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| 2/19/2002 12:00:00 AM

Guerra contra la gente

En Colombia dos millones de personas son desplazadas convirtiéndose el cuarto país con mayor índice de desplazamiento en el mundo. Lea el último informe de COHDES sobre el tema, mapas de desplazamiento, reportaje gráfico y opiniones variadas.

Desplazados en la encrucijada

(Informe del CODHES)



En Colombia el desplazamiento forzado, pese al crecimiento del problema, tiende a invisibilizarse en sus aspectos socio-económicos y políticos, a medida que crece el entusiasmo por la solución militar del conflicto en medio de presiones para terminar el diálogo y romper los procesos de paz.

Del mismo modo los balances sobre la democracia y las elecciones desconocen la realidad de las poblaciones desplazadas de más de 400 municipios del país a las que se les niega el derecho a elegir y ser elegidos o a las poblaciones confinadas y cercadas por las partes del conflicto a las que se les imponen preferencias electorales bajo amenaza de muerte o destierro.



Paz o guerra, primera encrucijada

El gobierno y las Farc-Ep son responsables del modelo de diálogo y negociación en medio de la guerra que, además, decidieron de manera exclusiva y excluyente bajo el supuesto de ejercer la legitimidad del Estado o la representación popular.

Los pocos resultados del proceso (intercambio humanitario, definición de agenda, aceptación de la facilitación internacional y suscripción de acuerdos en los Pozos y San Francisco de la Sombra), los fracasos del modelo de diálogo y negociación (incumplimiento de los acuerdos firmados, ataques contra la población indefensa, incremento de la confrontación armada y su degradación, violación de derechos humanos, infracciones a las normas del derecho internacional humanitario, ausencia de credibilidad en el proceso, exclusión de la sociedad civil, armamentismo y reclutamiento, incremento de los recursos legales e ilegales para la guerra) y los obstáculos para avanzar (ejecución del Plan Colombia y expansión del paramilitarismo) deben ser atribuidos a las partes en el conflicto y a su capacidad o incapacidad para responder a la exigencia nacional e internacional de avanzar hacia un escenario de convivencia pacífica como premisa para resolver la grave crisis nacional.

La sociedad colombiana en todas sus expresiones tiene ahora la responsabilidad de exigir un replanteamiento a fondo del modelo de diálogo y negociación, en el marco de una política de Estado para la paz que evite un manejo electoral y coyuntural del tema, con facilitación internacional y mayor participación social para que se cumplan los acuerdos y disposición política de las partes apara asumir con seriedad la negociación.

El proceso entre el gobierno y el Eln, sujeto a inconsistencias o vacilaciones e inscrito en el mismo modelo de hablar mientras se dispara, debe encausarse por la vía de los acuerdos verificables fortaleciendo la participación de las diversas expresiones de la sociedad colombiana.

La incorporación del tema de las poblaciones desplazadas por la guerra en la reunión de la Habana es un buen comienzo para asumir el reto de resarcir desde la justicia y la reparación a las víctimas de este prolongado conflicto.



Elecciones, segunda encrucijada

Elegir y ser elegido es el principio de la democracia. Sin embargo, en Colombia cerca del 40 por ciento de su territorio no ofrece condiciones para este ejercicio electoral cuando el país se apresta a conformar el Congreso Nacional y a definir el relevo presidencial.

La estrategia contrainsurgente de los grupos paramilitares, mantienen una ofensiva que se extiende desde el sur del departamento de la Guajira hasta las costas del pacífico en el municipio de Tumaco pasando por los centros urbanos y las zonas agroindustriales de Magdalena, Bolívar, Sucre, Córdoba Urabá, Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño.

Paralelamente, se consolida presencia paramilitar en Arauca, Casanare, Boyacá, Cundinamarca, Tolima, Huila, Meta y Caquetá y es cada vez más evidente la preparación de incursiones en algunas zonas del eje cafetero.

La modalidad de ocupación y control territorial y de poblaciones se repite como un sino trágico por toda la nación: masacres indiscriminadas para generar terror, asesinatos selectivos para silenciar cualquier expresión de protesta social, destierros individuales, familiares o colectivos de poblaciones estigmatizadas bajo la acusación de base social de la insurgencia e imposición de formas autoritarias, arbitrarias y antidemocráticas de acción política.

Es en este contexto en el que se imponen candidatos presidenciales o al congreso, se controlan administraciones municipales y se incide en la aplicación o no aplicación de la justicia, sin que haya resultados reales de la acción de la Fuerza Pública contra esta forma de violencia. Más que cifras de bajas y capturas de presuntos paramilitares, el país y el mundo exigen una disminución real de las masacres, los asesinatos y los desplazamientos, así como garantías para la población y protección de sus derechos.

La situación no es menos crítica en las zonas de control y ocupación de las guerrillas que imponen un modelo autoritario en el que son comunes las ejecuciones de civiles indefensos, el destierro de personas, el reclutamiento forzado o voluntario de niños, niñas y jóvenes, las amenazas y los secuestros indiscriminados y la ejecución de miembros de las Fuerza Pública en estado de indefensión.

En el sur y el oriente del país, así como en las zonas de occidente que se disputan con los paramilitares, la guerrilla ejerce un modelo de autoritarismo militar que excluye la democracia. El secuestro de líderes políticos para enjuiciarlos y el control sobre las ideas políticas de la población en su zonas de influencia, bajo criterios subjetivos de evitar la presencia paramilitar, no garantiza el ejercicio de la democracia.

Los grupos armados deben definir si van a permitir las elecciones y a asumir sus resultados sin interferir en la decisión de los votantes y en las campañas de los candidatos.

En todo caso es el gobierno, que proclama ante el mundo la democracia colombiana, el responsable de garantizar las elecciones libres y sin presiones para todas los movimientos políticos y los derechos fundamentales para los ciudadanos y ciudadanas, incluidos los desplazados.



Estados Unidos, la tercera encrucijada



El gobierno de Estados Unidos ha decidido incrementar la asistencia militar a Colombia, más allá del fracasado Plan Colombia y en la lógica absurda de incentivar la guerra y finiquitar los esfuerzos de paz de los colombianos.

Hace dos años, cuando habían alrededor de 140 mil hectáreas sembradas de cultivos de uso ilícito advertíamos que el Plan Colombia no resolvería este problema y, por el contrario, se ampliaría la zona cultivada con un grave problema ambiental y en el marco de un agravamiento del conflicto.

Desde entonces se han fumigado más de 100 mil hectáreas, mientras tanto los reportes de Naciones Unidas dan cuenta de un área sembrada de 165 mil hectáreas que tienden a c
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