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| 4/9/2008 12:00:00 AM

Guerrilleros en las cárceles podrán acogerse a Ley de Justicia y Paz

Gracias a un decreto expedido por el Gobierno Nacional, los guerrilleros en las cárceles que quieran y cumplan con ciertos requisitos, podrán recibir los beneficios de la Ley de Justicia y Paz.

Hoy miércoles 9 de abril, el Gobierno Nacional expidió un decreto que permitirá a los excombatientes de grupos guerrilleros que se encuentran detenidos en las cárceles del país y así lo soliciten, recibir los beneficios previstos para los delitos políticos, según lo establece la Ley de Justicia y Paz.

En un comunicado que emitió el Ministerio del Interior y de Justicia se afirma que: “De ninguna manera se está abriendo una puerta para que se burle la ley, ni se afecte el inmenso esfuerzo que han hecho las autoridades militares y de policía para hacer efectivas las órdenes de captura, como tampoco significa que obtendrán de inmediato su libertad.” Según el Ministerio, actualmente existen en las cárceles del país mil 700 guerrilleros presos, de los cuales mil han manifestado en varias oportunidades que no desean volver a la guerrilla. La mayoría son hombres.

De hecho, este decreto es el resultado de varios derechos de petición que fueron enviados al Ministerio del Interior y de Justicia, por los mismos guerrilleros que no querían hacer parte del canje, si las negociaciones entre el gobierno y las Farc daban resultados. Los guerrilleros manifestaron que querían reinsertarse a la vida civil, como lo han hecho los excombatientes de las AUC, y de grupos guerrilleros que se han desmovilizado y han sido cobijados por la Ley de Justicia y Paz desde el 2002.

Alrededor de 600 guerrilleros que se encuentran en las cárceles de varias ciudades del país se organizaron a través del movimiento Manos por la Paz para lograr que el gobierno buscara una figura jurídica que también les permitiera colaborar con la justicia a cambio de beneficios. Los guerrilleros que se denominan “desertores”, así estén en la cárcel condenados por crímenes que cometieron cuando hacían parte de los grupos guerrilleros, buscaron la ayuda de la holandesa Liduine Zumpolle, quien trabajó durante varios años como directora de la ONG Internacional Pax Christi en Colombia, y quien desde hace seis meses empezó a trabajar para que se lograra este decreto. Luego de conocer la noticia del decreto, Zumpolle dijo a Semana.com: “Estoy feliz porque después de tantos meses de trabajo el gobierno entendió que en vez de hacerlos pudrir en las cárceles, les puede dar la mano y convertirlos en instrumentos de paz.”

El decreto tuvo varias trabas jurídicas y políticas el año pasado. La Corte Suprema, a través de una sentencia, advirtió que los guerrilleros presos solo podrían recibir los beneficios que entrega la desmovilización individual, que no cobija a los responsables de delitos graves. Adicionalmente, según Zumpolle, las objeciones por parte de algunos políticos que no están interesados en que se conozca sobre su relación con grupos guerrilleros dilataron la aprobación de este decreto.

Pero a principios de año, asesores de los ministerios del Interior y Defensa, el Alto Comisionado para la Paz y la Presidencia, empezaron a buscar una figura jurídica que les permitiera beneficiarse de la norma y hoy finalmente fue expedido el decreto.

Para que los detenidos puedan acogerse a los beneficios que ofrece este decreto, deben haber militado anteriormente en uno de los grupos guerrilleros y expresar por escrito su voluntad para abandonar el grupo a través de “actos expresos, públicos y objetivos de rechazo al mismo”, así también como entregar información que contribuya al desmantelamiento de las estructuras de estas organizaciones ilegales.

Una vez el CODA (Comité Operativo para la Dejación de las Armas) evalúe y expida el certificado de desmovilización, el Ministerio de Defensa o el Ministerio del Interior y de Justicia podrán remitir el nombre del desmovilizado para que la Fiscalía General de la nación lo juzgue de acuerdo con la Ley 975 de 2005.

Entre los beneficios jurídicos que les permite obtener la ley 418 de 1997 y la Ley de Justicia y Paz está el indulto, la resolución inhibitoria, la preclusión de la investigación o cesación de procedimiento. Las penas alternativas que estos guerrilleros detenidos terminarían pagando estarían entre 5 y 8 años, aún habiendo cometido crímenes de lesa humanidad.

El gobierno y el INPEC tendrán que implementar medidas de seguridad para proteger a los guerrilleros que quieran acogerse a la Ley de Justicia y Paz a cambio de información, reubicándolos a otros patios o cárceles más seguras. Según Zumpolle las Farc ya han hecho varias amenazas de muerte a algunos de estos líderes desertores.
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