Viernes, 9 de diciembre de 2016

| 2008/07/01 00:00

Gobierno Uribe y Congreso, un amor clientelista

Durante el trámite de votación del Acto Legislativo que permitió la reelección 71 congresistas se declararon impedidos por tener familiares en puestos del Estado. Sin embargo, la mayoría votó el proyecto, entre ellos, Yidis Medina.

EL hecho de que los congresistas se declaren impedidos y de todas maneras voten los impedimentos de otros es una práctica común en el Legislativo. Sin embargo, carece de legitimidad.

“El gobierno no compra conciencias”, ha sido una de las frases más utilizadas por el presidente Álvaro Uribe en los últimos días. Con ella ha defendido la transparencia del trámite del Acto Legislativo que aprobó su reelección. La palabra "comprar" puede sonar exagerada, pero es indudable que el gobierno Uribe, a pesar de sus promesas de independencia y meritocracia, ha tenido una relación tan clientelista con el Congreso como todos los gobiernos anteriores.
 
Traer a la memoria cómo fue la votación del famoso Acto Legislativo de la discordia, que modificó la Constitución para que se pudiera reelegir a un Presidente inmediatamente,  revela en forma nítida que éste gobierno ha repartido puestos a los familiares y protegidos de los congresistas y que ese sigue siendo un instrumento central de la gobernabilidad democrática colombiana.

Durante el trámite del proyecto de reforma constitucional que aprobó la reelección, los congresistas presentaron 71 impedimentos (de los cuales 40 pertenecen al Senado de la República y 31 a la Cámara de Representantes), incluido el de Yidis Medina, por tener familiares nombrados en cargos del Estado. Sin embargo, la mayoría votó el proyecto porque los demás congresistas le negaron el impedimento. ¿Cómo? Es el mismo Congreso el que decide si aprueba o no el impedimento del congresista. Una vez se le niega un impedimento a un congresista, es decir se le dice que está habilitado para votar, éste congresista puede votar los de los demás, por supuesto, también negándolos. Así aunque estén impedidos, resultan votando.  

El representante a la Cámara, por el Polo, Germán Navas, llama esta práctica “el Carrusel de la felicidad”. Por considerarla inmoral, Talero denunció con indignación el hecho, durante la votación del proyecto de Acto Legislativo que modificó la Constitución y permitió que un Presidente pueda presentarse como candidato a la reelección para el período inmediatamente siguiente. 

Una actitud más responsable tuvo el representante a la Cámara, Gabriel Espinosa quien decidió no votar los impedimentos de los demás y dejó constancia de ello: “a pesar de haber permanecido en el recinto me he abstenido de votar por considerar que votar en un sentido u otro el impedimento de un colega que tiene similar impedimento al mío, constituye en sí mismo un hecho antiético y posiblemente ilegal”. Espinosa tenía una hija trabajando para la Comisión Nacional de la Policía.

De los 71 algunos tenían copartidarios nombrados en cargos públicos. Otros tenían familiares nombrados con anterioridad en puestos del Estado. Otros tenían familiares que tenían empresas que contrataban con el Estado. Y otros tenían familiares nombrados por el actual gobierno en cargos como notarías, Findeter o cargos diplomáticos, entre otros. (Ver recuadro).

Cuando el Acto Legislativo fue discutido en la Corte Constitucional, el magistrado Jaime Córdoba Triviño no voto con la mayoría de magistrados que aprobaron la reforma. En su salvamento de voto Córdoba expuso por qué, según él, el procedimiento que permitió a los congresistas “impedidos” votar el proyecto de ley estaba viciado. En su intervención, en la que hizo su salvamento de voto al proyecto, Triviño señaló que ninguno fue consultado con la Comisión de Ética.

El magistrado recordó, según lo consignado en las gacetas del Congreso, que en la Cámara, algunos representantes pidieron que se diera a conocer más información sobre las fechas de dichos nombramientos y las razones de los impedimentos. Sin embargo, la petición fue rechazada por la presidencia de la Cámara por considerar que no era exigible pedir más información sobre los impedimentos.

