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| 4/8/2008 12:00:00 AM

Justicia y Paz aprieta el paso

Fiscalía designa dos nuevos fiscales para recibir versiones de Magdalena y Cesar. Trescientos cuarenta postulados del Bloque Norte no quieren declarar, diez han muerto y noventa están desaparecidos.

José Gregorio Mangonez Lugo, quien fue conocido con el alias de Carlos Tijeras y ejerció como comandante del Bloque Norte en los municipios de Ciénaga, Fundación, Aracataca y Zona Bananera, ha confesado en sus versiones libres 575 hechos, entre asesinatos y desplazamientos. La semana pasada, en una reunión con investigadores criminalísticos de la fiscalía entregó información de 400 hechos más y les dijo que estaba revisando otras tres libretas en las que registraba los hechos que cometían los hombres bajo su mando. Tijeras llegó a Ciénaga, Magdalena, a finales de 1998 y fue capturado en agosto de 2005. Se acogió a justicia y paz y fue postulado. Si su versión coincide con los hechos recibirá una pena de entre cinco y ocho años.

Con él se desmovilizaron alrededor de 300 hombres. A la fiscal Deicy Jaramillo, encargada de recibirle versión le llama la atención que el grupo de Tijeras asesinó, mayoritariamente, hombres y en su trabajo de campo buscando a las víctimas, el rosario de viudas y madres en los pueblos y campos del Magdalena es incalculable, presumen que dos mil personas habrían muerto durante los siete años de presencia militar en esos municipios.

Pero este proceso -inédito en la historia de la violencia y búsqueda de la paz- ha tenido dificultades inesperadas o imprevistas al expedirse la ley de justicia paz. Ha sido un aprendizaje y han tenido que ir haciendo ajustes sobre la marcha. En este momento la fiscalía enfrenta dificultades porque de los 540 postulados del Bloque Norte, 340 han manifestado que no quieren comparecer. Ante ese hecho, la Fiscalía solicitó a la Sala de Justicia y Paz el pasado mes de febrero que los excluyera, pero no se ha tomado una decisión al respecto. Adicionalmente, 90 postulados se encuentran desaparecidos, nadie sabe de su paradero: dieron direcciones y teléfonos falsos, y no figuran como muertos o desaparecidos. Diez postulados de este bloque han muerto desde marzo de 2006, entre otros alias Jefferson y Omega.

La fiscal Deicy Jaramillo, ha recibido versiones de los comandantes Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40; Edgar Ignacio Fierro Flórez, alias Don Antonio; alias el tigre, Tijeras y el patrullero Omar Enrique Martínez Osías, quien ha confesado 48 hechos, entre asesinatos y desplazamientos. Además, otro fiscal, el doctor Lizcano, ha recibido versiones a subalternos de los excomandantes. Entre estos últimos y sus jefes han confesado a la fecha 1.887 hechos de violencia y 18 de los postulados han manifestado su deseo de colaborar en la búsqueda de las fosas. La fiscalía acaba de designar dos nuevos fiscales que se encargarán de apoyar a la fiscal Jaramillo en los casos del Magdalena y Cesar.

El Bloque Norte incluye varios frentes de los departamentos del Atlántico, Magdalena, Cesar y Guajira excluyendo al resistencia Tayrona y al Héroe Montes de María en Bolívar y Sucre.

En las próximas semanas se intensificará el trabajo con audiencias que se extenderán por quince días con Jorge 40, don Antonio y Mangonez para agilizar el reconocimiento de los hechos y responder preguntas de las víctimas.

Desintegrado el Tribunal

Con base en un acuerdo de marzo 12 de 2008, la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Barranquilla, fue desintegrado al trasladar a los magistrados Jesús Olimpo Castaño Quintero y Alvaro Cerón Coral al Tribunal Superior de Medellín, quienes se encargarán de las funciones de control de garantías de los procesos que se adelantan contra los paramilitares postulados a recibir el beneficio de la pena alternativa al acogerse al proceso de paz.

Los tribunales superiores de Medellín y Barranquilla quedan con funciones de control de garantías y el Tribunal Superior de Bogotá quedará como único de conocimiento para dictar sentencia una vez haya terminado la etapa de versión, investigación e imputación que corre por cuenta de la fiscalía.

Hasta el viernes pasado la sala de Justicia y Paz, cuyas labores comenzaron el 24 de junio de 2006, cumplió funciones de sala de descongestión de procesos que se adelantan en segunda instancia en los tribunales de distrito de Cartagena y Barranquilla y a medida que han avanzado los procesos de justicia y paz, ha realizado audiencias para conocer sobre la legalidad de medidas de aseguramiento, sobre entrega de bienes de los procesados, así como peticiones de exclusión de procesados que no cumplen los requisitos y la última realizada el pasado 27 de marzo en la una víctima pedía que no se extraditara a Carlos Mario Jiménez, alias Macaco, porque con esa medida se violaba el derecho de las víctimas a conocer la verdad y a reclamar una reparación. El pasado jueves debía realzarse otra audiencia en la que se estudiaría la solicitud de deshipotecar una finca de su propiedad para entregarla con fines de reparación, pero su abogado no asistió.

En Barranquilla quedarán los magistrados Zoraida Cálela Romano y Eduardo Porras Galindo con funciones también de control de garantías para los procesados del Bloque Norte, Resistencia Tayrona y Héroes de los Montes de María, entre otros. Esta medida en opinión de algunos juristas, al parecer es provisional, pues una vez se haya surtido la etapa de imputación y comiencen a acumularse los procesos, o se reintegra la sala de Justicia y Paz o se pueden conformar dos salas, una en Barranquilla y otra en Medellín para agilizar los procesos. Los hechos han superado las expectativas y la ley fue también insuficiente ante la complejidad de los casos y la novedad del procedimiento.

El viernes, en la última audiencia de la sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Barranquilla, los magistrados estudiaron la petición del abogado de Salvatore Mancuso para que acumule 13 procesos los cuales provienen de varias jurisdicciones. Los casos que pidió su abogado se acumulen tienen que ver con las masacres de Tibú, la Gabarra, Los Cuervos, San Antonio de los Palmitos y El Salao. Por tres de estos hechos tiene medida de aseguramiento y en los restantes resolución de acusación. La fiscalía se opuso a la acumulación, pues procesalmente no es el momento.
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