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| 8/10/2006 12:00:00 AM

Gobierno propone cobertura plena a la salud pero más costosa

La reforma a la ley 100 planteada por el gobierno buscar subir el valor de las cotizaciones, universalizar la cobertura y eximir del pago de cuota moderadora a los estratos populares.

Tal y como lo anunció el 20 de julio en su discurso ante el Congreso, el presidente Álvaro Uribe parece decidido a jugársela en su segundo mandato por uno de los temas más sensibles del país: la salud. Conocedor del reto político que ello significa y del lugar histórico que ganaría en caso de lograrlo, Uribe está promoviendo entre sus aliados una reforma al sistema con el objetivo de garantizar la cobertura plena en un plazo de tres años.

Para lograrlo los aliados del gobierno en el Congreso pidieron aumentar en un punto las contribuciones por cada afiliado al sistema, lo cual generaría recursos por un billón de pesos destinados a incrementar las afiliaciones y fortalecer la red hospitalaria. Dicho incremento afectaría exclusivamente a los empresarios, quienes a partir de 2007 no pagarían ocho sino nueve puntos de la afiliación de cada uno de sus empleados. Los trabajadores, seguirían pagando los cuatro puntos que actualmente cotizan.

La propuesta está incluida con distintas versiones en dos de los proyectos que el gobierno impulsará ante el Congreso durante el segundo semestre de este año. El primero de ellos, radicado por la representante Sandra Ceballos y la presidenta del Congreso, Dilian Francisca Toro, tiene el aval del Ministerio de Hacienda, mientras que el segundo fue presentado por el Ministerio de la Protección Social.

Dado que éste último recibió mensaje de urgencia, será acumulado con el primero y recibirá trámite prioritario en las comisiones séptimas de Cámara y Senado, ampliamente dominadas por la bancada uribista.

Los aspectos más sociales de la reforma están incluidos en el proyecto avalado por el Ministerio de Hacienda. El primero de ellos es la eliminación del pago de cuota moderadora para los desplazados y los estratos bajos.

También se acabarán los “periodos de carencia” que establecen que el afiliado debe tener un número determinado de semanas de afiliación para acceder a ciertos servicios. Esta disposición ha sido objeto de frecuente controversia pues algunos centros asistenciales se amparan en ella para dejar de atender, por ejemplo, patologías de los recién nacidos, quienes por razones obvias no están en el listado de afiliados.

La reforma obligará a las EPS a constituir fondos de reservas destinados a financiar las enfermedades de alto costo que son cubiertas cuando el paciente acude a la tutela. Hoy, ante la petición del paciente, el comité médico de la EPS se reúne y decide si le da o no el medicamento. Pero como la Nación sólo rembolsa a la EPS el 50% de ese valor si el medicamento fue suministrado por decisión del comité, las EPS prefieren prolongar el proceso hasta que el usuario acuda a la tutela, caso en el cual la Nación les reintegra el 100% del valor de la medicina entregada. Esta dilación, favorable para las finanzas de las EPS, en algunos casos termina cuando el paciente muere por falta del medicamento recetado.

La representante Ceballos sufrió en carne propia este problema. En su EPS se negaron a darle un medicamento para el cáncer y ni siquiera su condición de congresista o de ex esposa del ministro de Protección, Diego Palacio, le sirvió para hacer valer sus derechos como usuaria. Para colmo de males, hace dos años perdió la tutela contra la EPS. “Me dijeron que yo tengo la capacidad económica para costear la droga. Pero ese no es el punto. Yo tengo un derecho como cotizante. Para eso pago. ¿Qué pasará entonces con quiénes no tienen cómo comprarla o no están afiliados?”, señaló la congresista.

Con la reforma, las EPS recibirán sólo el 50% del valor de las drogas de alto costo que entreguen por decisión del comité técnico o en cumplimiento de tutelas. El resto lo deberán compensar con la creación de fondos privados.

Las enfermedades de alto costo más comunes en Colombia son el cáncer y la insuficiencia renal y su tratamiento cuesta unos 800.000 millones anuales.

La reforma también plantea tres cambios en materia de regulación: que cada colombiano pueda elegir el sitio en donde quiere ser atendido sin importar a qué EPS esté afiliado, que se cree la figura del defensor de usuario y que las EPS no puedan invertir en sus propias clínicas y hospitales más del 50% de los recursos que reciben del Estado. Todas estas medidas buscan acabar con el monopolio de las entidades privadas (control vertical) y fortalecer la red pública.

El reto

La reforma a la ley 100 tiene tres pilares básicos: la reforma a la salud, la de pensiones y la de riesgos profesionales. El gobierno prefirió comenzar por los temas de salud porque son los más sensibles del momento. Además, son un reto político de enormes proporciones dado que ni siquiera en el plano regional hay gobernadores que puedan sacar el pecho y decir que tienen cobertura del 100% en salud.

La apuesta de Uribe es ambiciosa porque el mismo gobierno reconoce problemas para garantizar la cobertura total. Según el Ministerio de Protección hay 15.5 millones de afiliados al régimen contributivo y 18.6 millones al subsidiado (2,1 millones con subsidio parcial y 16,5 con subsidio total). En otras palabras, el gobierno admite que 8,5 millones de colombianos no tienen acceso a la salud.

Además, los problemas del sector son estructurales. Mientras la red pública padece desajustes internos, pasivos pensiónales, olvido estatal y corrupción histórica, la red privada tiene una sobreoferta de instituciones con mejor situación económica pero no necesariamente sinónimo de buena atención a los usuarios. También hay una inequitativa distribución de centros asistenciales que hace que se presenten deficiencias como las de la Costa Atlántica (que está prácticamente descubierta en cuanto a hospitales públicos de tercer nivel) mientras que entre Pereira y Desquebradas hay sobre oferta hospitalaria en relación con la cantidad de pacientes.

A todo este panorama hay que sumarle los casos de presión de los grupos armados que se quedan con parte de los recursos de la salud en los municipios apartados. Como reconoce un asesor del Ministerio de Protección, “a veces hasta los mismos alcaldes son los promotores de contratos no muy transparentes que terminan alimentando el monopolio de las EPS y deteriorando la calidad del servicio prestado”.

La tesis del gobierno parte de la base de que el sistema será eficiente inyectándole nuevos recursos y gastando eficientemente los que hay. Con ese mismo discurso han llegado al poder muchos presidentes, incluido Uribe en su primer mandato.
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