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| 6/27/2008 12:00:00 AM

Human Rights Watch insta a McCain a pronunciarse a favor de instituciones judiciales colombianas

Kenneth Roth, director ejecutivo de Human Rights Watch, le envió una enérgica carta al candidato republicano a la Presidencia que visita Colombia, en la que critica al gobierno, y advierte sobre peligros que aún se ciernen sobre la democracia colombiana.

Kenneth Roth, director ejecutivo de la prestigiosa ONG Human Rights Watch, le pidió John McCain,  candidato republicano a la Presidencia de Estados Unidos, que durante su visita a Colombia, " no se deje confundir por el aluvión de información selectiva y manipulada que probablemente recibirá" del gobierno Uribe, y que se refiera a los preocupantes problemas que amenazan la democracia.
 
Entre los problemas que describe, cita el creciente desplazamiento forzado, ejecuciones extrajudiciales por parte del Ejército, las presiones políticas del alto gobierno a magistrados de la Corte Suprema que con valentía investiga la parapolítica, el asesinato a sindicalistas, entre otros.

El siguiente es el texto completo de la carta enviada el pasado 27 de junio:
 
Estimado Senador McCain:

Me complace enormemente comunicarme con usted una vez más. A través de los años, usted ha defendido los derechos humanos y las libertades democráticas en varias oportunidades, tanto al oponerse a la tortura en Estados Unidos como a la represión política ejercida desde Birmania hasta Uzbekistán o Rusia. Valoramos el trabajo que ha llevado a cabo en relación con estas materias y hemos tenido el privilegio de trabajar con usted en varias de ellas.

En esta ocasión, me dirijo a usted para solicitar su atención a varios problemas sumamente inquietantes en relación con la grave situación de los derechos humanos en Colombia, estado que hemos monitoreado durante más de dos décadas y que, según tengo entendido, usted visitará próximamente. Espero que aproveche su visita para expresar públicamente su preocupación sobre estos serios problemas y la importancia del respeto a los derechos humanos, tal como lo ha hecho en otras regiones del mundo.

A diferencia del gobierno totalitario de Cuba —el único de América Latina que actualmente reprime prácticamente todas las formas de oposición política—, Colombia es una democracia en términos formales. Sin embargo, se trata de una democracia débil que permanece inmersa en un brutal conflicto armado que lleva ya mucho tiempo e involucra a guerrillas de izquierda, grupos paramilitares y las fuerzas militares colombianas. Justicia por graves violaciones a los derechos humanos casi no existe, y el estado de derecho aún no se ha establecido en buena parte del país.

Actualmente, las frágiles instituciones democráticas colombianas se encuentran frente a graves amenazas y desafíos. Algunos de estos provienen de las guerrillas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) que, como sabe, aterrorizan a la población civil colombiana desde hace tiempo. No obstante, tal vez sean los grupos paramilitares, también vinculados al narcotráfico, los que representan un desafío más profundo; al igual que las guerrillas, estos grupos integran la lista de Organizaciones Terroristas Extranjeras elaborada por Estados Unidos, pero suponen una amenaza para la democracia colombiana ejercida desde adentro, a través de la corrupción y la infiltración del estado colombiano.

De hecho, instituciones clave como el Congreso Colombiano actualmente atraviesan una profunda crisis de legitimidad —que no tiene precedentes en Colombia ni en ninguno de los países de América Latina—, ya que más del 20% de los representantes del Congreso están siendo investigados por colaborar con los paramilitares. Las instituciones judiciales del país, en especial la Corte Suprema, se han encontrado casi solas al hacer frente, con gran valentía y contundencia, a la amenaza paramilitar. El poder judicial ha tenido que luchar constantemente por defender sus fueros y su independencia.

Le instamos, Senador McCain, a que se pronuncie a favor de la protección y defensa de las instituciones democráticas de Colombia, en especial, sus instituciones judiciales, frente a estas amenazas como una de las principales prioridades durante sus reuniones con el gobierno colombiano.

