Sábado, 10 de diciembre de 2016

| 2004/01/04 00:00

Justicia social y fortalecimiento fiscal en Bogotá

Desde el pasado primero de enero Bogotá inició una nueva etapa con la posesión de Lucho Garzón como alcalde. El nuevo mandatario representa justo lo contrario de Antanas Mockus, a quien se le critica por sus políticas frente a los vendedores ambulantes y la generación de empleo. Sin embargo el ahora ex mandatario sostiene que no hubo tal injusticia social y hace un balance de su gestión.

Justicia social y fortalecimiento fiscal en Bogotá

Desde la campaña por la Alcaldía en el año 2000 estaba claro que tanto el énfasis en justicia social como la idea de sostener y ampliar los progresos en infraestructura urbana en la ciudad requerirían mayores ingresos fiscales. La premisa constante durante la presente Administración fue que para sostener mínimamente lo que Bogotá había alcanzado, incluso sin ampliar coberturas en salud, educación o servicios públicos, era necesario un mayor esfuerzo fiscal. Por esta razón dediqué buena parte de mi tiempo al tema tributario y al de tarifas de algunos servicios públicos, a veces a riesgo de sostener una cantaleta permanente pero al final con buenos resultados. Si bien no se hizo tal como lo planeamos inicialmente, al final se consiguió aumentar los ingresos propios de la ciudad de manera permanente y por un valor cercano al que nos propusimos desde el comienzo.

Con el fin de generar mayores recursos para inversión en la ciudad, el valor de algunos tributos fue aumentado (incrementos en la tasa de Industria y Comercio y en la sobretasa a la gasolina, eliminación de exenciones en el Predial), pero esta no fue la única estrategia. También se llevaron a cabo campañas antievasión exitosas y se implementó un estricto plan de austeridad en los gastos administrativos. El porcentaje del total de gastos que se destina hoy en día a funcionamiento de la Administración está alrededor del 20%, cuando a finales de la pasada década rondaba el 26% y en 1990 estaba por encima del 50%. Gracias a esta austeridad se han producido ahorros anuales superiores a los 200 mil millones de pesos. En el caso de las campañas contra la evasión, se logró una meta excepcional para este tipo de iniciativas; sumando lo obtenido en 2001, 2002 y 2003, se consiguieron 473.500 millones de pesos. Al final, entre 2001 y 2003 los ingresos corrientes crecieron, en términos reales, 29,3%. Con esta base financiera sólida, la ciudad puede hacerse cargo de los proyectos que ha venido adelantando en los últimos años y puede también hacer inversión social de manera responsable y sostenible.



En buena medida, esta insistencia sobre la necesidad de aumentar los dineros para inversión en la ciudad ha llevado a Bogotá a experimentar progresivamente uno de los propósitos fundamentales de la tributación: la redistribución de la riqueza. Como los resultados de la iniciativa de pago voluntario 110% con Bogotá sugieren, muchos ciudadanos han comprendido la importancia de corregir las desigualdades de nuestra sociedad a través del pago de impuestos. Es crucial entender que el deseo colectivo de mayor inversión social está limitado por una condición ineludible, algo que podría llamarse la ecuación de consistencia: no es posible invertir más de lo que se recauda. Por ello, la intención de invertir para conseguir una mayor justicia social es inseparable de la decisión de pagar por ella. Al tomar esta decisión estamos en el camino de garantizar de manera sostenible unos mínimos básicos en salud, educación y servicios públicos para cada miembro de la sociedad, tanto para quienes en este momento estarían en total desamparo sin tales garantías como para quienes, por cualquier motivo, pudieran llegar a estarlo. De esta manera, la tributación hace posible proveer bienes públicos fundamentales, y en parte genera un colchón de protección para la sociedad entera que asegura que quienes estén o lleguen a estar en una situación de vulnerabilidad no quedarán por debajo de ciertos mínimos para un nivel de vida aceptable.



Posiblemente los avances en inversión social de mayor impacto para los habitantes de Bogotá sean su sistema público de salud, el aumento en coberturas de servicios públicos (especialmente agua y alcantarillado) y la educación pública. En el período 2001-2003, la inversión en estos sectores representó en promedio el 71,2% del total de la inversión directa de la ciudad. La inversión social pasó de $2.372.560 millones en 2001 a $3.358.404 millones en 2003 (pesos constantes de 2003). Lo anterior quiere decir que de cada 100 pesos que se invierten en Bogotá, algo menos de 30 van para obras generales que sirven a todo el mundo (los grandes parques, la recuperación del espacio público, Transmilenio, etcétera) y algo más de 70 van primordialmente a estratos uno, dos y, en menor medida, tres.



