Infancia infeliz

“Por televisión uno veía que los niños de la edad de uno estaban como en otro planeta, donde hay juguetes, carros, ropa bonita. Allá en el monte no era así. No es que fuéramos pobres, es que lo más importante era acabar a los enemigos, porque allá la guerra era de verdad”.

Este es el testimonio de la vida en las Farc de un niño de 12 años recogido por Unicef en 2004. Este pequeño, durante dos años, empuñó las armas para pelear contra el Ejército y su historia hace parte de los estudios que retomó el Comité de los Derechos del Niño de la ONU, la organización encargada de hacerle seguimiento a los protocolos que los Estados parte del tratado firman, para hacer una lista de preocupaciones y recomendaciones a Colombia en materia de violencia contra los menores de edad.

Aunque en la lista también hay temas relacionados con la salud, la educación y lo que tiene que ver con la aprobación del Código del Menor que actualmente hace su curso en el Congreso de la República, la ONU prestó especial atención a los derechos de los niños vulnerados por cuenta del conflicto armado colombiano.

“Son varios los frentes que nos inquietan desde hace varios años: el primero es el altísimo reclutamiento de niños por parte de los grupos armados ilegales, que a su vez son utilizados como esclavos sexuales de las personas que integran estos grupos. En segundo lugar, sabemos que los niños son utilizados en ocasiones por parte de las fuerzas legales para hacerles interrogatorios y obtener información de inteligencia que les sirve para ubicar al enemigo. Y por último, el nivel insuficiente de reintegración social, rehabilitación y reparación del que disponen los niños desmovilizados”, sostuvo Norberto Liwski, miembro del Comité que realizó las recomendaciones.

Sobre el primer punto que menciona Liwski nadie tiene claridad sobre el mismo. El Comité retomó cifras de la Defensoría del Pueblo y la UNICEF que calculan que en Colombia hay entre 11 y 14 mil niños militando en las filas de las Farc, el ELN y lo que queda de las AUC. Sin embargo, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar no sabe con certeza, ni es capaz de aproximar el número de niños que hay en la guerrilla y en los grupos paramilitares.

“La única información confiable de la que dispone el gobierno nacional con relación al fenómeno de la vinculación de menores de edad a los grupos armados irregulares, es la correspondiente al número de niños desvinculados de estos grupos que han sido atendidos por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, a través del Programa Especializado para la Atención a Niños y Jóvenes Víctimas de la Violencia: entre noviembre de 1999 y mayo 22 de 2006, han sido atendidos 2.886 personas menores de 18 años en el marco de este programa”, dice un informe del ICBF conocido por SEMANA.COM.

El segundo punto que menciona Norberto Liwski también hace referencia al incumplimiento de las Fuerzas Militares para entregar a las autoridades civiles como el Bienestar Familiar, en un plazo máximo de 36 horas, a los niños que se desmovilicen o sean capturados. “Aunque esto no es una política sistemática, sí hay varias denuncias de familiares que aseguran que a sus hijos los mantienen por días y hasta semanas en algunas guarniciones militares cuando los menores se entregan o son capturados”, añade el funcionario de la ONU quien también habló sobre los continuos casos de niños víctimas de asesinatos extrajudiciales en zonas como Ciudad Bolívar y Soacha.

El daño que han hecho las minas antipersona también hacen parte de las grandes amenazas que dicho Comité de la ONU ve contra los niños campesinos del país: desde 1990 hasta el primero de junio de este año, 117 niñas y 418 niños han sido víctimas de las llamadas “minas quiebrapatas”. Liwski ve con optimismo que el Gobierno haya destruido el arsenal que tenía para neutralizar a los grupos ilegales, pero también ve con preocupación que Colombia sea uno de los países más minados en el mundo.

Por último, no podía faltar que la ONU hablara sobre las pocas garantías que la ley de Justicia y Paz otorga a los niños víctimas de los grupos ilegales, tanto por ser reclutados en sus organismos, como por sufrir las consecuencias de la guerra. “El hecho de que el actual marco jurídico en que se desenvuelven las actuales negociaciones con los grupos paramilitares no se tenga en cuenta los principios básicos de la verdad, la justicia y la reparación para las víctimas” es una desventaja, dice uno de los apartes del informe. Además, es preocupante “la falta general de transparencia suficiente al examinar los aspectos relativos a la infancia en las negociaciones con los grupos armados ilegales, que prolonga la impunidad de los responsables de reclutar a niños como soldados”.

Tareas pendientes

Varias son las recomendaciones del Comité sobre los Derechos del Niño en el tema del conflicto y la niñez. Para la ONU, es necesario que el proceso se acompañe del mínimo de protección requerido para que los niños estén seguros. “Esto es apoyo sicológico, asistencia social y seguimiento para los menores después de que salgan del programa”, sostiene Liwski.

En ese sentido, el Bienestar Familiar admite que tiene una falencia, y reconoce la necesidad de fortalecer el monitoreo, seguimiento y acompañamiento a los jóvenes y niños que salen del programa de protección a los desmovilizados, y que tienen un alto riesgo de retornar al monte o de cometer delitos.

“En la actualidad, se cuenta con información aislada, fragmentaria y no sistematizada sobre el quehacer de los niños y adolescentes egresados del Programa. Dicha información es producto de acciones aisladas de monitoreo y seguimiento con pequeñas muestras de población atendida, más no una línea de intervención establecida para tal fin. Tal información revela que, en algunos casos, los egresados permanecen con sus familias tras el reencuentro propiciado por el Icbf; en otros casos, continúan bajo la protección de algún programa o agencia estatal y, en otros más, retornan a una vida en armas o de inserción negativa a la sociedad, a través de la participación en redes delincuenciales”, dice el informe del Bienestar Familiar.

Ana María Peñuela, vinculada al programa de prevención del ICBF sobre el tema, asegura que este seguimiento no es una tarea fácil, ya que los muchachos no están localizados en una sola unidad territorial. “Muchas veces, la residencia de las familias está en zonas rurales muy apartadas, o en algunos casos, la permanencia de las familias en su lugar de origen depende de la presión que ejerzan los grupos irregulares. Por eso se producen desplazamientos y cambios permanentes de residencia, lo que dificulta el monitoreo y acompañamiento del joven egresado”.

Dentro de las recomendaciones más importantes, la ONU pidió al Estado colombiano vigilar con más rigor el cumplimiento del protocolo facultativo que firmó el país con el compromiso de hacer todo lo que esté a su alcance para evitar que los niños estén en medio de la guerra, sobre todo para impedir su reclutamiento.

Además, se debe seguir proporcionando a los miembros de las Fuerzas Armadas “instrucción y capacitación claras para que no sometan a interrogatorio a los niños soldados capturados y desmovilizados y los entreguen a las autoridades civiles en el plazo establecido de 36 horas”, como tampoco para que sean utilizados para obtener información de inteligencia.

Se debe también aumentar los recursos destinados a la reintegración social, rehabilitación y reparación de los niños desmovilizados y a los niños víctimas de minas terrestres.

Los organismos internacionales y estatales creen que el cumplimiento de las normas, de los protocolos e invirtiendo como se debe, posiblemente el presente y futuro de los niños colombianos será mucho mejor. Pero mientras tanto, Colombia tendrá el Inri de tener, ante el mundo, una infancia bastante infeliz.