Lamentablemente, es probable que el gobierno del presidente colombiano Álvaro Uribe no le de mucha información acerca de lo que se conoce como los escándalos de la “parapolítica”. Seguramente el Presidente tampoco hará mayor referencia al verdadero alcance de la grave crisis humanitaria y de derechos humanos en Colombia. Por el contrario, el gobierno colombiano y sus grupos de lobby en Washington suelen citar cifras que parecen impresionantes y hacen comentarios acerca de sus políticas que pueden llevarlo a concluir que Colombia está bien encaminada en materia de derechos humanos y justicia. Una breve visita a los barrios de estratos altos de Bogotá o Medellín podría parecer confirmar esa conclusión. Lo instamos a que no se deje confundir por el aluvión de información selectiva y manipulada que probablemente recibirá. Detrás del spin y las tours cuidadosamente programadas se esconde una realidad profundamente preocupante.

El gobierno se ha enfrentado a las abusivas guerrillas de izquierda, y el repliegue de los grupos guerrilleros de las FARC y el ELN en diversas regiones ha significado una reducción notable de distintos tipos de atrocidades que estos cometen habitualmente, como los secuestros. Sin embargo, las guerrillas continúan manteniendo secuestrados a decenas de civiles, a menudo durante años enteros. Reclutan habitualmente a niños para el combate, algunos de los cuales tienen menos de 15 años, y en los últimos años se ha registrado un incremento significativo de la cantidad de heridas y muertes provocadas por las minas antipersonales, que son casi siempre sembradas por las guerrillas.

A su vez, luego de un período de rápida y sangrienta expansión marcado por frecuentes masacres de civiles hasta el 2002, los paramilitares han consolidado su control y su influencia política en muchas regiones e incluso, como se ha ido descubriendo recientemente, en el ámbito nacional. Actualmente, si bien no se registran masacres de igual magnitud que en el pasado, los paramilitares ejercen su control a través de homicidios selectivos, desapariciones forzadas y amenazas, y su influencia alcanza a algunos de los más altos niveles del gobierno.

También el Ejército ha llevado a cabo ejecuciones extrajudiciales de civiles, que luego reportan como muertos en combate. El desplazamiento interno de la población civil continúa siendo masivo.

A continuación paso a describirle algunos de los problemas más graves a los que se enfrentan actualmente los derechos humanos y la democracia en Colombia. Al plantear públicamente su preocupación por estos problemas durante su visita, realizaría una valiosa contribución a la causa de los derechos humanos y a las víctimas de violaciones a los derechos humanos en Colombia.

Los grupos paramilitares no se han desmantelado

El gobierno de Uribe probablemente le dirá que ya no existen paramilitares gracias a un proceso de “desmovilización” que se ha implementado en los últimos años. Sin embargo, la eficacia de ese proceso se ha exagerado enormemente. Si bien supuestamente se desmovilizaron más de 30.000 personas, fiscales Colombianos han encontrado pruebas que demuestran que muchas de ellas ni siquiera eran paramilitares, sino civiles reclutados con el propósito de que se hicieran pasar por tales. Casi ninguno de ellos ha sido investigado por las autoridades.

Durante el último año, gracias a la Corte Constitucional de Colombia, que exigió a los responsables de delitos graves confesar si querían recibir una reducción sustancial de la pena, algunos de ellos —principalmente un grupo integrado por algunos de los principales líderes— comenzaron a hablar acerca de los delitos que cometieron y de sus vínculos con altos oficiales de las fuerzas militares y políticos. Sin embargo, gran parte del proceso de confesiones se paralizó abruptamente en mayo, cuando el presidente Uribe extraditó a casi todos los principales líderes paramilitares a Estados Unidos para ser procesados por delitos de narcotráfico.

Si bien resulta positivo que estos jefes ya no puedan continuar cometiendo delitos, ahora que se encuentran en Estados Unidos no tienen fuertes incentivos para continuar cooperando con las investigaciones judiciales colombianas. Y, a pesar de que es evidente que las extradiciones han producido un impacto en las estructuras de mando de los grupos, en muchos casos nuevos jefes ya han asumido el control.

Para desarticular efectivamente las complejas redes paramilitares, el gobierno de Uribe debería respaldar y promover inequívocamente las iniciativas de investigación y juzgamiento no solo de los jefes paramilitares más visibles, sino también de sus cómplices en el sistema político y las fuerzas militares, así como de quienes los financian y sus testaferros. Lamentablemente, el gobierno de Uribe no ha demostrado estar dispuesto a tomar las medidas necesarias en este sentido, en especial en lo que respecta a funcionarios del gobierno o a sus partidarios en el Congreso, muchos de los cuales están siendo investigados por colaborar con grupos paramilitares.