No obstante, Triviño indicó cuáles eran las razones por las que los congresistas alegaron impedimento: “cuarenta y tres congresistas se declararon impedidos por tener familiares cercanos en cargos de libre nombramiento y remoción del Ejecutivo o en cargos de carrera pero nombrados en provisionalidad o margen de la carrera. Cuatro congresistas se declararon impedidos por tener familiares cercanos como accionistas de empresas concesionarias del Estado, contratistas del Estado o empresas eventualmente afectadas por decisiones del ejecutivo. Tres congresistas se declararon impedidos por tener familiares cercanos en gobernaciones o alcaldías. Una congresista se declaró impedida por haber impulsado, durante el trámite constituyente que se analiza, que el gobierno invirtiera algunos recursos en su región. Veintiún congresistas se declararon impedidos por otras causas, como tener allegados o miembros de sus grupos políticos en cargos de libre nombramiento del Ejecutivo o familiares en cargos de carrera administrativa o por haber apoyado financieramente la campaña electoral del actual Presidente”.

”Una reforma constitucional no puede ser legítima si para integrar el quórum y las mayorías necesarias para aprobarla concurren congresistas que burlaron el régimen constitucional de conflicto de interés con el único fin de poder participar en dicha votación. Otra cosa, bien distinta, hubiera sucedido si los congresistas impedidos se hubieran abstenido de presentar su impedimento si, a conciencia, consideraban que no estaban en conflicto de interés. O si, presentado el impedimento, se hubieren abstenido de participar de la votación de los impedimentos de sus colegas, al menos, mientras su propio impedimento era resuelto…”, expuso Triviño el 22 de septiembre en la Sala Plena de la Corte Constitucional.

Sin embargo, los congresistas terminaron votando la reforma, y el Magistrado Triviño salvó su voto. 
 
Tanto  las consideraciones de Triviño sobre la cantidad de congresistas que votaron en favor de permitir la reelección inmediata, a pesar de que habian sido favorecidos con prebendas, como el fallo del jueves pasado de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, en el que condenó a Yidis Medina por haber recibido prebendas a cambio de su voto, tienen de telón de fondo, el clientelismo con el cual tradicionalmente los gobiernos colombianos amansan al Congreso para conseguir la aprobación de sus iniciativas.
 
Dijo la Corte Suprema en su fallo reciente: “Es de señalar que el voto que en su calidad de congresista emitió YIDIS MEDINA a favor del proyecto de reelección presidencial, estuvo condicionado por actos corruptos previos al debate donde se consideró la reelección; por lo tanto, el voto no puede ser apreciado como independiente de los actos de corrupción que lo originaron”, indicó la sentencia condenatoria a la ex congresista Yidis Medina por el delito de cohecho propio, que hoy tiene enfrentados al Presidente con la Corte Suprema.


Cuando la Corte Suprema cuestiona el Acto Legislativo que permitió la reelección, aunque no cuestione la voluntad de la mayoría que reeligió al Presidente,pone en evidencia la falta de un régimen de incompatibilidades más severo, un Estatuto del Congresista serio, que impida los vicios recurrentes en el Legislativo, como el famoso "carrusel de la felicidad" por el cual muchos congresistas se saltan la exigencia de declarar sus impedimentos cuando los tienen.
 
Pero en el fondo también cuestiona en forma tajante, quizás como no lo había hecho antes una alto tribunal jurídico, la vieja y usual práctica clientelista de la política colombiana. En este sentido, da un paso adelante en la modernización de la democracia colombiana, pues abre la polémica sobre hasta dónde el clientelismo no es tan inofensivo como se ha visto a lo largo de los años en Colombia.
 
Prueba de ello es que Vivane Morales, integrante de la Comisión de Ajuste Institucional, ya declarado que sería buena que la reforma que propongan incluya una regulación de las relaciones entre gobierno y Congreso para hacerlas más transparentes.


¿Tiene algo que decir? Comente

Para comentar este artículo usted debe ser un usuario registrado.