¿Ha llegado el país a un punto de inflexión en la guerra contra las Farc?

Los conflictos internos duran años, casi siempre décadas. Se sabe poco acerca de cómo evolucionan, por qué duran tanto y cuándo terminan.

El conflicto en Colombia no es una excepción. Más aún cuando, en medio de mil o dos mil atrocidades al año, se pierde fácilmente el sentido de las proporciones y la magnitud de lo que sucede. Destilar las tendencias del conflicto de un flujo diario y constante de noticias, crónicas de vida y muerte, denuncias, argumentos, es prácticamente imposible.

Con el ánimo de ver qué ha sucedido en el pasado reciente, en comparación con la historia del conflicto, decidimos, junto con Mike Spagat y Juan Vargas, construir una base de datos para tratar de ver el conflicto desde lejos, en una perspectiva de largo plazo. Claro, es aventurado reducir a unas pocas variables todo lo que pasa en una guerra civil. Por ello decidimos concentrarnos en las acciones que pertenecen exclusivamente a la guerra y el impacto que ellas generan, pues es allí donde se concentra el drama humano, y la ventaja militar.

Cambio estructural

¿Qué dicen las cifras? Primero, muestran un fuerte cambio en todas las variables del conflicto que tiene lugar a mediados del 2002 y se sostiene en lo corrido del gobierno Uribe.

El número de muertes de no combatientes ha caído sustancialmente, siendo, a finales del año pasado el menor que se ha visto desde finales de los años 80. Una gran noticia, pues supone un sustancial mejoramiento en términos de seguridad humana. Esta tendencia se puede atribuir, en su mayor parte, a un menor número de muertes perpetradas por los grupos paramilitares. La caída sustancial en las acciones unilaterales de la guerrilla y los grupos paramilitares también ha contribuido a una mayor seguridad humana.

Pese a ello, el número de heridos no combatientes sigue siendo alto y muestra una caída menor que las muertes de civiles. Los datos indican que acciones de la guerrilla en contra de objetivos indiscriminados son responsables de la mayor parte de estos heridos.

Lo anterior no significa que la guerra haya cesado. Por el contrario. El número de combates está cerca de su máximo histórico. Esta tendencia, que a diferencia de las anteriores viene desde comienzos del 2000, indica que el fin del conflicto no está cerca.

La guerrilla hoy se ocupa, más que en atacar poblaciones y objetivos militares, en combatir contra las fuerzas del Estado, y cada vez pierde más hombres en ello. Desde el 2003, las fuerzas estatales, por su lado, ven caer menos de sus hombres en estos combates.

Estos grandes cambios están relacionados entre sí. Cuando la actividad paramilitar estalló entre 1996 y el 2002, las guerrillas tomaron ventaja en sus acciones frente a las fuerzas estatales, lo cual fue desastroso para la población civil, dada la suciedad del accionar paramilitar y guerrillero. Ahora que el gobierno ha retomado la iniciativa, los civiles son quienes más se benefician del declive paramilitar.

Nuestros datos muestran también que las Farc han llevado siempre las de ganar en los enfrentamientos con los paramilitares, lo que puede explicar el "cese" de actividades antisubversivas de los grupos paramilitares. Varias razones se han dado para explicar por qué se han abierto las negociaciones con las autodefensas, pero no se ha mencionado su debilidad militar. De hecho, las Auc podrían estar en una posición de negociación, militarmente hablando, menos ventajosa que la que comúnmente se cree.

Según estos datos, y las tendencias similares que se aprecian en otras fuentes de información incluyendo las del propio gobierno, sí se ha presentado un punto de inflexión en el conflicto. De hecho, sólo en tres ocasiones se dio en el pasado un cambio tan fuerte como el que se ha visto desde el 2002: El primero tras la ruptura de los procesos de paz de los 80. El segundo en 1991, con la ofensiva en contra de las Farc en el Meta. El tercero, la aceleración del conflicto, que se inició en 1996.

Claro está, hay una gran variedad regional y complejas zonas en donde la calma puede asimilarse más al control de uno u otro grupo armado no estatal que a la presencia disuasiva de las fuerzas estatales.

¿Es Uribe?

No es fácil discriminar por qué se ha dado este cambio generalizado en el conflicto.

