Ventana Modal

Este contenido se reemplaza via ajax por el del html externo.

×

Ventana Modal

Este contenido se reemplaza via ajax por el del html externo.

×

Ventana Modal

Este contenido se reemplaza via ajax por el del html externo.

×

×

| 8/13/2008 12:00:00 AM

¿Hubo empresas beneficiadas con la violencia armada?

Después de miles de entrevistas e informes de 200 organizaciones sociales hechas en dos años, el llamado Tribunal Permanente de los Pueblos, un organismo internacional no gubernamental, sacó un demoledor veredicto: 34 empresas fueron cómplices de violaciones de derechos humanos. Semana.com presenta en qué consistió este fallo ético y lo contrasta con la versión de algunas de las empresas señaladas.

El Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP), un organismo internacional no gubernamental que nació en 1979 para hacer visibles las violaciones masivas a los derechos humanos que muchas veces no tienen castigo en los tribunales convencionales de los estados, condenó recientemente a 34 empresas, entre multinacionales y colombianas, por considerar que han participado en violaciones a los derechos humanos en Colombia. Es un veredicto simbólico que pretende arrojar luz sobre comportamientos poco éticos en materia del respeto a los derechos humanos.

Desde abril de 2006 hasta el 19 de julio pasado el TPP realizó varias audiencias, se tuvieron en cuenta informes de más de 200 organizaciones sociales y a la última sesión, entre el 21 y 22 de julio, asistieron 3.250 personas para dar testimonios.

De acuerdo con el TPP, “la toma de los mercados nacionales, de la infraestructura y de las finanzas por los capitales transnacionales ha estado acompañada por formas de violencia brutal contra los trabajadores, especialmente los sindicalizados, y contra la población en general, usuaria de muchos servicios. Se aprobaron leyes lesivas contra los trabajadores, arrebatándoles casi todos sus derechos conquistados en muchas décadas”.

Con base en hechos que considera probados, el Tribunal, encabezado por el Nobel de Paz Adolfo Pérez Esquivel, concluyó que esas empresas estuvieron involucradas en diferentes tipos y calibres de violaciones a los derechos humanos. Las denuncias hablan desde malos tratos a los trabajadores o incumplimientos a los usuarios de las empresas y contaminación del ambiente, hasta alianzas con grupos armados para beneficiarse de su seguridad, que incluso provocaron desplazamientos y muertes, casi siempre a campesinos y sindicalistas.

En general, las empresas tienen presencia en zona rural, prestan servicios públicos o explotan minerales.

Las empresas que quizá recibieron las críticas más delicadas en el informe del TPP fueron Nestlé y Unión Fenosa. De Nestlé el TPP denunció que personas de la administración de la empresa pasaron a ocupar altos cargos en el Ministerio de la Protección Social y luego vino el desmantelamiento de su sindicato, “el despido masivo de los trabajadores” y la “sustitución por trabajadores precarizados”.

El TPP también dijo que esta empresa ha puesto en riesgo la salud de la población infantil porque ha vuelto a etiquetar y a empacar leche vencida. Denunció además que sustrae ilegalmente agua subterránea para no pagarla a administraciones municipales y que, además, ha contaminado el río Bugalagrande derramando en él residuos de sus procesos químicos.

El contraste de la denuncia del Tribunal, con la información que se ha conocido hasta ahora de la multinacional no podía ser mayor. Según los balances de la propia empresa Nestlé, en lo laboral, “la permanencia media de los empleados fijos es de 15 años, en parte porque su salario promedio es superior a tres salarios mínimos”.

Sobre el manejo ambiental de sus residuos, Nestlé cuenta que en 1992 instaló una planta de tratamiento de aguas residuales en Bugalagrande que, incluso, se utiliza como guía en la gestión de la educación ambiental. Y reconoce que ha vertido en el río Bugalagrande agua de color marrón producto del lavado del café, pero que esto es biológicamente seguro.