Influencia paramilitar en el sistema político

Más de 60 integrantes de la coalición del presidente Uribe en el Congreso —incluido su primo y más fuerte aliado político, el senador y ex Presidente del Congreso Mario Uribe— han sido investigados penalmente por manipular elecciones y colaborar con los paramilitares, y más de 30 de estos congresistas ya se encuentran detenidos. El ex jefe del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) también está siendo investigado por colaborar con grupos paramilitares; las pruebas en su contra son suficientemente contundentes para que el gobierno de Estados Unidos haya revocado su visa.

Las investigaciones acerca de la infiltración paramilitar en el Congreso son en gran medida resultado de una iniciativa de la Corte Suprema de Colombia, que ha demostrado una independencia y un coraje notables. Lamentablemente, en vez de respaldar incondicionalmente estas acciones tendientes a fortalecer el estado de derecho, el presidente Uribe ha tomado acciones que podrían frustrar las investigaciones. A pesar de haber hecho declaraciones sobre la importancia de la verdad y de haber asignado fondos a la Corte, Uribe ha reiteradamente proferido violentos ataques públicos contra los magistrados a título personal, llegando incluso a llamarlos telefónicamente para indagar acerca de causas pendientes. En una oportunidad, presentó una propuesta para que los políticos pudieran ser excarcelados, pero abandonó dicha propuesta cuando resultó evidente que obstaculizaría la ratificación del Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Estados Unidos y Colombia.

Asimismo, el presidente Uribe bloqueó recientemente un proyecto de ley que habría contribuido a restablecer la legitimidad del Congreso colombiano al impedir que los partidos políticos vinculados a grupos paramilitares conservaran las bancas de aquellos miembros que reciban condenas por colaborar con paramilitares. Los funcionarios del gobierno de Uribe han justificado la decisión de trabar la iniciativa aduciendo que, si se implementara, Uribe perdería su mayoría en el Congreso, a pesar de que dicha mayoría está actualmente empañada por la influencia que ejercen sobre ella grupos responsables de atrocidades sistemáticas.

Violencia por parte de nuevos grupos paramilitares

Mientras tanto, han surgido por todo el país nuevos grupos, muchos de los cuales estan comandados por jefes paramilitares de rango medio. La Misión de la Organización de los Estados Americanos (OEA) a cargo de verificar las desmovilizaciones ha identificado 22 grupos de esta naturaleza, con miles de integrantes. Estos grupos reclutan activamente a nuevos miembros y cometen numerosos abusos, como extorsión, amenazas, asesinatos y desplazamientos forzados. Incluso en Bogotá, la Defensoría del Pueblo ha expresado su preocupación por el crecimiento de estos grupos, y advirtió en un informe reciente que tienen presencia en 10 de las 20 localidades de la ciudad. Este año se ha producido una repentina e inquietante ola de homicidios en la ciudad de Medellín perpetrados presuntamente por estos grupos, luego de que se registrara una reducción ininterrumpida de los indicadores oficiales de violencia.

En los últimos meses, ocho embajadas extranjeras en Bogotá y la OEA denunciaron haber recibido amenazas por parte de estos grupos. Numerosos defensores de los derechos humanos y sindicalistas que participaron en una marcha celebrada en marzo de 2008 en contra de la violencia ejercida por los grupos paramilitares han denunciado amenazas y agresiones. Según informes de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en los días próximos a la marcha incluso fueron asesinados algunos organizadores y participantes. Varios sacerdotes que trabajaban en proyectos de paz y desarrollo en la región del Magdalena Medio debieron abandonar provisionalmente la región a causa de las amenazas que recibían de los nuevos grupos paramilitares.

Algunas víctimas que han denunciado la apropiación de tierras u otros abusos cometidos por los paramilitares han sido asesinadas; por ejemplo, Yolanda Izquierdo, una madre con cinco hijos que representaba a un grupo de campesinos desplazados que pretendían la devolución de las tierras que los paramilitares les habían robado, fue asesinada a balazos junto a su esposo frente a su casa el año pasado. Un programa del gobierno cuyo supuesto propósito es proteger a las víctimas ofrece pocas opciones a la mayoría de las víctimas que requieren asistencia, aparte de un monitoreo por parte de la policía local, que no suele gozar de la confianza de las víctimas debido a la conocida influencia que ejercen los grupos paramilitares en numerosos sectores del Estado.
 
