.

Para mantener este ritmo el gobierno tratará de mantener en funcionamiento todo el año cuatro bases de antinarcóticos, en igual número de puntos del territorio, que cubran todo el país. La perspectiva es una lluvia de glifosato permanente para erradicar las cuatro cosechas de hoja de coca que hay durante el año. El secreto está en que la velocidad de la aspersión supere la de los narcotraficantes en tumbar monte y volver a sembrar coca. Lo cual no es tan sencillo como parece. Hace unos días un helicóptero Black Hawk de la Policía Antinarcóticos sobrevoló unas áreas fumigadas en el Putumayo. Llevaba a bordo una ingeniera geógrafa encargada de supervisar que las coordenadas en las que se realizó la aspersión coincidan con las de la inspección visual que se hace tiempo después. En la chagra de un resguardo indígena encontró que efectivamente la coca había sido fumigada pero, al descender el aparato un poco más, descubrió que ya había matas jóvenes en su lugar. Los narcotraficantes tienen viveros en los que la semilla de coca se consigue por dos mil pesos.

Pero la velocidad del gobierno no debe ser sólo para fumigar. La resolución de la Defensoría reveló que los planes de desarrollo alternativo estaban retrasados y así no se puede evitar que los campesinos vuelvan a cultivar el único producto que les permite sobrevivir en unas condiciones miserables. Esta es una de las razones por las cuales Uribe quiere darle un vuelco a los planes de sustitución de cultivos. El está convencido que puede lograr que 50.000 familias que hoy siembran coca se dediquen a sembrar bosque, a programas agrícolas o a proyectos productivos sostenibles. En su visita de septiembre a Washington el presidente dijo que "para ello necesito unos cinco millones de pesos por familia". Mientras aparecen estos recursos y sin importar todas las críticas internacionales contra la medida, lo único seguro y real es que la fumigación va a continuar sin descanso hasta que, como dicen en el campo, San Juan, o en este caso 'el tío Sam', agache el dedo.