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| 11/1/2007 12:00:00 AM

Gobierno reconoce que no habrá TLC en 2007 y pide extender Atpdea

El vicepresidente Francisco Santos está en Washington, en donde aseguró que han disminuido las muertes de sindicalistas y que hay libertad para estas asociaciones de empleados. Con sus afirmaciones busca ambientar el escenario para lograr la aprobación del tratado.

La suerte está echada. El ministro de Comercio, Luis Guillermo Plata, dio este miércoles una sorprendente declaración. Reconoció que este año el TLC no sería aprobado por el Congreso de Estados Unidos tal como lo había querido el gobierno cuando se inició la negociación del acuerdo.

La razón es que el Legislativo norteamericano termina sesiones el 16 de noviembre y, al parecer, no alcanzará a debatir los TLC con Colombia, Panamá ni Corea del Sur.

Dolorosa realidad si se tiene en cuenta que el gobierno colombiano no tiene un plan B en caso de que este no se apruebe. Es más, el pasado 10 de octubre, ese mismo ministro había dicho categóricamente que ni siquiera se había contemplado la posibilidad de pedir la extensión del Atpdea.

El Atpdea es la Ley de Preferencias Arancelarias Andinas y de Erradicación de Drogas, con la cual Estados Unidos les da privilegios en los aranceles a los productos provenientes de países con problemas de narcotráfico. Para Colombia, éstos se vencen el 28 de febrero del próximo año.

La ilusión era que antes de esa fecha quedara aprobado el TLC y los empresarios colombianos pudieran contar con los beneficios que este otorga. Pero la aprobación está demorada y, esta semana, el ministro Plata reconoció que lograrla antes de esa fecha está difícil y por eso pedirá una ampliación del Atpdea por seis meses más.

Eso quiere decir que, a pesar de reconocer que este año terminará sin cumplirse una de las principales metas del gobierno en materia de economía, hay optimismo. De hecho, Plata comentó que aspira que el primer tratado comercial que apruebe el Congreso norteamericano en 2008 sea el que tiene pendiente con Colombia.

Por eso, la expansión solicitada no será de más de un semestre, a pesar de que expertos en la materia, como Sergio Clavijo, presidente de la Anif, consideran que Colombia sólo tendrá TLC a partir del 2010.

La duda sobre la entrada en vigencia del tratado se debe a que los demócratas, que son mayoría en el Congreso, han exigido resultados que muestren progresos en la protección a sindicalistas y en las políticas laborales y ambientales.

Para mostrar lo que piden, el vicepresidente Santos está en Washington los estos jueves y viernes. Llevará un informe donde asegura que hay progresos en la protección a sindicalistas y la lucha contra la impunidad en sus homicidios.

El documento lo está mostrando a congresistas hispanos y afrodescendientes, miembros del Comité de Finanzas del Senado y el Representante demócrata Bill Delahunt. Su periplo contempla una reunión con el subsecretario de Estado de Estados Unidos, John Negroponte, y con los presidentes de las organizaciones National Democratic Institute, International Republican Institute y del Inter American Dialogue.

Este jueves, Santos presentó su informe ante el Consejo de las Américas y dijo que el número de sindicalistas asesinados ha disminuido. En 2001 murieron de forma violenta 205 y este año van 20, según explicó. En su presentación, agregó que en 2006 se acogieron 6.000 personas al programa de protección del gobierno y que de estas personas, 1.504 eran sindicalistas y que ninguno de éstos ha sido asesinado.

Explicó que las agremiaciones de trabajadores aumentaron de 96 en 2002 a 123 en 2006 y dijo que esto se dio gracias a que el gobierno permite la libertad de asociación. Resaltó con énfasis que entre las medidas que permiten la existencia de los sindicatos está el diálogo social entre el gobierno y éstos y el llamado ‘Acuerdo tripartito sobre la libertad de asociación y democracia’, suscrito por los sindicatos, las empresas y el gobierno, el año pasado.

Mientras tanto, en Colombia el ministro de la Protección Social, Diego Palacio, citó un informe de la Fiscalía General de la Nación donde consta que, a la fecha, se han dictado 56 condenas por asesinato a sindicalistas y que, por esos casos, han sido condenadas 118 personas

En sus declaraciones, Palacio explicó que esto ha sido posible gracias a que el Consejo Superior de la Judicatura ordenó poner tres jueces para dedicarse sólo a los casos de homicidios a sindicalistas.

Respecto al número de muertes, los datos que manejan los sindicatos no difieren mucho de los del gobierno. Éstos manejan cifras que hablan de 197 muertes en 2001 y 29, en 2007.

Sin embargo, insisten en que, al contrario, las condiciones laborales impiden la asociación colectiva. Dicen que cada vez se imponen más los empleos temporales, la contratación por cuenta de cobro o por medio de cooperativas de trabajo asociado. Este tipo de contratos prohíben la conformación de sindicatos y, además, deterioran las condiciones del trabajador.

Pero el gobierno justifica su información en los datos recolectados por la Vicepresidencia y el Ministerio de Justicia.

Quizá, esos mismos resultados serán los que conocerán la representante comercial de Estados Unidos, Susan Schwab, que viajará a Bogotá el viernes, a la cabeza de un grupo de legisladores para ver los avances colombianos en seguridad.

La información que tiene el gobierno podría hacerle creer que es suficiente para que el TLC esté aprobado antes de mitad del año entrante y, por eso, considera sólo sea necesario aplazar el Atpdea por sólo seis meses.

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