Durante las últimas semanas, también se ha denunciado que los testigos contra los grupos paramilitares o sus cómplices han sido víctimas de asesinatos y amenazas. El Washington Post, por ejemplo, ha informado acerca de una conspiración por parte de un grupo de sicarios que se proponían viajar a Canadá para asesinar a un importante testigo contra políticos vinculados a los paramilitares. Se ha informado que la propia Embajada de Canadá recibió hace poco otra amenaza por parte del grupo “Águilas Negras”, al parecer por haber ofrecido asilo a un importante testigo.

Violencia anti-sindical

Durante años, Colombia ha ocupado el primer lugar a nivel internacional en lo que respecta al número de asesinatos de sindicalistas. Según datos de la Escuela Nacional Sindical, la principal organización no gubernamental colombiana dedicada al monitoreo de los derechos laborales, han sido más de 2.600 los asesinatos cometidos desde 1986. Si bien la cantidad de asesinatos cometidos cada año se ha reducido desde la década de los 90, época en que se registraron los índices más altos y en que tuvo lugar la violenta expansión de los paramilitares, más de 400 sindicalistas han sido asesinados durante el gobierno del actual presidente Álvaro Uribe, con 39 homicidios ocurridos tan solo en el 2007. La impunidad respecto de los casos de sindicalistas es generalizada: en casi el 97% de los asesinatos no se ha llegado a una condena y los asesinos continúan en libertad.

La continua violencia contra sindicalistas reviste especial importancia en vista del TLC pendiente entre Colombia y Estados Unidos. Si bien Human Rights Watch no tiene una posición respecto del libre comercio per se, considera que el libre comercio debe basarse en el respeto fundamental por los derechos humanos y, en especial, los derechos de los trabajadores que producen los bienes que se comercializarán.

Si bien postergar la aprobación del TLC constituye una medida excepcional, Colombia es en efecto un caso excepcional debido a los altísimos índices de violencia contra sindicalistas, la impunidad casi absoluta respecto de dicha violencia y el hecho de que el gobierno colombiano no ha desarticulado efectivamente a los grupos paramilitares que son los principales responsables de tal violencia. Consideramos que Estados Unidos no debería conceder el acceso permanente sin aranceles a productos que, en muchos casos, son elaborados por trabajadores que no pueden ejercer sus derechos sin temor a ser asesinados.

Quienes promueven el TLC han sostenido que es más seguro “pertenecer a un sindicato que ser un ciudadano común”, destacando que el índice de asesinatos de sindicalistas es inferior al índice de homicidios del país. Sin embargo, esta afirmación irresponsable compara dos categorías totalmente distintas: el “ciudadano común” engloba a una gran cantidad de personas en zonas de combate o expuestas a un peligro extraordinario de ser asesinadas. Además, los sindicalistas no son víctimas circunstanciales asesinadas accidentalmente o muertas en cruces de fuego.
 
Si bien algunos de los asesinatos pueden atribuirse al Ejército, las guerrillas o a la delincuencia común, la mayor parte de los asesinatos, según la información recabada por la Fiscalía General de la Nación y los análisis de la Escuela Nacional Sindical, son claramente cometidos por paramilitares, que perciben a la actividad sindical como una amenaza a sus intereses, y que estigmatizan a los sindicalistas como colaboradores de la guerrilla. El New York Times describió recientemente la desaparición forzada de un sindicalista, que fue quemado con ácido y asesinado luego de participar en las protestas contra la violencia paramilitar que tuvieron lugar en marzo de este año. Estos homicidios selectivos, a diferencia de los delitos comunes, inhiben fuertemente la capacidad de los trabajadores de ejercer sus derechos.

Los asesinatos de sindicalistas han aumentado nuevamente este año, con 26 asesinatos cometidos hasta el 30 de mayo, lo que representa un incremento del 70% respecto del año pasado, según información de la Escuela Nacional Sindical.

Con fondos de Estados Unidos, el gobierno de Uribe ha establecido un programa destinado a brindar protección a los líderes sindicalistas que reciben amenazas. No obstante, durante la mayor parte de su presidencia no ha contribuido significativamente a impedir la violencia y las amenazas mediante el juzgamiento de quienes perpetraron los asesinatos y la desarticulación efectiva de las organizaciones paramilitares a las que pertenecen muchos de ellos.

