Viernes, 9 de diciembre de 2016

| 2005/04/03 00:00

¿Humo blanco?

Esta semana es crucial para la solución del conflicto entre los Embera Katíos del Alto Sinú y el gobierno, luego de una disputa de más de 10 años. César Molinares y Carlos Andrés Serrano explican qué es lo que está en juego.

Luis Alberto Panesso, uno de los 4.200 emberas que viven en el Nudo de Paramillo, lleva tres meses lejos de su tierra luchando por la supervivencia de su etnia. Él, como 350 indígenas más de su comunidad, ha estado hacinado durante este tiempo en una casona de la Organización Nacional Indígena en el barrio La Candelaria de Bogotá, a la espera de que el gobierno le dé una solución definitiva al conflicto que ha enfrentado durante 10 años a su comunidad con el Estado colombiano y la central hidroeléctrica de Urrá.

El inconformismo surgió cuando se construyó la hidroeléctrica en el corazón del Nudo de Paramillo que inundó cerca de 400 hectáreas de las tierras indígenas en el departamento de Córdoba para producir energía para todo el país. El llenado del embalse -sostienen los indígenas emberas- afectó sus costumbres y estilo de vida. Se les acabó el pescado, que además de ser su medio de sustento era un elemento alrededor del cual se agrupaba la comunidad en las fiestas. Las iguanas y armadillos los abandonaron. Y los árboles de donde sacaban la madera para fabricar sus lanzas se murieron. Además inundó sitios sagrados y trajo consigo la colonización de su reserva indígena.

Panesso continúa en la lucha ya que su cultura les impide abandonar los territorios donde "han sido enterrados sus ombligos". Para ellos, su territorio es una extensión de su cuerpo. Pero además de esta lucha contra la concepción occidental de desarrollo, también enfrentan la intimidación de los grupos armados ilegales. Esta zona es un corredor de acceso a regiones estratégicas de los departamentos de Antioquia, Chocó y Córdoba, al embalse de Urrá, al Eje Bananero de Urabá y al futuro embalse de Sabanalarga, lo que la hace esencial para el desarrollo de la Costa Caribe. Una zona que lleva años siendo disputada por grupos como las Farc y las autodefensas de Urabá y Córdoba.

Para la Defensoría del Pueblo, todo el problema es un reflejo del desencuentro entre las culturas indígena y occidental. Gabriel Mujuy, delegado para asuntos indígenas de la Defensoría, explica que para un indígena la vida no solo es la parte física como lo es para muchos occidentales. Para ellos, la vida está estrechamente relacionada con el biabaita, el desarrollo en armonía con la naturaleza.

A raíz de esta disputa, en 1997 la Corte Constitucional les concedió una tutela que ampara, entre otros, sus derechos a la supervivencia, a la integridad étnica, cultural y económica. Consideró que esta comunidad había resultado afectada por la construcción de la represa. Entre los beneficios que obtuvieron tras el fallo de la Corte está el reconocimiento de una indemnización mensual de 135.000 pesos por persona durante 20 años a cada uno de los miembros de la comunidad.

La Nación ya ha desembolsado 35.000 millones de pesos. Pero esto no ha beneficiado a la comunidad. Por el contrario, muchos tomaron el dinero y se fueron de sus parcelas; otros, a la llegada de las mesadas se embriagaban y despilfarraban sus pequeñas fortunas en mujeres o compras ostentosas en poblaciones cercanas como Tierralta. "Esta no ha sido la mejor salida al conflicto embera", dice el presidente de Urrá, Alfredo Solano. Coincide con Panesso en que "el hecho de darles dinero ha llevado a un mal uso, que realmente ha alterado sus costumbres".

La movilización a Bogotá en diciembre del año pasado para presionar al gobierno no es la primera que se da. En 2000 se tomaron la sede del Ministerio del Medio Ambiente y lograron un acuerdo con el gobierno y la empresa Urrá, el cual consistió en la ampliación del resguardo, la protección de sus costumbres y mantenerlos alejados del conflicto armado, entre otras concesiones. Cinco años después consideran que éste se ha incumplido.

El gobierno afirma que no ha habido un incumplimiento sino una posición clara respecto a los deberes que debe cumplir el Estado. Que muchas de las medidas no se han tomado por la misma división interna que presenta la comunidad Embara Katíos, lo que ha dificultado llegar a un acuerdo. Sin embargo, dicen que en adelante se implementarán mayores controles y veedurías a los recursos y proyectos con los que se beneficiará esta comunidad indígena.

A diferencia del pasado, en esta protesta los Embera tienen el respaldo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que exigió al gobierno una pronta negociación.

Aun cuando se ha avanzado en la agenda en puntos como el respeto de sus tradiciones y el apoyo a las comunidades, lo que dificultaría el cierre del acuerdo es la garantía de neutralidad que ellos exigen. Los indígenas piden que el Ejército informe de sus operativos en la zona para coordinarlos con ellos, lo que algunos interpretan como una autorización.

Para el viceministro del Interior, Luis Hernando Angarita, este es el punto más difícil y en el que el gobierno reitera que no hay territorios vedados para la Fuerza Pública. Según el funcionario, la presencia de las fuerzas militares se mantendrá en la periferia de los territorios indígenas y se buscará alguna fórmula para mantener una comunicación con las autoridades indígenas para que no sientan vulnerada su autonomía.

Mientras tanto, a cientos de kilómetros de Bogotá, miles de indígenas en el Nudo de Paramillo esperan que el próximo martes se termine esta disputa. Para ese día está prevista la última reunión en la que se discutirá este punto. De sus resultados se sabrá si se supera este amargo trago que los ha alejado de sus tierras y sus costumbres, a las que aspiran volver con los suyos, o si es un episodio más en su ancestral lucha por la supervivencia.

*Periodistas de SEMANA

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