Sábado, 21 de enero de 2017

| 2006/02/12 00:00

Justicia barrial, en manos de desmovilizados

Antes que buscar a las autoridades legales, un buen número de habitantes de Medellín y el área metropolitana aún acuden a los desmovilizados de las autodefensas para que les solucionen sus conflictos cotidianos

Justicia barrial, en manos de desmovilizados

Robos, deudas difíciles de recuperar, quejas por escándalos, riñas matrimoniales, seguridad barrial y hasta denuncias por violaciones son parte del inventario de los conflictos que lleva la gente ante los líderes de los desmovilizados para que los solucionen, lo que deja en evidencia que, pese a los procesos de desarme y reinserción de los bloques Cacique Nutibara y Héroes de Granada, con amplia influencia en Medellín y el Oriente cercano, en los barrios persiste el poder y el control de quienes durante varios años lograron a sangre y fuego los controles territorial y social de amplias zonas urbanas.

Marina y Carlos (*) son dos caras de una misma moneda: el conflicto armado urbano. Ella fue amenazada y obligada a abandonar su casa en un barrio de la comuna oriental de la ciudad y a desplazarse con sus cuatro hijos a un municipio cercano a Medellín porque fue testigo de un crimen cometido por jóvenes armados frente a su casa. Él es un desmovilizado del bloque Héroes de Granada, que entregó sus armas el 1º de agosto de este año en el corregimiento Cristales, de San Roque, municipio del Nordeste antioqueño.

Ambos comparten una misma preocupación: la gente en muchos barrios de las comunas de Medellín, sobre todo en aquellos donde las autoridades civil y policial aún no llegan, todavía recurre a los "ex paras" para buscar soluciones a sus quejas.

"¿Por qué a ellos?"
"A mí me parece que lo de ahora es una supuesta paz", dice Marina, quien después de vivir atemorizada en un lugar y otro, decidió volver al barrio donde alguna vez tuvo su casa. Allí encontró que sus vecinos resuelven los problemas con los muchachos desmovilizados líderes del sector. "En vez de poner una denuncia en la inspección, por ejemplo, van donde ellos en busca de ayuda", afirma.

Fue así como una amiga de Marina, intentando recuperar 300.000 pesos que un tipo conocido como 'El Diablo' no quería pagarle, se quejó ante el líder de los desmovilizados del sector. "Eso fue hace cuatro meses. Al 'Diablo' lo mataron. Mi amiga, muy angustiada, me dijo que su idea no era esa", cuenta Marina.

Pero hay más casos. Hace cerca de cinco meses, en un barrio cercano a donde hoy vive Marina, un muchacho, conocido como Victorino, se robó una bicicleta. La reacción del ofendido fue la misma: quejarse ante los ex paramilitares. La solución también fue la misma: Victorino fue asesinado detrás de la iglesia del sector.

Hace poco, cerca de allí, unos desmovilizados, bajo efectos de la marihuana, cogieron a un pequeño de ocho años, enfermo mental, y lo mojaron en la calle. El papá del menor salió a recriminar a los muchachos y también fue mojado. De inmediato, el señor, ofendido, puso la queja ante el jefe de los reinsertados. La orden fue drástica: los jóvenes agresores tenían que perderse del barrio o, de lo contrario, los mataban. "El asunto es que la orden también afectó a una señora que vende vicio cerca del lugar porque, al decir del jefe ex paramilitar, afecta a los muchachos; pero esa mujer tiene que sostener a su mamá y sus hijos. Entonces, ¿por qué no le dan un empleo digno?", se pregunta Marina.

"Ellos siguen siendo autoridad en los barrios y la gente todavía tiene metida en la cabeza que ellos les ayudan. ¿Cuál es entonces la reinserción? El problema es que la gente permanece callada, no dice nada", expresa Marina quien, a manera de explicación, dice que el miedo y la falta de confianza en las autoridades legales lleva a la gente a actuar así.

Cansado de explicar
Pero a la falta de confianza en las autoridades legales también se une el desconocimiento de la gente sobre el proceso de desarme y desmovilización de las autodefensas, sobre todo en aquellos barrios de escasos recursos en donde la única autoridad a lo largo de los años han sido los grupos armados ilegales.

Carlos así lo constata: "El Estado tiene el control de la ciudad, pero no alcanza a cubrir el territorio. Entonces esos pedazos que se le escapan, ahí es donde los llenamos nosotros y a veces en los mismos barrios la gente del común pide ese apoyo".

Catorce meses en las filas del bloque Héroes de Granada, a donde llegó por una decepción amorosa, y luego de vivir toda la vida en el mismo barrio que ahora vigila, son aspectos que Carlos resalta para explicar porque la gente "nos prefiere a nosotros que a la autoridad. Les tienen mucha desconfianza a las autoridades del Estado. Confían más en uno que en ellas. Nos buscan hasta para resolver problemas de pareja".

Y es precisamente esa desconfianza en el Estado y sus instituciones la que ha llevado a la gente a buscar soluciones alternas a sus problemas y a no entender el proceso que hoy vive la ciudad. "Muchos vecinos nuestros no saben que somos desmovilizados. He charlado con gente que me busca para solucionar problemas y yo insisto que no puedo, porque estoy desmovilizado. "¿Y qué es eso?", le dicen a uno. O le preguntan: "¿Es que le da miedo?".