El índice de asesinatos de sindicalistas que recibieron condena durante el gobierno de Uribe ha sido sistemáticamente bajo: se dictaron tan solo 9 condenas en 2003, 11 en 2004, 9 en 2005 y 11 en 2006. En 2007, la cantidad de condenas ascendió abruptamente a 43. Este repentino aumento responde en primera instancia a la presión ejercida por el Congreso de Estados Unidos en relación con el TLC, que desembocó en la creación de una subunidad de fiscales especializada en la Fiscalía General de la Nación con el fin de acelerar la investigación de los asesinatos de sindicalistas, lo cual es un hecho positivo. La mayor cantidad de condenas es una señal de que si el gobierno se propone lograr resultados puede hacerlo. Pero para asegurarnos de que el incremento de las condenas producido el año pasado no sea tan solo un fenómeno exclusivo de ese año, es esencial que Estados Unidos continúe ejerciendo presión hasta que el gobierno colombiano demuestre cambios significativos en el patrón de impunidad imperante durante un período de tiempo razonable.
 
Algunos de los partidarios del TLC han afirmado que el TLC fomentaría la causa de los derechos humanos estimulando el crecimiento del empleo y la creación de oportunidades económicas en Colombia. Independientemente de si el TLC genera efectivamente empleos, no hay motivos para pensar que reduciría como por arte de magia la violencia contra los sindicalistas y otros ciudadanos colombianos, o que permitiría un mayor número de condenas. Los paramilitares responsables de gran parte de los hechos de violencia contra agrupaciones sindicales no participan en estos actos impulsados por la pobreza o el desempleo; por el contrario, gracias al narcotráfico, la apropiación de tierras y otras actividades delictivas, han acumulado enormes riquezas (y las remuneraciones para los nuevos empleos que puedan generarse a través de un TLC no pueden competir con la riqueza que puede obtenerse a través del delito en Colombia).

Otro argumento esgrimido por quienes proponen el TLC es que postergar la ratificación transmitiría un mensaje negativo a la región, que sugeriría que Estados Unidos es un aliado poco confiable. Este argumento es absurdo, puesto que Estados Unidos ya brinda ayuda a Colombia por cientos de millones de dólares cada año, y el comercio no es la única forma de comprometerse con ese país o ayudar a su población. Además, el hecho de que el gobierno de Uribe se haya alineado con Estados Unidos sobre cuestiones regionales no constituye una justificación válida para ignorar los graves antecedentes del gobierno colombiano en materia de derechos humanos.

Lograr al menos algunos avances iniciales en cuestiones como la violencia antisindical y la impunidad ha resultado sumamente difícil; por ello, consideramos que la oportunidad que supone el TLC se aprovecharía en forma más efectiva si se postergara su ratificación hasta que Colombia demuestre resultados concretos y sostenidos en su resolución.

Ejecuciones extrajudiciales por parte del Ejército

Los funcionarios del gobierno colombiano suelen resaltar la reducción significativa en las cifras oficiales de homicidios perpetrados en los últimos años. Efectivamente, la cifra global de muertes violentas producidas en Colombia se ha reducido a la par de los cambios en los patrones de violencia. Sin embargo, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha informado que la cantidad de asesinatos de civiles cometidos en forma directa por las fuerzas del estado ha aumentado sustancialmente. De acuerdo con la base de datos de la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ), una de las organizaciones de derechos humanos más prestigiosas de Colombia, se registraron 236 denuncias de ejecuciones extrajudiciales entre junio de 2006 y junio de 2007, un incremento marcado respecto de las 127 denuncias producidas entre junio de 2002 y junio de 2003, al comienzo del gobierno de Uribe. En total, la CCJ ha registrado 955 ejecuciones de este tipo por parte de agentes del estado entre junio de 2002 y junio de 2007, así como 235 desapariciones forzadas imputables también a agentes del estado.

Según el Washington Post, los fiscales trabajan activamente en la investigación de más de 500 casos desde 2002, y aún quedan por abrirse otros 500; mientras tanto, la Procuraduría General de la Nación actualmente analiza más de 650 casos que datan de 2003 hasta mediados de 2007 en los que podrían estar afectadas hasta 1.000 víctimas de ejecuciones.

Muchos de los casos presentan un patrón similar, en el cual miembros del ejército al parecer se llevan a civiles de sus viviendas o lugares de trabajo, los asesinan y los visten en uniformes para registrarlos como combatientes muertos en enfrentamientos. Según la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, las investigaciones han revelado que “estos casos... podrían estar motivados por la presión por obtener resultados”.

