Guaviare bajo fuego

Guaviare no está tranquilo. El secuestro de 11 personas en una semana tiene preocupados a los pobladores, a los gobernantes locales, a los militares y hasta al propio Presidente. La lista de amenazas también asusta: la crisis humanitaria y alimentaria junto con las desapariciones forzadas, tiene acorralados a los guaviareños, quienes dicen no confiar en nadie y no tener esperanzas en una solución cercana.

Cuando Álvaro Uribe llegó a la Casa de Nariño en 2002, uno de sus objetivos era arrebatarle al frente 16 de las Farc (cuyo jefe es el 'Negro Acacio') el dominio que, principalmente, tenía sobre Miraflores, Calamar y Puerto Nare, donde había extensos cultivos de coca que le dejaban altísimos dividendos a los insurgentes. La idea era también quitarles poder a los grupos paramilitares, principalmente a miembros de las Autodefensas Campesinas del Casanare y del Bloque Guaviare, este último perteneciente a las AUC.

Esa fue una de las razones que motivaron la creación de la Fuerza de Tarea Conjunta 'Omega', encargada del Plan Patriota, la estrategia más ambiciosa de este gobierno dentro de su Política de Seguridad Democrática.

Desde ese momento, Ejército y Policía comenzaron a hacer presencia permanente en el departamento y a ejercer control en algunas zonas rurales y vías de comunicación.

A pesar de la ofensiva militar, Farc y AUC siguieron en el departamento. El Observatorio de Derechos Humanos de la Vicepresidencia de la República tiene conocimiento de ONG que funcionan como fachada de los paras. Mientras tanto, las Farc, según las autoridades, adelantan secuestros extorsivos como el de la semana pasada en El Retorno, donde se llevaron a 22 personas (entre comerciantes y campesinos), de las que liberaron 14. Ocho días después, en el sitio conocido como El Boquerón, a 35 kilómetros de San José, se llevaron a dos campesinos y a un carnicero.
 
Esta es solo una consecuencia de la situación de inseguridad que hoy se vive en algunas zonas cruciales del Guaviare. Pero hay más. De acuerdo con la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, en los últimos cuatro anos han desaparecido en el departamento 440 personas.

"Ante todo, el Gobierno Nacional, así como los mandos de las Fuerzas Militares, deben entender que esta acción fue una mera provocación de la organización terrorista, a fin de provocar la airada reacción del presidente Uribe, Ministro de Defensa y altos mandos militares, cuyo objetivo final es lograr la baja fulminante de los oficiales, quienes ostentan el mando de las unidades de combate en las áreas en donde se desarrolla el Plan Patriota", dice el coronel retirado del Ejército Homero Herrera, experto en seguridad mundial y geoestrategia. 

Mientras tanto, la crisis alimentaria también azota municipios como Miraflores. "Aunque no lo hemos confirmado, tenemos versiones de pobladores que aseguran que el Ejército no está dejando entrar comida, y que solo se encuentra Sanpic", dice Cristina Díaz, de la Consultaría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento, Codhes, organismo que calcula en 1.062 las personas que desplazadas durante el primer semestre de 2005 en el departamento por presión de los grupos ilegales, y enfrentamientos de estos con la fuerza pública.

Las denuncias

Entre el primero y el 5 de diciembre, una misión de verificación del Plan Patriota, integrada por varias ONG y representantes del gobierno, llegó hasta el Guaviare para verificar la situación de derechos humanos en la población. Lo que hallaron no fue sorprendente.

"Ha habido fumigaciones muy indiscriminadas en estos días, es muy duro. Realmente no se está aplicando el herbicida glifosato, sino que se está echando otro veneno más drástico, más tóxico. El día jueves 10 de noviembre de 2005, a las 11 de la mañana, las avionetas fumigaron en la vereda La Gaitana. En esa fumigación no afectaron los plantíos de hoja de coca, lo que fumigaron fueron potreros, cultivos de yuca, plátano y las huertas caseras (.) a causa de esa fumigación, aparecieron siete reses muertas", fue uno de los testimonios durante un concejo municipal en Calamar y que recuperó la comisión para asegurar que las "fumigaciones indiscriminadas" (según Policía Antinarcóticos, este año se asperjaron 11.864 hectáreas de coca en Guaviare) han generado una crisis alimentaria, pues los cultivos de pancoger, más sensibles a la toxicidad de los químicos, se estaban dañando.  

Las autoridades locales también han denunciado la presencia intermitente de paramilitares. El inspector de Policía en Calamar, Amaury Pérez Palomino, aseguró a Semana.com que el 30 de noviembre se pasearon en la noche un grupo de paramilitares.

"Esta situación no es inusual, ya que la población manifestó que, de tiempo atrás, se vienen realizando extorsiones a comerciantes (.) aunque la población reconoce la violación de derechos humanos a la que están siendo sometidos, el ambiente de coerción y zozobra no le permite ser explícita a la hora de identificar al grupo responsable de los crímenes", dice el informe.

Lo último que aqueja al departamento: la debilidad institucional. Algunos pobladores y funcionarios públicos desconfían del poder civil. De acuerdo con la Misión de Verificación, la gestión de la Alcaldía en Calamar ha sido cuestionada muchas veces debido a la falta de iniciativas de carácter social y a posibles casos de corrupción que comprometen el escaso presupuesto municipal.

La comunidad también se siente vulnerada, fruto de un aparente error estratégico del Comando de las Fuerzas Militares y de las organizaciones del Estado, que no previeron una asistencia social organizada, paralela a las acciones castrenses para combatir a los grupos ilegales.

Guaviare parece no tener una solución pronta. Nuevas extorsiones, secuestros, abusos y desapariciones les respiran en la nuca. La expectativa frente a la carrera electoral que se avecina aumenta el temor. Todo puede pasar.

(*) Periodista Semana.com