Sobre los niños, Nestlé dice que ha trabajado con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf) y con el gobierno de Antioquia para desarrollar galletas con hierro y vitamina B para enriquecer el desayuno de los menores.

La Nestlé fue condecorada por el presidente Álvaro Uribe en agosto de 2004, según dijo, por “sus sólidos valores, su ética empresarial, el trabajo realizado a favor del desarrollo económico y el crecimiento de nuestro país y por mejorar la calidad de vida de su gente”.

Semana.com quiso comunicarse con un vocero de la multinacional para que respondiera puntualmente a los graves señalamientos del TPP pero no fue posible.

La otra empresa que fue duramente criticada por el TPP es Unión Fenosa. El tribunal dice que se presentaron distintos testimonios que coincidieron en que Unión Fenosa tiene relación con grupos paramilitares “hasta el punto de permitir el ingreso de miembros de sus filas en puestos claves de la administración de sus empresas filiales Electrocosta, Energía Social y Electricaribe con objeto de conocer al personal y a los dirigentes sindicales”.

Según el Tribunal, dicha relación fue confirmada por la confesión de un paramilitar en una carta enviada a la Fiscalía General de la Nación. “El documento describe un acuerdo entre Unión Fenosa y el Bloque Norte de las Auc en dos fases: la primera tenía como objeto garantizar, por parte de la empresa, un mejor servicio de energía en aquellas áreas rurales y barrios marginados ubicados en sus zonas de influencia paramilitar; las Auc, a su vez, se comprometieron a garantizar una mayor seguridad para las infraestructuras eléctricas y ‘presionar’ a los usuarios para facilitar el recaudo.

“La segunda fase consistía en que los jefes de las Auc le exigieron a los empleados de Unión Fenosa en Colombia que se les permitiera el ingreso de algunas personas de su confianza en puestos claves de la administración de las empresas Electrocosta, Energía Social y Electricaribe, y de esa forma conocer a todos los trabajadores de estas empresas y en especial a los dirigentes sindicales, lo que permitiría por parte de ellos garantizarle una verdadera seguridad sin ningún riesgo para los miembros de Unión Fenosa en Colombia y su patrimonio económico”.

Electrocosta y Electricaribe han sido insistentes en su categórico rechazo a estas denuncias. “Es política del Grupo Unión Fenosa su respeto irrestricto a las leyes y las autoridades de los países donde opera, así como su compromiso con los principios de responsabilidad social corporativa. Con su adhesión y la de sus empresas en Colombia al Pacto Global de Naciones Unidas, reitera su apoyo y respeto a la protección de los Derechos Humanos en su ámbito de influencia”, responde la empresa en un comunicado.

Y añade que “por lo anterior, rechaza cualquier tipo de señalamiento que cuestione la ética y legalidad de sus actuaciones y pondrá tales imputaciones infundadas en conocimiento de las autoridades competentes, reiterando su disposición permanente de colaboración, en procura del derecho a la verdad, tal como ha venido procediendo”.

Los casos de Nestlé y Unión Fenosa son apenas dos ejemplos que demuestran versiones contrarias entre lo que dice la información oficial de las compañías y lo que perciben algunos usuarios y trabajadores de las mismas. En parte, lo que sucede es que ante la falta de investigaciones de la justicia, denuncias como estas quedan en el limbo y no se termina de esclarecer cuánto pueden tener de verdad, o hasta dónde, como lo sostienen, las empresas han cumplido a cabalidad con las exigencias de gobernabilidad democrática y transparencia.
¿Tiene algo que decir? Comente

Para comentar este artículo usted debe ser un usuario registrado.

EDICIÓN 1855

PORTADA

Exclusivo: la verdadera historia de la colombiana capturada en Suiza por ser de Isis

La joven de 23 años es hoy acusada de ser parte de una célula que del Estado Islámico, la organización terrorista que ha perpetrado los peores y más sangrientos ataques en territorio europeo. Su novio la habría metido en ese mundo.