En respuesta a la preocupación expresada por el Congreso de Estados Unidos (incluida el congelamiento parcial de la ayuda militar), el Ministro de Defensa de Colombia ha emitido directivas que reafirman que estos asesinatos están prohibidos, y la Fiscalía General de la Nación ha creado un grupo especial dedicado a la investigación de algunas de estas ejecuciones. Sin embargo, estas medidas positivas han sido debilitadas al mismo tiempo por las declaraciones del propio presidente Uribe, quien ha negado en reiteradas oportunidades y en forma pública la existencia del problema, y ha llegado incluso a afirmar —en eventos celebrados tanto en Colombia como en Washington— que los defensores de los derechos humanos que lo denuncian actúan como instrumentos de las guerrillas y que todas las denuncias son parte de una campaña deliberada para desacreditar al Ejército.

Desplazamiento interno en aumento

Más de 3 millones de personas han debido abandonar sus hogares y convertirse en desplazados internos en Colombia, lo que representa el grupo más numeroso a nivel internacional luego de Sudán y que supera a la población desplazada de Irak, según datos del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. La gran mayoría de la población desplazada de Colombia pertenece a algunos de los sectores más vulnerables de la sociedad, como los afrocolombianos, los indígenas, las mujeres y los niños en zonas rurales. Una vez que son desplazados, se ven obligados a vivir en condiciones precarias, a menudo con medios escasos para subsistir y con acceso restringido a la asistencia.

Existe información creíble que indica que los grupos paramilitares, que han mantenido vínculos estrechos con las fuerzas del orden público, son responsables de una mayor cantidad de desplazamientos que cualquier otro actor —se les atribuye el 37% de los desplazamientos, según un estudio realizado recientemente como parte del seguimiento de la Corte Constitucional de Colombia de la crisis de la población desplazada.

A su vez, el índice de desplazamiento interno se ha incrementado en forma sostenida desde 2004. Según estadísticas oficiales, casi un cuarto de millón de personas denunciaron haber sido forzadas a abandonar su hogar el año pasado. Por otra parte, el año pasado, el Comité Internacional de la Cruz Roja informó sobre un incremento de casi el 40% en la cantidad de personas a las que la organización debió prestar asistencia para su reubicación debido a las amenazas de las que habían sido víctimas. En el lejano departamento sureño de Nariño, en el que nuevos grupos paramilitares han estado creciendo rápidamente y el conflicto continúa siendo sumamente fuerte, los datos oficiales indican que más de 22.000 personas se sumaron a las filas de los nuevos desplazados tan solo durante 2007. Y según se informó, esta semana 94 personas fueron desplazadas en la empobrecida región de Chocó, aparentemente como resultado de la violencia por parte de los nuevos grupos “Águilas Negras” y “Rastrojos”.

* * *

Senador McCain, espero que tenga oportunidad de pronunciarse sobre estas materias durante sus reuniones y declaraciones públicas en Colombia. Como se mencionó previamente, así se transmitiría un mensaje claro a las víctimas y al público colombiano en general de que se trata de cuestiones de relevancia, que la verdad es importante y que ser un líder comprometido con los derechos humanos y la democracia supone hablar claramente tanto a los aliados como a los enemigos.

También sugiero que durante su visita a Colombia procure reunirse con autoridades que puedan ofrecerle perspectivas sobre estos asuntos que posiblemente no le brinden los funcionarios del gobierno de Uribe. Entre estas autoridades se encuentran los magistrados de la Corte Suprema, el Fiscal General, el Procurador General, así como diversos defensores de los derechos humanos y sindicalistas. Estoy a su disposición para proporcionarle los nombres y la información de contacto de personas específicas en caso de que los requiera.

Una vez más, lo insto a que no confíe en los esfuerzos del gobierno de Colombia por sugerir que las FARC representan el único desafío significativo al que se enfrentan los derechos humanos y la democracia en Colombia. Las FARC son efectivamente una amenaza grave. Pero también lo es el poder constante que ejercen los paramilitares en gran parte del país y al interior de instituciones democráticas clave. La administración de Uribe no ha adoptado medidas serias y eficaces para poner fin a este fenómeno, lo cual merece su atención.

Le agradecemos enormemente su interés y su preocupación.

Atentamente,

Kenneth Roth
Director Ejecutivo


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