Si bien Carlos explica que él y los poco más de 50 muchachos del barrio que hacen parte del programa de reinserción están olvidándose de la guerra, reconoce también que aún prestan vigilancia en el sector, "pero sin armas". "Es un apoyo a los tenderos, que les da desconfianza ver gente desconocida. Entonces nosotros hablamos con los desconocidos, les preguntamos de dónde son, qué están haciendo. Ahora prima el diálogo, no como antes, que se pasaba por las armas", dice Carlos.

El control en el barrio de Carlos, ubicado en la ladera nororiental de la ciudad, se vive de manera tan normal como el que existe a la entrada de cualquier dependencia pública. "Si hay algún desconocido, nos acercamos y le preguntamos a qué fue al barrio. Eso es como quien va a entrar a Alcaldía o la Universidad de Antioquia; a uno le preguntan para dónde va y le piden documentos. Sé que estoy en un proceso, pero no puedo aislarme del sentido de pertenencia del barrio donde uno creció y tampoco puedo dejar que lleguen otros grupos armados a llenar ese espacio".

Las preguntas que surgen entonces son: ¿Qué tanto sentido de pertenencia tiene el Estado por su ciudad? ¿Cómo llenará los espacios que aún permanecen en manos de fuerzas ajenas a las autoridades legales? ¿De qué manera sustituirá esa justicia barrial, hoy en manos de hombres y mujeres desmovilizados de las autodefensas?

"Ellos siguen siendo autoridad en los barrios y la gente todavía tiene metida en la cabeza que ellos les ayudan. ¿Cuál es entonces la reinserción? El problema es que la gente permanece callada, no dice nada", expresa Marina, quien a manera de explicación dice que el miedo y la falta de confianza en las autoridades legales lleva a la gente a actuar así.

 "Estamos trabajando"
La cultura de la ilegalidad, reflejada hoy en una justicia barrial en manos de ilegales, hizo carrera en Medellín con el auge del narcotráfico hace más de 20 años y no sólo los capos y los sicarios hicieron parte de ella. El ciudadano, por miedo o por complacencia, también se impregnó de ella y hoy, la capital antioqueña, siente sus presiones. La Alcaldía lo reconoce y mira el asunto como un problema de profundas raíces culturales.

"Paramilitarizar la ciudad fue un proceso que llevó más de 20 años y la misma ciudad sólo se dio cuenta cuando estaba muy avanzado; ahora desparamilitarizarla es también un proceso que llevará tiempo", dice Lucía Mercedes Ossa Álvarez, asesora social de la Secretaría de Gobierno de Medellín y la mano derecha de Alonso Salazar Jaramillo, el titular de esa dependencia.

Ella ha sostenido conversaciones con líderes desmovilizados de algunos barrios quienes confiesan que la gente persiste en solicitarles sus servicios para resolver conflictos. "Algunos reinsertados me han dicho que no han podido convencer a la gente que ya no son lo que eran", dice.

Según la funcionaria, en marzo la Alcaldía creó 21 comités locales de Gobierno con el fin de acercar las autoridades civiles y de policía a la comunidad para tratar los temas relacionados con seguridad, convivencia y orden público. Ha realizado talleres donde existe mayor presencia de reinsertados con el propósito esencial de mostrarle a la gente que es necesario recurrir a las autoridades legales. "El discurso que llevamos es: éstas son las autoridades legítimas, son las que deben respaldar y a las que deben dirigirse cuando tengan algún inconveniente. Y dejamos en claro que no es legitimo ni apoyamos el cobro de vacunas y las amenazas de grupos ilegales". Sin embargo reconoce que hay gallas. "Algunos funcionarios no tienen mucha vocación de servicio y experiencia, pero estamos trabajando para ser más eficientes", dice Ossa.

Paralelamente, la Secretaría de Gobierno ha invertido 12.000 millones de pesos en la construcción de centros de atención inmediata, de los cuales hay cinco listos y doce en proceso, compra de vehículos y equipos de comunicación, así como en la capacitación de por lo menos 4.000 agentes en temas como derechos humanos.

"No es un secreto para nadie que en la historia de esta ciudad, la policía ha tenido una historia de corrupción, complicidad e incapacidad de contrarrestar algunos fenómenos delictivos en los barrios que creó desconfianza. Por ello la Alcaldía le está apostando a la formación de los agentes", dice la funcionaria.

Pero la tarea no es fácil. Los desmovilizados vienen de una tradición difícil de eliminar. "Pese a lo complejo, a ellos les tenemos que cambiar la relación con la muerte porque vienen de unos años donde todo lo resolvían matando. Pero yo confío que con todos los frentes de trabajo de la Alcaldía podamos recuperar la legitimidad de las autoridades legales". Ojalá que así sea.


(*) Los nombres de las fuentes son cambiados y se omite de manera intencional los nombres de los barrios por razones de seguridad

Agencia de Noticias IPC
Medellín, Colombia
(57 4) 284 90 35

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