Jefes 'paras': "Vamos a decir toda la verdad"

La crisis política tras el descubrimiento de los nexos entre congresistas de Sucre y paramilitares de la región apenas comienza. A la orden de detención contra los senadores Álvaro García y Jairo Merlano y el representante Erik Morris (quien ya se entregó a la justicia) se sumaron este miércoles una orden de captura de la Fiscalía contra la ex congresista Muriel Benito Rebollo y una advertencia a los colombianos por parte de los jefes paramilitares concentrados en La Ceja, Antioquia: El país debe prepararse para saber toda la verdad sobre los nexos entre sus gobernantes y la mafia.

La frase fue pronunciada, con distintas palabras, por Salvatore Mancuso, Jorge 40 y Diego Vecino, tres de los más temidos jefes paramilitares de la Costa, algunas de cuyas estructuras militares al parecer no fueron completamente desmovilizadas.

“Cuando respondamos ante la justicia, vamos a decir toda la verdad, pero Colombia debe estar preparada", dijo Diego Vecino tras ser interrogado sobre el alcance de las investigaciones que cursan contra los principales jefes políticos de Sucre, entre los que se encuentran, además de los congresistas y ex congresistas, dos ex gobernadores, cuatro miembros de la asamblea, un prestamista, y varios ganaderos influyentes.

"Vamos a decir quiénes participaron, quiénes generaron y quiénes se involucraron porque tuvieron orfandad de Estado… Hay que dar esos debates de cara al país, y debemos hablar de todo. No sigamos poniéndole más cortinas de humo a lo que ha sido la historia del país. Hay que hablar de la verdad, pero que sea una verdad que sirva para que no repitamos los errores", agregó alias Jorge 40, quien pese a estar concentrado en La Ceja con los demás jefes paramilitares parece seguir controlando las rutas de la droga en el Golfo de Morrosquillo. (Ver artículo relacionado: Así fue la toma paramilitar de San Onofre).

Y Salvatore Mancuso, ex jefe máximo de las autodefensas dijo que "cuando decidimos defendernos ante la ausencia del Estado, encontramos un espacio abierto, encontramos apoyo social, político y militar y en eso avanzamos, por eso crecimos las autodefensas".

Todas las declaraciones de los jefes paramilitares apuntan al mismo lado: se convirtieron en lo que son por culpa de un Estado y por ello a Colombia le cabe la responsabilidad –como dice Jorge 40- “por acción, por omisión o por indiferencia en esta guerra". Son, en últimas, un intento por justificar de manera colectiva algunas de sus más vergonzosas decisiones individuales como las de ordenar masacres a diestra y siniestra.

Los nexos
 
Pero aparte de este intento por justificarse, los jefes de las autodefensas lanzaron una advertencia que debe tener con los pelos de punta a más de un político. Cuando la justicia alternativa los llame a declarar para definir sus penas, ellos hablarán sobre sus vínculos con la política.

Es claro que difícilmente se conocerán los nombres de todos los funcionarios que trabajaron desde la esfera pública para que los paramilitares intentaran consolidar su proyecto político y militar. Pero también existe la posibilidad de que –deliberadamente o no- algunos políticos resulten salpicados y tengan que explicar públicamente (como los congresistas García, Merlano y Morris o el ex director del DAS, Jorge Noguera), hasta dónde llegaron sus contactos con el grupo armado ilegal. Desde las calles de la Costa Atlántica hasta los pasillos del Congreso es un secreto a voces que hubo vínculos entre política y paras en muchos municipios del país. El reto para la justicia es demostrarlo.

Durante el pasado cuatrienio se habló mucho sobre esos nexos, al punto que Mancuso declaró que las autodefensas controlaban el 35% del legislativo. Incluso en época de elecciones los paramilitares no tenían recato en advertir a la población de sus zonas de influencia cuáles eran sus candidatos y hasta amenazaban con retaliaciones para quien no votara por ellos. Durante las dos últimas elecciones de Congreso hicieron su propia zonificación en la Costa Atlántica para repartir los votos entre sus “ungidos” y asegurarse de que mantendrían una amplia representación política.
 
Si los jefes de autodefensas hablan, lo que es un secreto a voces se convertiría por primera vez en una verdad judicial con consecuencias políticas y penales para los responsables. Si bien es cierto que se habla sobre muchos congresistas vinculados con las autodefensas, durante el cuatrienio pasado sólo dos de ellos (Rocío Arias y Eleonora Pineda) se dieron la pela de reconocer públicamente su cercanía con los capos del paramilitarismo. Y en más de una ocasión les pidieron a sus colegas de entonces que admitieran sus simpatías por las autodefensas en vez de “entrar a Santa Fe de Ralito (escenario de las negociaciones con el gobierno) por la puerta de atrás”. Ninguno se atrevió a hacerlo.

Pero también es probable que la declaración de los tres desmovilizados no pase de ser una amenaza a los funcionarios que tienen rabo de paja para presionar por la mayor cantidad posible de beneficios jurídicos en el proceso que se les avecina. En este escenario el desafío mayor también es para la justicia colombiana, que parece haber comenzado a andar con paso firme en las últimas semanas a fin de evitar que los ex paramilitares se queden con la verdad que hace muchos años le deben al país.