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| 9/5/2007 12:00:00 AM

Inquietud por la propuesta de legislar sobre la vida privada al ‘cobrarles una multa a los infieles’

Se trata de una idea que asalta la intimidad de la gente. La idea de crear una norma que sancione a los casados que caigan en adulterio iría en contra de la Constitución porque se mete dentro de lo privado y eso lo deben resolver las parejas y no el Estado. El delito había sido eliminado desde hace más de un siglo.

Con la propuesta de castigar a los casados que sean infieles, el senador Édgar Espíndola toca un tema que recuerda las represivas normas colombianas de hace más de 100 años. 
 
El Código Penal de 1890 en su artículo 712 castigaba la infidelidad. “La mujer casada que cometa adulterio sufrirá una reclusión por el tiempo que quiera el marido, con tal que no pase de cuatro años. Si el marido muriese sin haber solicitado la libertad de la mujer y faltare más de un año para cumplir el término de reclusión, permanecerá en ella un año, después de la reclusión hasta que cumpla su condena”.

Aquella norma, además de machista, se entremetía en un problema íntimo. A lo largo de los años, la visión de mujeres y hombres ha cambiando totalmente. En el caso de aquella visión tan retrógrada, esa igualdad se reflejó quitándoles el castigo a las mujeres en vez de dárselo a los hombres. Por fortuna.

Finalmente, el delito de adulterio se eliminó en 1936. Hoy, “en Colombia hay libertad de conciencia, libre desarrollo de la personalidad y de obrar sin que determinados actos constituyan un hecho punible”, opina el constitucionalista Jorge Enrique Ibáñez.

Así, la responsabilidad de ser infiel quedó a merced de cada quien y la pareja debe decidir qué decisión toma cuando alguno de los dos se siente atraído por otra persona hasta tener una relación.

Pero al senador Espíndola se le ocurrió una propuesta que retrocede esa libertad a más de un siglo. Según dice, quiere que cuando un miembro de un matrimonio se sienta engañado, pueda ir a una comisaría de familia con pruebas y evidencias de que su compañero ha sido infiel.

Allí analizarían el caso y, de resultar cierta la acusación, habría una sanción de 20 salarios mínimos y sometimiento a trabajos sociales los fines de semana. El castigo sería recibido si antes de dictar sentencia la pareja engañada decide no perdonar a quien falló en la relación.

La controvertida propuesta la hace porque, según dice, “hay muchos hogares disfuncionales porque no se cumple la fidelidad. Eso ha conllevado a problemas de alcoholismo y depresión y los niños han sufrido problemas por los divorcios, son acomplejados y con conflictos. Por eso queremos que se entienda el hogar como el núcleo de la sociedad”. Y para preservarlo, sugiere castigar de manera pecuniaria a quien no cumpla el contrato matrimonial.

Según expertos consultados por Semana.com, aquella idea se cae por su propio peso, puesto que desde el punto de vista constitucional, al Congreso le corresponde legislar sobre temas de interés general. Con este proyecto, está entremetiéndose en la intimidad de las parejas.

¿Pero acaso los menores afectados por la infidelidad de sus padres no son un asunto de interés general? A ese respecto, el constitucionalista José Gregorio Hernández opina que “el tema de niños se tiene que resolver en cada caso con el derecho de familia. Hay normas que protegen a los menores. La reciente propuesta es legislar sobre lo que hay, porque hoy tenemos normas para intervenir en esos casos sin llegar hasta el punto de controlar la intimidad”.

Para los juristas, el debate debe hacerse sobre si las normas que ya existen sirven o no. “Pero la solución, definitivamente, no está en la coacción. El Estado debe acudir a otros métodos como la educación, y dejar de usar el Código Penal para pretender solucionar los problemas”, comenta el constitucionalista Carlos Gaviria.

Además de que entre los juristas no caló la propuesta, el Congreso tampoco la vio con muy buenos ojos. Independiente de si son infieles o no, en los sondeos la mayoría de consultados coincide en que la idea de convertir en delito una conducta que había sido eliminada de esa categoría, es retroceder en las libertades que hoy están consagradas y que iría en contra de la Constitución.

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