Guerra de honores

Las trágicas muertes de Gilberto Echeverri, Guillermo Gaviria y ocho integrantes de las Fuerzas Armadas a manos de las Farc nos arrebataron a dos hermosos luchadores por la paz y enlutan al país. Es necesario aplaudir la actitud del presidente Uribe de asumir la responsabilidad por el operativo militar de rescate. Es igualmente loable su actitud de poner la cara y contar lo que pasó, aunque su entusiasmo por mostrar las heridas de unos de los soldados sobrevivientes y las instrucciones de la Ministra al periodista sobre qué preguntarle le restaron seriedad a la información y le dieron un fuerte y maluco tufo propagandístico. Sobre todo, celebro que el primer mandatario haya expresado reiteradamente su comprensión y respeto por las críticas que pueda recibir al respecto. Acudo a ese espíritu para pedirle que revise su política de rescate por la vía militar a la luz de los altos riesgos que corren los civiles que han sido tomados como rehenes y entendiendo que el uso de la fuerza debe ser el último, no el primer, recurso. Como bien lo señala Alfredo Rangel en su reciente columna de El Tiempo, no se pueden diseñar operativos militares con base de la propaganda sino en la realidad. Parece que este operativo se concibió más como un fuerte golpe político y militar a la guerrilla, que como una acción humanitaria. Pero por muchos errores que haya podido cometer el Ejército, nada justifica la decisión de las Farc, según los testimonios de los sobrevivientes, de asesinar a sangre fría a los civiles secuestrados y los militares retenidos. Otra vez, el honor del guerrero pudo más que los principios humanitarios: fue preferible asesinar a quemarropa a seres humanos con quienes habían convivido años a entregarle a Uribe el trofeo de un rescate exitoso. Así como el Presidente puso la cara y asumió la responsabilidad, es hora que el secretariado de las Farc haga lo mismo. Es urgente que se pronuncie sobre la práctica de ajusticiar personas que ellos mismos han calificado como "prisioneros de guerra", en flagrante desconocimiento de todas las normas humanitarias universalmente aceptadas, así como de la ética revolucionaria que ellos dicen enarbolar. Las muertes terribles de Gilberto y Guillermo vuelven a poner el tema del acuerdo humanitario sobre el tapete del debate público nacional, aunque la brutalidad de la guerrilla y las posiciones duras asumidas por el presidente Uribe hacen que éste sea políticamente cada vez menos viable. Un acuerdo humanitario requiere que las partes no sólo le pongan condiciones y les hagan exigencias a la contraparte, como hasta ahora han hecho tanto Uribe como las Farc, sino que estén dispuestas a ceder en sus posiciones a favor de los principios humanitarios. Por ejemplo, para las Farc, eso implicaría que acepten hablar no sólo de los secuestrados "políticos", sino de todos, incluidos los "económicos", ya que el derecho humanitario cubre a todas las personas privadas de su libertad por motivo del conflicto armado. Además, esto permitiría que las Farc empiecen a cumplir la condena que le hicieron al secuestro en el Acuerdo de Uribe en 1984. Deberían también asumir toda responsabilidad por la vida, la dignidad y el buen trato de todas las personas en su poder y abandonar la pretensión de obtener el reconocimiento de beligerancia por medio de un acuerdo humanitario, ya que éste no altera el estatus jurídico ni político de las partes. Por su parte, el gobierno del presidente Alvaro Uribe debe darle mayor prioridad a la búsqueda de acuerdos humanitarios mediante la oficialización de unos voceros debidamente autorizados. Debe aceptar que los guerrilleros que sean puestos en libertad como consecuencia de un eventual intercambio puedan regresar a las filas insurgentes si lo desean, así como Ingrid Betancourt y los otros políticos deben poder regresar a la política y los soldados y policías secuestrados al Ejército o la Policía, como lo expresó uno de los sobrevivientes de la masacre del lunes. Un acuerdo humanitario no es para parar la guerra, sino para arrancarle un pedacito de dolor a personas que ya no tienen nada que ver con las hostilidades. Y tiene que estar dispuesto a proveer las garantías necesarias tanto para las negociaciones como para el eventual intercambio, incluyendo áreas desmilitarizadas. Pero un acuerdo humanitario no se debe reducir exclusivamente al tema del intercambio o canje, siendo este un tema central. Debe y puede abordar otros asuntos como la proscripción del secuestro como arma de guerra, el respeto a la misión médica, el trato digno a las personas privadas de la libertad, la exclusión de los menores de la guerra y la eliminación del uso de armas que causan daño a la población civil como minas antipersonales, carros bomba y cilindros de gas, entre otros. Es evidente que el acuerdo humanitario es jurídicamente posible y éticamente imperativo Desafortunadamente, el predominio del honor militar sobre la sensatez humana en las partes y las ilógicas de la guerra lo hacen cada vez más difícil. *Ex comisionado de Paz, director Planeta Paz