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| 10/4/2006 12:00:00 AM

Gobierno insistirá en delito político para las autodefensas

Tras su derrota en las comisiones primeras del Congreso, el ejecutivo insistirá en la polémica norma que faculta a las autodefensas para participar en política.

La puja por la concesión del estatus de delincuentes políticos a los paramilitares regresó al Congreso. El gobierno insistirá en la creación del delito político de conformación de grupos paramilitares, iniciativa que desde hace tres años generó turbulencia política en el país y que la oposición califica como un intento por legalizar la participación de narcos en la política.

La idea del gobierno del presidente Álvaro Uribe fue aprobada inicialmente en el proyecto de ley de Justicia y Paz que sirve de marco jurídico para la desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), pero luego fue tumbada por la Corte Constitucional porque el Congreso incurrió en errores de forma cuando la debatió.

En esa ocasión la aprobación de delito político para las autodefensas contó con la oposición del Partido Liberal, el Polo Democrático y hasta de Cambio Radical, cuyo orientador, el senador Germán Vargas Lleras, selló así una de sus más famosas peleas con el gobierno.

Casi tres años después y cuando las desmovilizaciones prácticamente terminaron, el gobierno desempolvó la propuesta y la incluyó en el proyecto que prorroga la ley de orden público, es decir, la norma mediante la cual se faculta al Ejecutivo para crear zonas de distensión con el fin de dialogar con los grupos al margen de la ley.

Este nuevo intento quedó en evidencia el martes, cuando el ministro del Interior, Carlos Holguín, les pidió a las comisiones primeras de Senado y Cámara aprobar el estatus político a los paramilitares, con el argumento de que también serviría para un eventual diálogo de paz con la guerrilla.

Efectos de la propuesta

La concesión del estatus político a las autodefensas no tendría mucha incidencia en las penas para los miembros de esa organización armada dado que este aspecto ya está regulado en el proceso alternativo que creó la ley de Justicia y Paz, que creo penas máximas de ocho años en sitios de reclusión que no necesariamente deben ser una cárceles.

Las verdaderas consecuencias de la norma están por otro lado. Aunque la mayoría de los miembros de las AUC prefieren una vida anónima al término del proceso de paz, no es un secreto que algunos de sus más famosos líderes tienen la aspiración de ingresar a la política local o incluso lanzarse al Congreso. Uno de ellos es Ernesto Báez, conocido durante la fase final del proceso como “jefe político” de las autodefensas y quien antes de ingresar a ese grupo hizo política activa en el Magdalena Medio. De hecho, su primera figuración nacional fue en un rueda de prensa para la presentación en sociedad de Morena, Movimiento de Restauración Nacional, que para muchos era la fachada legal de las autodefensas campesinas del Magdalena Medio.

La facción que respalda las ideas de Báez considera que las autodefensas deben tener el mismo trato que un grupo guerrillero desmovilizado y que por lo tanto están en el derecho de conformar partidos políticos que busquen representación nacional.

Dicha idea no les gusta mucho a los miembros de la oposición, quienes sostienen que el delito político fue creado para los que se rebelan contra el Estado. Según esta percepción, sólo los grupos guerrilleros como las Farc y el ELN incurren en rebelión, sedición y asonada, los tres delitos políticos consagrados en la legislación colombiana.

Pero con la entrada en vigencia del nuevo código penal el delito político fue reformado y se extendió a los grupos que “impidan la acción del Estado”. Basados en esta modificación, la mayoría de congresistas uribistas creen que los paramilitares también son delincuentes políticos. El senador Gustavo Petro, vocero del Polo Democrático, piensa que dicha modificación fue equivocada porque termina dándole estatus político a cualquier pandilla o grupo de atracadores y que de todas formas no cobija a los paramilitares.

El segundo posible beneficio que la propuesta traería a los paramilitares tiene que ver con la conexidad de sus delitos. A las autodefensas les interesa hacer más difusa la línea divisoria entre paramilitarismo y narcotráfico y por eso han vendido la tesis de que si incurrieron en el negocio de las drogas ilícitas fue para financiar sus actividades, aun cuando se sabe de ejemplos en los que fueron los narcos quienes compraron franquicias de autodefensas par acusarlas como fachada de sus negocios. Si el paramilitarismo es delito político, será más fácil alegar la conexidad entre sus actividades de narcotráfico con las de autodefensas.

Dado el revuelo que la propuesta causó en los mismos tres sectores que se le opusieron desde cuando fue planteada por primera vez, el ministro Holguín la retiró del debate en las comisiones primeras, pero la tiene lista para el debate en plenarias.

Puede que en ese nuevo escenario la bancada de gobierno (que brilló por su ausencia el martes) sí se haga presente y a fuerza de aplanadora logre la aprobación. En ese caso volverían las dudas sobre las fallas de trámite, pues muchos creen que Holguín, amedrentado ante la posibilidad de que la oposición le hundiera el proyecto, cometió una ligereza al abstenerse de radicar el controvertido artículo y limitarse a anunciar que insistirá en el tema en las plenarias. Al respecto la ley dice que cada asunto en un proyecto de ley debe ser tratado en todos los debates. Con su decisión, el mismo ministro parece haber condenado al fracaso su idea, a menos que aparezca alguien que se le mida a radicarla en un proyecto aparte, como se dice en los pasillos del Congreso.
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