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| 7/7/2003 12:00:00 AM

Juventud y conflicto, ¿cuál visión del Estado?

En el marco del FORO: JUVENTUD Y CONFLICTO ARMADO, organizado por Revista Semana, El Tiempo, Caracol radio y TV, Confecámaras, PNUD y la Fundación Restrepo Barco que se realizará el 23 de Julio en Bogotá, Juan Pablo Parra, ex director del Programa Colombia joven y profesor de la Universidad Externado, escribe sobre la necesidad de crear una política de estado para la juventud en aras de reducir el número de jóvenes afectados por el conflicto.

El concepto de juventud se puede plantear como un proceso de transición durante el cual los individuos pasan de la niñez a la edad adulta en dos esferas distintas: la privada con la salida del núcleo familiar y la pública con el paso de una etapa de formación a una etapa de desempeño laboral. La sincronía entre las dos esferas determina una transición armónica que en principio las sociedades garantizan sin mayor dificultad. En Colombia la crisis del modelo social y económico lleva al Estado a tomar medidas en favor de los jóvenes quienes, no obstante, encuentran en el conflicto armado y en los grupos al margen de la ley una opción de subsistencia.

Por parte del Estado, la acción en materia de juventud que se percibe naturalmente en una sociedad es la educación. A través de un sistema educativo de buena cobertura, de pertinencia en los temas y en general de altos estándares de calidad se garantiza el paso de la etapa de formación a una laboral. Es necesario que exista una alta coordinación entre la política educativa y las políticas de desarrollo económico que favorecen la creación de nuevos empleos, pues la ocupación está determinada por las capacidades de los ciudadanos que buscan integrar el mercado laboral. En Colombia los jóvenes se enfrentan a grandes dificultades en el momento de conseguir un trabajo. Las causas se encuentran tanto en la educación que reciben como en la incapacidad del mercado de absorber la mano de obra.

La necesidad del diseño de una política de juventud por parte del Estado colombiano encuentra entonces su razón de ser en las condiciones objetivas de vulnerabilidad que enfrentan los jóvenes. Es claro que la educación no es suficiente en sí para mejorar estas condiciones. El problema presenta una alta complejidad y de la misma forma las políticas deben responder integralmente a la situación. Si a la imposibilidad de los jóvenes para encontrar vías de socialización a través de la educación y del trabajo se agregan las deficiencias del sistema político, se percibe la inexistencia de un espacio de acción y participación natural para los jóvenes. ¿Cuál es el lugar que están destinados a ocupar si la sociedad no les permite ni siquiera encontrar el camino? La posibilidad que ofrecen los grupos armados al margen de la ley se ha constituido en una opción.

El aumento del número de jóvenes pertenecientes a los grupos armados en los últimos años es visible. Tanto las imágenes de los medios como los testimonios de los combatientes dan cuenta de los encuentros armados con jóvenes por no decir niños a lo largo y ancho del país. Las zonas rurales son las más afectadas por este flagelo. Estas se ven vaciadas de su capital humano al no presentar alternativas que compitan con la decisión racional de los jóvenes de optar por los supuestos beneficios de pertenecer a un grupo armado. Protección, proyección, recursos económicos y reconocimiento son los incentivos. Lo gastado en tiempo y dinero al permanecer en la escuela representa una educación costosa en términos de oportunidad para el joven rural.

La sociedad colombiana tiene que encontrar y proporcionar todos los medios a su disposición para responder a esta urgente situación. El reto es la consolidación de una sociedad rural que proponga mecanismos de desarrollo local. Las medidas deben hacer parte de una gran política, pero deben encontrar su fuente en la región. Los esquemas de participación y de formulación de políticas de abajo hacia arriba deben permear todos los sectores sociales y todos los niveles administrativos. El concepto debe ser necesariamente la participación, el método, la intersectorialidad.

Una política de juventud que complemente los esfuerzos de los sectores tradicionales de acción tales como el educativo y el de capacitación y formación laboral, debe promulgar por un desarrollo de las capacidades juveniles en su integralidad. El espacio natural es el local y debe contar con la participación de diferentes dinamizadores. No se pueden desconocer ni la experiencia ni el conocimiento de los jóvenes pues su desarrollo en Colombia ha llevado a que cuenten con una identidad colectiva propia que les permite aportar desde su perspectiva. Asimismo las administraciones deben convertirse en las promotoras de este desarrollo pero no deben actuar desarticuladamente pues existen diferentes iniciativas sectoriales que muestran resultados muy positivos que pueden ser compartidos y replicados a escala nacional.

El conflicto colombiano encuentra en la desatención de los sectores vulnerables por parte de los organismos del Estado un caldo de cultivo ideal para la perpetuación de dinámicas perversas de inestabilidad y violencia. La manera por medio de la cual el Estado enfrente el problema debe estar a la altura de la dificultad. Uno de los primeros y más importantes pasos es la determinación de una política activa y decidida en materia de juventud. La propuesta debe promover las capacidades de generación de cambio que existen en la propia naturaleza de los jóvenes y debe convertirlos en protagonistas de los procesos. La relación entre los gobiernos y la juventud debe superar el utilitarismo propio de las etapas electorales y debe llegar a posturas que propongan cambios de fondo en la concepción de una sociedad multigeneracional.

*Ex director del Programa Colombia Joven y profesor universitario
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