Con certeza, la estrategia ofensiva y los cambios estratégicos y tácticos que ha introducido el actual gobierno con su Política de Seguridad Democrática, han desempeñado un papel importante.

Cambios institucionales como los "soldados campesinos" se acomodaron con relativa facilidad a una tarea juiciosa de ocupación del territorio por parte de las Fuerzas Militares y la Policía que venía de tiempo atrás. El hecho que los recursos recaudados para financiar esta expansión militar hayan provenido de los grupos más ricos de la población ha supuesto extraordinaria vigilancia pública en su uso y ejecución.

Y hay otros factores que contribuyen a este mejor estado de cosas. La entrada plena del Plan Colombia ha significado mayores costos para los grupos no estatales. El dinamismo de la economía le ha restado leña a la hoguera. Los grupos paramilitares, suceda lo que suceda en las negociaciones, ya han redefinido su papel en la lucha contrainsurgente, y se preocupan hoy día más por mantener lo ganado, las tierras, las áreas de cultivos ilícitos, el control local, que por ampliar su influencia.

¿Se sostendrá?

La pregunta obvia es: ¿cómo sostener estas tendencias favorables? ¿Es este punto de inflexión el último y el definitivo?

Si el gobierno Uribe ha fijado ésta como su meta para los próximos dos años tendrá que superar cuatro difíciles retos.

En primer lugar financiar y organizar logísticamente nuevas expansiones en el aparato militar. Lo cual, necesariamente, requerirá una nueva carga tributaria o una ampliación del endeudamiento. Aquí no se trata de mantener lo que ya hay. La estrategia consignada en la Política de Seguridad Democrática supone nuevas ampliaciones del aparato militar. Y eso cuesta platica.

Y cuesta también institucionalmente. Hasta ahora, las fuerzas militares han logrado mucho. Pero nuevas ampliaciones de ese aparato militar suponen mayores riesgos y capacidad innovadora. No sólo habrán de emplearse a fondo para mejorar día a día el récord de protección de los derechos humanos durante sus acciones sino que tendrán que empezar a innovar para obtener mejoras sustanciales en términos de productividad y eficiencia, agilidad, movilidad y capacidad de respuesta.

En segundo lugar, la economía tendrá que seguir creciendo. El crecimiento económico absorbe tensión social y desocupación, haciendo costosa y riesgosa la depredación. La falta de crecimiento, más que la pobreza, explica los conflictos internos. Y en Colombia la fortaleza macroeconómica no está garantizada.

Un tercer componente fundamental ha sido la asistencia militar y antinarcóticos del Plan Colombia. Lograr la continuidad de este programa, en época electoral en Estados Unidos, es un elemento crítico de la agenda del gobierno.

La negociación con los paramilitares, para desactivar por completo ese atroz aparato militar, es también fundamental para la seguridad humana y evitar un disparo del crimen organizado por fallas en la desmovilización y la reinserción.

Construir instituciones para la seguridad humana

El gobierno de Uribe ha dado grandes pasos en la dirección adecuada y ha logrado construir sobre bases sólidas. Pero hay un trecho muy grande por recorrer para que el Estado logre garantizar la protección de los derechos de las personas y sobre esta base poder construir seguridad humana, no sólo seguridad nacional.

Dos pasos enormes por dar:

Muy pronto habrá que llenar el vacío en la seguridad local, especialmente en las áreas rurales. Las Fuerzas Militares son fuerzas de ataque, pesadas por definición, logísticamente costosas, masivas. La Policía, por su parte ha logrado recuperar la gran mayoría de las áreas urbanas. Pero hay un rango medio en el que las fuerzas del Estado están casi siempre ausentes pues no existe una institución especializada. En muchos sitios se necesita una institución de seguridad bajo control estatal, articulada a otras fuerzas de seguridad que haga presencia constante y provea información que garantice la rápida presencia de fuerzas de ataque o de Policía.

El segundo paso lo constituye una correcta financiación de esta nueva fuerza. A ella deben contribuir más quienes más de ella se beneficien. No sólo es asunto de justicia tributaria. Esto garantiza poder recaudar los tributos y su correcto funcionamiento.

Cómo prestar un servicio público y cómo financiarlo. Las dos preguntas fundamentales de la política. ¿Podrá este gobierno dar una respuesta a estas preguntas durante la próxima campaña?