Gracias al tamaño de esta inversión, hay muchos logros que constituyen un orgullo para la ciudad. La población afiliada al régimen de seguridad social ha aumentado de manera asombrosa como resultado del régimen contributivo. A partir de 2001 se han creado 267.000 nuevos cupos en el régimen subsidiado (la meta inicial era de 200.000) lo cual resulta, a finales de 2003, en un total de afiliados de 1.314.079. De esta manera, dado que alcanzamos 3,82 millones de afiliados al régimen contributivo, el total de asegurados en la ciudad en 2003 llegó a 5,1 millones, es decir que aproximadamente tres de cada cuatro habitantes de la ciudad están cubiertos en salud. Por otra parte, la ciudad ha hecho en las últimas administraciones grandes esfuerzos para llevar el servicio de agua y alcantarillado a todos los hogares. En el año 2003 llegamos a 1.235.210 viviendas con alcantarillado y a 1.316.554 con acueducto. En porcentajes, la ciudad pasó de suministrar agua potable a un 78,7% de los hogares en 1993, a 100% en 2003; pasó de dotar con alcantarillado a un 70,8% de los hogares en 1993, a 94,9% en 2003. Por último, en el año 2003 los recursos invertidos en educación representaron el 22,6% del presupuesto general del Distrito. La cobertura en este sector ha aumentado de manera constante en los últimos años; entre 1998 y 2003 el total de atendidos por el sistema de educación pública aumentó un 27%, y alcanzó en ese último año 860.859 alumnos. El sistema distrital de educación pudo incorporar de esta manera a un número importante de jóvenes que, por la difícil situación económica del país a partir de 1997, debieron abandonar los colegios privados; de hecho, en el 2003 más de la mitad de quienes solicitaron un cupo oficial provenían del sistema privado.



Además de los avances en educación, servicios públicos y salud, la ciudad ha aumentado la inversión destinada específicamente a la atención de poblaciones vulnerables. En términos de presupuesto, entre 1996 y 2003 la inversión de los programas adelantados por el Departamento Administrativo de Bienestar Social creció en promedio 53% real anualmente. Respecto a la atención a la niñez, el número de cupos que la ciudad ofrece para educación temprana aumentó entre 1997 y 2003 en un 25,5%, con la creación en ese periodo de un total de 6.515 nuevos cupos. En el año 2003 el número total de cupos alcanzó los 32.015. Por otra parte, dentro del programa Familias Gestantes, 11.310 familias fueron atendidas mediante bonos nutricionales en el año 2003. Además de la ayuda alimentaria, se han adelantado talleres para la formación de buenos hábitos nutricionales y de vida saludable. En el caso de los adultos mayores de 55 años, en el período 1995-2003 ha habido un crecimiento real anual promedio de 36% en la inversión. En cuanto a los habitantes de la calle, entre 2001 y 2002 hubo un aumento de la inversión de 68,4% y entre 2002 y 2003 de 24,9%. El IDIPRON pasó de atender a 3.000 niños y niñas de la calle en 1998 a más de 7.000 en 2003.

Las anteriores cifras muestran claramente que en la ciudad se han introducido potentes instrumentos de solidaridad. No sólo se han ampliado significativamente las coberturas en salud, servicios públicos y educación, y se ha atendido progresivamente a poblaciones vulnerables, sino que además, según la encuesta de Bogotá cómo vamos de agosto de 2003, la importancia de hacerlo ha sido incorporada en el ideal colectivo de ciudad. Es un motivo de orgullo que demandas individualistas comunes hace no muchos años, como el arreglo de la calle frente a la propia casa o del parque cercano, dejaran de ser vistas como prioritarias por la ciudadanía. En síntesis, Bogotá se ha vuelto más altruista. Sin embargo, si bien se ha avanzado mucho en inversión social, queda todavía mucho por hacer. Por ejemplo, la ciudad sólo alcanza a atender a un 41% de las madres gestantes con NBI, hay 70.000 jóvenes de estratos 1 y 2 por fuera del sistema educativo y resta un 25% de la población para que la cobertura en salud sea plena.

Es preciso subrayar que, además de completar la tarea, hay que sostener los avances. En este sentido, dos cosas han de tenerse en cuenta. En primer lugar, el Estado no puede convertirse en un benefactor que termina por limitar a sus beneficiados; la justicia social es un ejercicio de corresponsabilidad, en el cual beneficiado y benefactor trabajan conjuntamente. En segundo lugar, es muy importante que la responsabilidad fiscal permita tener una política social sostenible en el tiempo. La asistencia social temporal no sólo no soluciona los problemas de fondo, sino que además genera un desequilibrio entre las expectativas de los ciudadanos y lo que es posible ofrecer según las condiciones fiscales de la ciudad. Esto oscurecería el hecho de que la política social requiere un flujo estable y permanente de recursos provenientes del recaudo tributario.

* Ex alcalde de Bogotá

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